Rurales | 17 Oct La presidenta del Instituto Nacional de Colonización (INC), ingeniera agrónoma Jacqueline Gómez, señaló que entre los años 2010 al 2015, “se realizaron más de 2.000 inspecciones relativas a incumplimientos en el contrato asumido por los colonos”, explicando que se detectaron “entre 25% y 30% casos, los que fueron intimados a ordenar el proceso”.
Explicó además que, de esos contratos, “la mitad fueron rescindidos y/o están en acciones judiciales”, agregando que “la mayoría de los incumplimientos son arrendatarios”.
Gómez indicó que “llega en un momento donde Colonización cuenta con los recursos humanos y económicos para realizarlos, con la información y las capacidades institucionales, ya que desde el 2005 se han generado grandes avances en la mejora de la gestión en diversas áreas, incluido cobro y trabajo correcto en el análisis y transparencia de la información”.
“El decreto del Poder Ejecutivo fortalece nuestra línea estratégica, que comenzó en 2005, y da una indicación clara de la importancia de profundizar ese trabajo que abarca la totalidad de las familias colonas”, afirmó la presidenta del instituto.
Sostuvo que en 2005 comenzó un proceso de regularización del instituto desde la inclusión de sistemas de información, definición de procedimientos y metodologías de trabajo transparentes, especialmente en el acceso a la tierra, a través de llamados públicos, para resolver el tema del endeudamiento de los colonos e instalar una eficiente gestión de cobro, el trabajo de formación de la gente que utiliza las tierras hasta regularizar la titularidad logrando constituir un sistema de información de los colonos y procedimientos.
“El procedimiento administrativo que siempre hace el instituto es intimar a levantar el incumplimiento, dando vista del informe. Muchas veces los colonos levantan el incumplimiento; cuando esto no ocurre, se determina la rescisión del contrato y si no desocupa voluntariamente el campo, comienza el procedimiento judicial”, dijo.
Una vez desocupado el predio, se realiza un llamado abierto para que otras familias de productores familiares o asalariados rurales puedan acceder a la tierra para desarrollar su proyecto de vida y productivo cumpliendo con las obligaciones que determina la ley 11.029.

DECRETO
El 3 de octubre el presidente Tabaré Vázquez firmó un decreto donde se establece que la situación de incompatibilidad o incumplimiento previstos en el artículo 101 de la ley 11.029 determinará que el Instituto Nacional de Colonización promueva la rescisión unilateral de los compromisos asumidos con el colono, dentro del plazo de 30 días contados a partir de su constatación.
Las causales para que Colonización rescinda los compromisos con un colono arrendatario, aparcero o promitente comprador incluyen la explotación de otro u otros predios no adjudicados o que se dedique a cualquier actividad en menoscabo de la explotación adjudicada. La otra obligación que deben cumplir los colonos arrendatarios es que deben trabajar directamente en el predio y habitarlo junto a su familia, así como cuidar los recursos naturales del predio y el pago correspondiente de las rentas.

INFORMACIÓN NO CORRECTA
La titular del instituto se refirió a la información difundida por El Telégrafo en la semana, en donde se señala el desalojo del productor Antonio Lasarga, productor de la colonia “Dr. Alberto Boerger”, en el departamento de Paysandú.
Explicó que “no es correcta en los tiempos que ocurrieron”. Citó que el proceso comenzó en el año 2007 con una intimación a levantar los incumplimientos, “que en ese entonces eran no residencia y deuda”.
Precisó que en el año 2009 “se iniciaron las medidas judiciales. Posterior a eso ya no existe el problema de la deuda, pero se detectaron problemas en el mal manejo del suelo, erosión, un subarrendamiento con animales de terceros, cosas que no estaban autorizadas por el instituto”.
Recordó que “se pactó una fecha límite que fue diciembre de 2014”, según resolución del directorio.
“En enero de 2015 no había plan de uso de suelo, que fue presentado en enero de 2016 ante la Renare”, dijo Jacqueline Gómez.
Agregó que el productor tiene “un ingreso fuera del predio totalmente desvinculado de la producción agropecuaria, cuando la ley y el artículo 101 habla de otras actividades en desmedro del uso de las tierras del instituto y este es un caso muy claro”, dijo.