Nacionales | 07 Oct Los 50 diputados del Frente Amplio levantaron su mano en el Plenario y consagraron el ajuste fiscal a partir de enero de 2017 y la reasignación de recursos para no privar a la educación de los fondos presupuestados en 2015, entre otras medidas. El proyecto aprobado pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación y las disposiciones contenidas comenzarán a regir el 1° de enero de 2017.
Si bien llegó al Parlamento dentro del paquete del ajuste fiscal, ante advertencias de inconstitucionalidad, el Frente Amplio retiró del proyecto de Rendición de Cuentas el incremento de las tasas del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS). Fue enviado nuevamente al Parlamento y se aprobó por ley aparte.
También se aprobó como ley aparte una disposición que señala que ninguna persona física que preste servicios personales en organismos de la administración central, los gobiernos departamentales, las personas de derecho público no estatal y las entidades de propiedad estatal en las que el Estado o cualquier entidad pública posea participación mayoritaria podrá tener un salario mensual permanente superior al 60% de la retribución total del presidente.

A PRISIÓN POR INTENTO DE ROBO EN EL BROU
La jueza penal Dolores Sánchez resolvió el procesamiento con prisión de tres personas que formaron parte del intento de robo a la sucursal del Banco República (BROU) que tiene su sede en Colón, según informó Subrayado. Entre las personas procesadas se encuentra la mujer que confesó tener conocimiento del hecho, conocer a los implicados y haber formado parte del delito, luego de presentarse por voluntad propia ante la Justicia. La mujer y uno de los hombres fueron procesados con prisión como coautores de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa, mientras que el segundo hombre fue enviado a prisión como cómplice. Otra mujer que estaba detenida quedó en libertad, pero en calidad de emplazada, por lo que puede ser llamada nuevamente a declarar.

FA ACUSÓ DE DESESTABILIZAR LA DEMOCRACIA
Tres días después de que el senador nacionalista Luis Lacalle Pou dijera que “el gobierno está en retirada” y el colorado Pedro Bordaberry anunciara que pedirá una moción de censura al ministro Eduardo Bonomi y que si esta prospera y el presidente lo mantiene en su cargo, desembocaría en elecciones anticipadas, la reacción del Frente Amplio no se hizo esperar. La coalición acusó a la oposición de intentar “desestabilizar” la democracia.
Luego del homicidio de Heriberto Prati, la oposición reclamó una vez más la renuncia de Bonomi y Bordaberry anunció la interpelación del ministro, al tiempo que el senador de Vamos Uruguay dio un paso más cuando planteó en el programa Desayunos Informales de Canal 12 que, al igual que anunció el nacionalista Jorge Larrañaga el martes, pedirá la moción de censura al ministro. Esto implica que la Cámara en la cual se formula el pedido, en este caso el Senado, será especialmente convocada, con un término no inferior a 48 horas tras el pedido formal, para resolver si se decide desaprobar la gestión del jerarca. Para que esto ocurra, se necesita una mayoría simple. Si esto se produce, se convocará a la Asamblea General. "Si esta vota la censura, el presidente tiene dos caminos: lo saca o lo mantiene. Si lo mantiene, se llama a elecciones parlamentarias anticipadas", explicó Bordaberry.
A las pocas horas, sus palabras eran rechazadas por dirigentes del Frente Amplio en las redes sociales. El hecho motivó una conferencia de prensa donde estuvo presente el presidente de la coalición Javier Miranda, senadores y diputados oficialistas que condenaron “las manifestaciones de inestabilidad de los últimos días”.
Miranda llamó a los partidos políticos a “viabilizar las respuestas a la ciudadanía en el marco de la institucionalidad democrática y republicana, sin apelar a atajos que generan inestabilidad”, pidió “reflexión” a todo el sistema político y no aceptó preguntas sobre el tema.

SCJ OBLIGÓ AL MSPA DAR FÁRMACOS ONEROSOS
Una sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) obliga al Ministerio de Salud Pública a otorgar medicamentos onerosos a pacientes oncológicos o bajo tratamientos médicos de alto costo. El fallo, que fue dictado por mayoría de cuatro votos y una discordia, declara inconstitucional la ley que sostiene que la obligación del Estado se limita a suministrar fármacos que están incluidos en el Formulario Único de Medicamentos. La Corte entendió que, si bien no hubo afectación al principio de igualdad, que fue uno de los argumentos esgrimidos por el demandante (un enfermo oncológico al que se le negaba un fármaco de alto precio), sí existió colisión con el artículo 44 de la Constitución de la República que establece que el derecho a la salud de las personas es un “derecho humano esencial”.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, dijo a El País que la Corte consideró que el Estado debe facilitar los medicamentos y recursos de salud necesarios para aquellas personas que estén en situación de indigencia o que no pueden suministrárselos.
“Los ministros que firmamos en mayoría lo que hemos hecho es lo que se denomina interpretación pro hominis. Nosotros entendemos que (ante una ley) prima la Constitución de la República por ser una garantía más amplia del derecho a la salud” de las personas, dijo.
A partir de esta resolución, el paciente oncológico podrá presentarse ante el Ministerio de Salud Pública y reclamar la entrega del medicamento. Salud Pública no podrá negarse a suministrarlo, advirtió Pérez Manrique.

MSP Y VETERINARIOS ENFRENTADOS POR EUTANASIA
La Facultad de Veterinaria manifestó su disconformidad por no haber sido consultada para la redacción del nuevo decreto que regula el protocolo de actuación frente a casos positivos de leishmania en perros. En 2014, la facultad creó un grupo de trabajo sobre leishmania y cuando el Ministerio de Salud Pública (MSP) elaboró la guía nacional de diagnóstico y tratamiento de leishmaniasis, le pidió asesoramiento.
Carlos Soto, director del Centro Hospital Veterinario, aseguró que el MSP emitió la ordenanza Nº 672 con fecha 23 de agosto de 2016, sin pedir opinión de la facultad. La ordenanza es más flexible en cuanto a la obligatoriedad de sacrificar al perro que dé positivo al test de la enfermedad y propone en cambio otras medidas preventivas que la facultad cree que son adecuadas, pero para los animales que no están infectados.