Opinion | 03 Oct En los últimos días se conocieron denuncias presentadas en las redes sociales y remitidas a ediles de la Junta Departamental ante la “terrible situación” en la que se encuentran los equinos retirados de la vía pública y trasladados a Corrales de Abasto.
El recurso se presentará a través de la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (COTRyBA), en tanto estiman que la Intendencia incumple con la ley que prohíbe el maltrato y abandono --en dicha situación se encontraban desde hacía ocho días--. La base de la denuncia se sustenta en que la Intendencia tiene que atender a los animales que levanta de la calle, porque pasan a su tutoría y, según la ley, son depositarios. De acuerdo con la resolución vigente, los animales permanecen un tiempo a cargo de la comuna y si el supuesto dueño no aparece, pasarán a remate. Sin embargo, se reconoce que en la vía pública están en malas condiciones y, a pesar de la politización que perfiló el asunto, es claramente demostrable que en ocho días un equino no alcanza tal estado de abandono y desnutrición.
La Ley de Bienestar Animal 18.471, reglamentada en 2014, establece que los tenedores deberán impedir que la actividad o el comportamiento del animal moleste o cause cualquier tipo de daño a personas, bienes o a otros animales, asumiendo total responsabilidad en caso de que algo de esto suceda. La complejidad del tema hizo que se sustituyera la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal (Conahoba), dentro del Ministerio de Educación y Cultura, por la COTRyBA, que funciona en la órbita del Ministerio de Ganadería.
El objetivo inicial de dicha decisión fue una ampliación del foco de atención, donde se visibilizaba la tenencia responsable en relación con los perros u otros animales de compañía, para extenderlo a los animales productivos.
Estas implicancias sociales, que no serán de rápida solución, necesitan del involucramiento de una diversidad de actores que deberán actuar bajo una conciencia colectiva, además del rol individual de cada tenedor responsable u organismo de contralor afectado al tema.
La comisión está encargada del armado de una estructura que funcione a nivel nacional y enfoque soluciones a un problema nada fácil, si bien el funcionamiento pesado del aparato estatal no otorgará una respuesta rápida ante la presencia de los animales --principalmente equinos, aunque también perros y bovinos-- sueltos en la calle que ya han provocado graves siniestros de tránsito, incluso con fallecidos.
Por lo tanto, se debe comenzar de alguna manera con un asunto que no es nuevo y tiene años de desidia, a pesar de que determinados planteos en la Junta se hagan “al grito”.
En los últimos meses, se han retirado decenas de caballos sueltos en operativos efectuados entre la comuna sanducera y Jefatura de Policía; la mayoría de ellos se realizan en camino a Casa Blanca, desde donde proviene buena parte de las denuncias, además de la zona de la Autobalsa, barrios cooperativos y de la playa.
Para retirar los equinos, los dueños deben presentarse en el departamento de Servicios y pagar la multa de 5 unidades reajustables por animal --más de $4.500-- y media unidad reajustable por día de estadía de cada animal, unos $450 aproximadamente. Según la ordenanza municipal, el tiempo máximo para que un animal permanezca retenido es de 15 días y a partir de ese momento, será rematado.
Claro está que el comportamiento colectivo implica el correspondiente aviso a la Policía, a través del 911, que coordinará con la Intendencia el retiro de los animales sueltos, con el servicio de arrieros, según lo anunciado por las autoridades locales.
No obstante, es preocupante que únicamente con el pago de la multa correspondiente el animal sea devuelto a los mismos tenedores irresponsables que circulan con caballos en dudoso estado sanitario, porque es contra esas personas que debe caer todo el peso de la nueva ley de protección animal y las acciones legales de las protectoras de animales. De lo contrario, parece que la situación se resolviera con una visión tan elemental y básica de una acción contra la intendencia, cuando las connotaciones sociales son más amplias y abarcan tanto como la vida de las personas, que en ocasiones se pierde como resultado de un caballo que se atraviesa en la calle, a cualquier hora del día y sin marcas de identificación.
El espíritu de la ley es claro: si no pueden mantenerlo, entonces no pueden tenerlo. Y dicho concepto es válido tanto para animales de producción como para las mascotas, porque siempre falla la tenencia responsable. Pero si nadie se hace cargo, no pasa nada. Y aún sigue sin pasar nada cuando se confisca el caballo.
Estos animales deberían incautarse inmediatamente y venderse a la brevedad, sin más trámites, por el mero hecho de la tenencia irresponsable y torturas que reciben a diario; pero además por el potencial daño que pueden producir a terceros, que van desde materiales --rotura del vehículo-- hasta lesiones físicas que pueden llegar a ser invalidantes o la pérdida de la vida, en caso de accidente. Y como agravante, todo esto sucede a conciencia del propietario, elemento que debería ser tenido en cuenta en cuanto a responsabilidades penales.
En definitiva, sueltos en la calle, sin controles sanitarios ni una correcta alimentación, arriesgan la vida, el trabajo, la propiedad y el sustento de otras personas que nada tienen que ver con un asunto que no se resuelve y por el que mucho --demasiado-- se discute y politiza.
Y porque más importante que la vida de ese animal resulta siempre la vida de una persona, por duras que resulten estas expresiones. Esa es, simplemente, la razón por la cual se debe reclamar y accionar contra quienes dejaron al equino en ese estado y no a la institución que lo retuvo por ocho días.