Opinion | 14 Oct Tras un significativo repunte de la inflación y un aumento del desempleo durante el primer semestre del año, aparentemente hay señales de una reversión de la desaceleración económica en el país, así como una consecuente recuperación del consumo y el fortalecimiento de los principales indicadores.
Sin embargo, es preciso analizar estos índices en su contexto, por cuanto no se ha superado ni mucho menos el escenario de los “platitos chinos” que mencionaba como cuello de botella el presidente del Banco Central, Mario Bergara, ante la estrecha relación entre parámetros contrapuestos y el hecho consecuente de que deben elegirse prioridades a la hora de las medidas económicas.
En suma, deberían hacerse malabares ante la amenaza de contraer la gripe, la varicela o el sarampión, y combatir además la fiebre, que es la que pone de relieve que algo anda mal en nuestro organismo, y en este caso la inflación es una clara equivalencia a la fiebre cuando hay desequilibrios en la economía.
Es positivo que se haya desacelerado la inflación y que en alguna medida pueda haber mejorado la ocupación, pero siempre es pertinente considerar si efectivamente esta mejora es señal de que se han logrado respuestas atinadas al origen del desequilibrio, o si solo se ha logrado mitigar la fiebre con paños fríos, pero el foco de la enfermedad se mantiene.
Y dentro de la relatividad del término, estamos ante una mejora, pero tenemos que asumir que en gran medida la desaceleración de la inflación tiene su explicación en la baja del dólar, que a principios de 2016, de acuerdo a la tendencia, los economistas sostenían que iba a estar entre los 35 y los 36 pesos a fin de año, y que en cambio, ha caído hasta por debajo de los 29 pesos. Es decir, está un 25% más barato de lo que se esperaba para fin de año.
Es decir que en un país donde existe una marcada dependencia en los precios internos respecto al valor de la divisa norteamericana, el efecto de contención que surge del dólar depreciado ha traído aparejada esta desaceleración en el proceso inflacionario, pero como en la economía no existen compartimientos estancos, como contrapartida han resurgido las consecuencias negativas para los exportadores, que obtienen menos rentabilidad a la hora de traducir los dólares a pesos.
Otro efecto beneficioso es una incipiente reactivación del consumo, como es el caso en el área de los electrodomésticos, porque los productos importados resultan más accesibles para al ciudadano que percibe ingresos en pesos, y con ello se ha generado una tregua en el deterioro que habían sufrido en los meses anteriores los comercios del sector, incluso con pérdidas de empleos o envíos al Seguro por Desempleo en muchos casos.
Volvemos por lo tanto al símil de los platitos chinos de la economía, y el que ha sido abandonado en este caso ha sido el de la competitividad, mientras la prioridad se ha pasado al consumo y al empleo coyuntural. Es explicable por lo tanto la inquietud de gremiales empresariales que se preguntan hacia dónde va la economía y sobre todo, qué grado de sinceramiento y equilibrio puede esperarse si no se corrigen las causas del problema.
En este contexto, con la competitividad como eje, buscando alternativas de mediano y largo plazo a aspectos marcados como álgidos de la actual coyuntura, la Confederación de Cámaras Empresariales presentó en las últimas horas su primer documento de análisis desde su conformación, con críticas al sistema de relaciones laborales --impuesto desde 2005 por la primera administración de Tabaré Vázquez-- y el cuestionamiento a la política fiscal y el gasto público.
Dentro del amplio concepto de competitividad, el documento de la supergremial --la integran las principales cámaras empresariales-- se refirió a la inserción internacional, la política macroeconómica, las empresas públicas, la infraestructura, la educación y capacitación, la innovación y las políticas activas, la regulación laboral, los trámites y la burocracia y la seguridad pública.
En términos sencillos, puede señalarse que la competitividad, pese a estar constituida por un conjunto de parámetros, refiere fundamentalmente a lo que cuesta a un empresario poner un producto en las góndolas, en el caso de la competencia interna, o colocar su producción en el exterior en términos del mercado internacional, que es el que tiene que ver con la relación de costos con otros países que son más eficientes.
Y en este contexto un dólar abaratado favorece el consumo y controla precios, a la vez de generar mayor poder adquisitivo al salario, mientras paralelamente perjudica a los exportadores, ya castigados por el cambio del contexto internacional, y por lo tanto, de mantenerse esta situación, cuesta poco inferir que se reducirá la masa de riqueza para distribuir y no tardará en repercutir en la pérdida de empleo y del salario, por desaceleración de la economía.
Esto obedece a que ha quedado relegado un factor clave para el equilibrio de la economía y hacer más llevadero el costo país, que es reducir el peso del Estado a través del gasto. Lamentablemente, el déficit fiscal sigue por encima del 3,5 por ciento del PBI, y ello implica que todos los uruguayos debamos poner dinero de nuestros bolsillos para solventarlo, en un grado muy exigente.
Sobre este punto, el documento empresarial sostuvo que el diseño e implementación de una regla fiscal favorecería la gestión macroeconómica ya que limitaría la discrecionalidad en el manejo de las finanzas públicas. “De esta manera, la política fiscal se vería fortalecida en su rol estabilizador. Una regla fiscal anticíclica permitiría generar el ahorro necesario en épocas de bonanza para poder utilizarlo como estímulo en fases más moderadas del ciclo económico”, dijo.
Expresó que el creciente desequilibrio de las finanzas públicas obligó a utilizar las tarifas públicas como mecanismo de recomposición fiscal, particularmente a partir del año 2015. Ello se “materializó, por un lado, sobre el precio de los combustibles, situándolos muy por encima de su paridad de importación y generando sobrecostos para el sistema productivo. Por otro lado, los ajustes de tarifas públicas en enero de 2016 también operaron como mecanismos de compensación de los desequilibrios fiscales dado que los incrementos de precios fueron en general superiores a los costos de los servicios”, señaló.
Es decir, de este razonamiento incontrastable se desprende claramente el sistema perverso que condiciona la sustentabilidad para un mejor pasar de los uruguayos y sobre todo las perspectivas de crecimiento del país, porque sencillamente debemos malgastar en sostener al Estado con gran parte de nuestros ingresos, por su burocracia e ineficiencia, pagándolo en inflación, en desempleo y deuda pública.