Opinion | 12 Oct Mientras el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, criticó que los jueces abusan de las medidas privativas de libertad “desde hace años”, en tanto la primera medida ante un individuo que cometió un delito es el encarcelamiento “cuando esta debería ser la última”, otros operadores de la justicia como el fiscal Gustavo Zubía consideran que deberían haber dos o tres veces más de personas privadas de la libertad.
En Uruguay, en el año 2000, había 4.467 presos, en 2005 había 6.211 reclusos, en 2010 se incrementaron a 8.700 y el año 2015 cerró con 10.416, de los cuales el 61 % son reincidentes.
Hace más de 15 años había un promedio de cinco muertes violentas, una década después subió a 20 y desde el año pasado, esa cifra casi se duplicó. En 2015 fueron 43 y en los primeros nueve meses de 2016, se registraron 34, lo cual resultó catalogado por el comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario, Juan Miguel Petit, como una situación “desesperadamente explosiva”. Es que en comparación con las estadísticas de la región, esa cifra se acerca a las cárceles de Argentina o Chile, con la diferencia de una población carcelaria bastante mayor.
El excomisionado Álvaro Garcé denunció que los centros de reclusión uruguayos se presentan entre cinco y seis veces más violentos que otros en la región, con una “implosión” del sistema de seguridad interno que no se encuentra en condiciones de asegurar la vida o integridad física de funcionarios, internos o visitas. El hacinamiento existente es generador de esa crisis de violencia, bajo la combinación del ocio, consumo de sustancias a pesar de la incorporación de tecnología, la debilidad de los programas de rehabilitación, la corrupción de algunos funcionarios, la complacencia de las jerarquías y la relativización del problema por las autoridades del gobierno. Si no existe un tratamiento efectivo del consumo problemático, la reincidencia y la violencia intracarcelaria, se presentarán como sus consecuencias más directas.
Para eso existe el Artículo 26 de la Constitución de la República: “En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”. Claro que --al menos en Uruguay-- es una deuda pendiente.
Paralelamente, ha sido notoria la influencia de los detenidos extranjeros vinculados al narcotráfico, que introdujeron modos de operación inexistentes hasta hace algunos años en el país, tal como el sicariato o “ajuste de cuentas”. Si bien el aumento de la población carcelaria se puede leer como un mayor combate al delito, también se incrementan los delitos provenientes del crimen organizado y sus manejos en la interna. En este marco, Zubía sostuvo que debería haber dos o tres veces más de presos y eso no significa un aumento de las penas establecidas, sino su cumplimiento. Para el fiscal, “la cantidad de penas que se impone en los papeles es diferente a lo que efectivamente se cumple y ese porcentaje ronda el 15%”, es decir que se aplica un sistema diseñado para otras épocas, pero en una situación de emergencia.
El fiscal ha sido particularmente crítico con la obligación parlamentaria de mejorar los aspectos atinentes a los beneficios --a su entender son muchos-- y que se presentan como la excarcelación provisional, suspensión condicional de la pena, libertad anticipada, redención por estudio y/o trabajo y por gracia de la Suprema Corte de Justicia. Zubía es un defensor del sistema acusatorio establecido en el nuevo Código de Proceso Penal, pero reconoció que al momento de sancionar, “hace agua”.
A pesar de los beneficios existentes, Bonomi propició la elaboración de proyectos de ley orientados a no otorgar libertades anticipadas a los reincidentes, sin embargo, la propuesta lleva varios meses sin aprobarse.
Con todos los cruces de opiniones, es fácilmente comprobable la existencia de presos irrecuperables, a pesar del mandato constitucional y la rehabilitación es efectiva en casos puntuales. Y en esto coinciden tanto el ministro de la SCJ, Jorge Chediak, como el Asistente Social y exdirector del Ministerio de Desarrollo Social, Christian Mirza, luego del homicidio de su vecino Heriberto Prati, en Carrasco Norte.
“A la gente no se le puede responder con estadísticas. Algunos dicen que el aumento de las penas por sí mismas no lo resuelven, pero habrá que trabajar al respecto. En otros casos, hay situaciones en donde hay personas que no deben salir de las cárceles nunca más”, resaltó.
Además de la naturalización de algunas cuestiones relacionadas a la violencia carcelaria y al costo político que llevaría implícito el reconocimiento de las dificultades para enfrentar el nuevo mapa del delito, Bonomi aseguró que hay reclusos y policías que están en contra de lo que definió como un “proceso absolutamente positivo de grandes avances”, con cambios de autoridades y mayores controles que “a algunos no les sirve, no les gusta”.
Bonomi --que hace unos 8 años está al frente de la cartera-- dijo que cuando ingresó al ministerio trabajaban 80 personas en 8.500 y hoy el número se elevó a más de 3.000; por lo tanto, ese mapa es dinámico en tanto crece y se complejiza, ante la construcción de nuevas cárceles y celdarios para incrementar la cantidad de plazas; por tanto, también la cantidad de presos.
No obstante, el espectro carcelario uruguayo y la aplicación de la ley contienen una diversidad de interpretaciones. La exfiscal y actual directora del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, Mirtha Guianze, aseguró que las megacárceles no son una solución y la tendencia es la construcción de cárceles más chicas, con la instrumentación de medidas según las cuales las personas son controladas mientras aguardan su sentencia en libertad.
Criticó que en Uruguay, “la única solución es la privación de libertad y por eso se genera violencia entre los propios presos, con homicidos y suicidios. Ni encerrar más personas ni aumentar las penas es una solución al problema”. Lo cierto es que en este caso –como en otras circunstancias-- todos parecen tener claro lo que no se debe hacer y las comparaciones con países europeos, donde se cierran cárceles, es de cierto contenido utópico.
El Poder Judicial no ha salido favorecido con el nuevo presupuesto quinquenal y los fiscales cuentan con mayores potestades, de acuerdo al nuevo código. En realidad, y más allá de lo que se diga, cada reincidente es un fracaso de nuestra sociedad y resta una política de Estado que apunte a contemplar estos hechos.