Opinion | 10 Oct El 20 de junio de 2012, el gabinete de seguridad que por ese entonces integraba el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, anunció un paquete de 15 medidas para mejorar la convivencia ciudadana, algunas de las cuales se comprometían a discutir en el Parlamento y otras en el marco de un diálogo con la sociedad civil en general.
El día anterior, a través de una cadena nacional en conmemoración del natalicio de José Artigas, el presidente José Mujica exhortó a una mayor tolerancia entre los uruguayos y a repensar las acciones individuales y colectivas tendientes a cuidar la vida como el valor más preciado. En esa oportunidad, alertó por una crisis de valores en nuestra sociedad y subrayó que la violencia se encontraba instalada en el deporte, los hogares, en el tránsito y las cárceles. “¿Qué nos está pasando? Porque es obvio que el Estado tiene que luchar por asegurar la seguridad, pero es elemental que hay una seguridad dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestra manera de proceder, que la irracionalidad de la violencia cubre todos los escalones de la sociedad y allí no hay Estado que valga”, dijo Mujica en cadena de radio y TV.
Tales declaraciones se utilizaron para anunciar aquel conjunto de medidas y solicitó a los uruguayos dedicar un mes entero a la reflexión, con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil para que en forma cotidiana se considere el “valor” de la vida. Pocas horas después, Bonomi junto al ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro y al titular de Desarrollo Social, Daniel Olesker, detallaban una por una las medidas que contenían la “Estrategia por la Vida y la Convivencia”.
Las medidas apuntaban a la “reparación a las víctimas de delito con la constitución de un Fondo Nacional de Indemnización”, el “agravamiento de las penas en caso de corrupción policial y tráfico de pasta base con aumento de la pena de un mínimo de 4 a 15 años de penitenciaría” y “modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia” para menores infractores.
Proponía la “eliminación de la tipificación de una serie de conductas como 'faltas' y mantenimiento de aquellas con real incidencia en la inseguridad ciudadana”, con un “abordaje integral de la problemática de las personas afectadas por el consumo problemático de drogas y su entorno”.
La estrategia creaba “dispositivos judiciales especializados en el narcomenudeo”, una “legalización regulada y controlada de la marihuana, con un fuerte rol desde el Estado sobre la producción” y la modificación del decreto que “regula el horario de protección del menor para que incluya también a los informativos”.
Asimismo, promovía un “diálogo con los medios de comunicación, sus trabajadores, universidades y la sociedad civil” para una “autorregulación en materia de manejo de informaciones referidas a seguridad y violencia”.
Establecía una estrategia para mejorar la “eficacia y transparencia policial, a través de la instalación de un sistema de trabajo en las comisarías en base a gestión por resultados y control de indicadores; un nuevo sistema de patrullaje”, entre otros aspectos de fortalecimiento de los procedimientos institucionales, además de la consolidación del “sistema de centros de mediación y negociación de conflictos en algunas zonas del área metropolitana”.
Planeaba “la participación y organización estudiantil” en dichos ámbitos para captar la figura de “los Jóvenes Mediadores” y “nuevas centralidades en algunos barrios del Área Metropolitana a través de plazas de convivencia”. Paralelamente, se comprometía a “crear un sistema de información especializado de denuncias de violencia doméstica” para una mejor captación del problema, y mejoras “en la educación y el control del tránsito en todas las ciudades del país a través de la cooperación de la Policía Nacional Caminera”.
O sea que la seguridad ciudadana se presentó en ese momento como un discurso central del gobierno del Frente Amplio, cuyos liderazgos no han cambiado sustancialmente y se gestaba –al igual que ahora-- con un rol fundamental de la opinión pública, más allá de los grandes medios de comunicación o el trabajo de la oposición parlamentaria.
La fragmentación social y discursiva existente tiene una fuerte base en el sentimiento de inseguridad y –fundamentalmente-- en los resultados que exigimos a nuestros gobernantes que manejan las políticas públicas, porque en tiempos de bonanza y de mejoramiento de la calidad de vida basada en una diversidad de indicadores sociales y de prédicas de equidad e igualdad, tales resultados debieron mejorar. Sin embargo, eso no ha ocurrido porque se ha intentado alegar que las percepciones son subjetivas y que resultan de una “operación mediática”, cuando la realidad resalta que las personas que sufren esta problemática son trabajadores y jubilados. Es decir, cualquiera de nosotros.
Lo cierto es que del total de las “estrategias” presentadas hace cuatro años, hasta el momento el agravamiento de las penas por pasta base no pudo aplicarse porque se debe probar su estado “fumable” y en Montevideo no hay laboratorios adecuados. Las modificaciones al Código de la Niñez “no tuvieron efectos”, según el presidente de la Suprema Corte, Ricardo Pérez Manrique, sino que se evitaron las fugas que antes ocurrían con mayor frecuencia.
La reinstalación de los juzgados de faltas presenta dificultades, y si bien esta iniciativa apuntaba a las personas en situación de calle, se comprobaron en el territorio las dificultades que presenta la internación de este colectivo por su difícil ubicación. El abordaje de los consumidores problemáticos no se concretó, a pesar de un proyecto para la creación de equipos hospitalarios orientado a la atención ambulatoria. Contemplaba, además, la internación compulsiva propuesta por Mujica, que no tuvo apoyo dentro del Frente Amplio.
La creación de juzgados de narcomenudeo se desestimó en el Parlamento y la regulación del consumo de marihuana está –aún-- “a semanas” de su puesta en práctica, según el Poder Ejecutivo. El diálogo con los medios de comunicación a través de una regulación por ley no está reglamentada, al tiempo que resta la concreción de centros de mediación y resolución de conflictos a nivel nacional.
En fin, algunas iniciativas se han cumplido y otras no. Lo único certero es el derecho a vivir en paz, que se vulnera en medio de una alta pirotecnia que quita el centro de atención de lo verdaderamente importante. No está en juego la institucionalidad democrática –como astutamente se ha repetido--, sino el derecho a la seguridad, porque lleva implícito el derecho a la libertad.