Locales | 17 Oct La senadora Constanza Moreira participó en una charla-debate basada en un informe de coyuntura de la coalición de izquierda orientada a una reforma constitucional, que decidirá en su próximo congreso a fines de noviembre, donde la fuerza política optará “si va por la vía de la recolección de firmas o la instalación de una asamblea nacional constituyente”, dijo a EL TELEGRAFO.
La líder de la Lista 3311 informó que debatieron “bastante sobre los contenidos, la oportunidad de una reforma de estas características y del documento de actualización ideológica que ahora se llama documento de Principios y valores del Frente Amplio, que también se considerará en noviembre”.

SEGURIDAD CIUDADANA
La cúpula del Frente Amplio (FA), encabezada por su presidente Javier Miranda, dio a conocer una declaración pública en respuesta a los dichos del senador Pedro Bordaberry, basada en la censura al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y el llamado a elecciones parlamentarias anticipadas.
“Con la ventaja de contar con un presidente electo en el FA, tuvimos una especie de reacción relativamente rápida a esta propuesta un poco disparatada de Bordaberry con el llamado a elecciones anticipadas o la moción de censura. El ministro Bonomi concurrirá al Senado, donde será interpelado el 25 de octubre y la oposición tiene todo el derecho del mundo a esa interpelación”, aclaró.
Moreira aseguró que algunas declaraciones de la oposición resultaron “muy irresponsables” porque “no tiene los votos ni tampoco será la que solicitará una disolución de las cámaras, ya que eso es resorte del Poder Ejecutivo. La oposición tiene tiene todos los instrumentos para realizar interpelaciones, llamar a comisión general o pedir informes”.
Pasada esta instancia, “tenemos sobre la mesa un debate pendiente basado en la seguridad en Uruguay en el que la oposición está diciendo una cosa y el oficialismo está diciendo otras. A su vez, dentro del FA tenemos profundas discusiones sobre el tema de la inseguridad, pero como frenteamplistas defendemos la idea que la inseguridad no es un problema que lo pueda controlar únicamente la Policía, sino que es un problema social”, precisó.

UNA SOCIEDAD VIOLENTA
La legisladora y politóloga analizó que en la sociedad “tenemos un porcentaje muy alto de hurtos, no tan alto de homicidios; pero en todo caso, cuando hablamos de asesinatos, hay que recordar que las muertes por rapiñas son una parte limitada de los homicidios”, en tanto “la mayor parte se da por violencia intrafamiliar, contra las mujeres, entre bandas criminales o por ajustes de cuentas”.
Paralelamente consignó que “tenemos una violencia instalada socialmente en el juego, de la patota contra un individuo solo, de los adultos contra los niños y de los hombres contra las mujeres, que no se resuelve con mayores efectivos”.
Propuso una convocatoria a la sociedad para discutir sobre la violencia que está presente en las relaciones cotidianas desde los planteos efectuados por las organizaciones sociales.
“Las feministas realizamos un recorrido sobre esto para ayudar a que la gente identifique que cuando hay un grito, hay violencia; por eso me parece que la izquierda debe hacer el recorrido del feminismo para denunciar la violencia social, económica e institucional. De lo contrario, el tema de la inseguridad pública queda en más Policía, mejor Policía y la verdad es que el Ministerio del Interior ha sido la secretaría de Estado que ha recibido el mayor refuerzo presupuestal, con 30.000 efectivos y eso demuestra una alta tasa de acuerdo a la población”.
Sin embargo, reconoció que “tenemos un aumento del delito”, por lo tanto, “si no contamos con una sociedad integrada con valores de respeto y tolerancia, explotará. Y esta es una sociedad donde persiste la desigualdad, la miseria, los salarios de hambre y una enorme desigualdad del interior de los departamentos hacia las capitales y a su vez, desde el Interior del país hacia Montevideo. La desigualdad es un trazo que va detrás de un montón de frustraciones y de la agresividad que --por si fuera poco-- es glorificada a través de los medios de comunicación o videojuegos. No alcanzan los ojos cuando prendemos la televisión para ver esta oferta de violencia y armas”.

AUMENTO DE LAS PENAS
La senadora se manifestó contraria a un aumento de las penas, “porque eso ya pasó en Uruguay y quedó demostrado” su resultado. “La rapiña es inexcarcelable desde la década del 90 y, sin embargo, es un delito que sigue en aumento. Además el FA hizo algunos incrementos de penas, aunque muy selectivos, y eso no sirvió para que disminuyera el delito”, resaltó.
Según Moreira, “es como dice el fiscal Jorge Díaz sobre los casos que pasan a la justicia y, por consiguiente, son alcanzados por las penas y es que en relación con el total de las denuncias, representan menos del 5%.
Así que tirarle todo al proceso judicial no resuelve el tema, sino que pasa porque la Policía comparta el trabajo con la sociedad y que haya una mayor confianza del Estado con las comunidades. Si no, terminaremos con cámaras de vigilancia hasta dentro de los hogares”.