Nacionales | 16 Oct El sindicato del comercio (Fuecys) realizó un acto con unas 500 personas en la Plaza Libertad como cierre del paro general en el sector al que convocó, y en el que denunció que el 60% de los 423.000 trabajadores del comercio y los servicios cobran menos de $ 20.000. Precisamente, la plataforma del sindicato para la negociación salarial en curso en los supermercados establece como reivindicación un salario mínimo para ese sector de $ 20.000 nominales.
El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, dijo que las empresas de supermercados y de tiendas deberían sentir “vergüenza” de los salarios que pagan y, sin nombrarlo, cuestionó al excandidato a la Intendencia de Montevideo, Edgardo Novick, por las bajas remuneraciones que se pagarían en una cadena de tiendas de ropa deportiva de su propiedad.
Fuecys reclama un convenio a dos años, correctivos por inflación anuales, el mantenimiento de beneficios incluidos en acuerdos anteriores y que el 21 de junio sea declarado Día del Trabajador del Comercio y Servicios, no laborable y pago. Por otro lado, pide la reducción de la jornada de trabajo y que el 1° de Mayo el cierre de los locales comerciales sea total. En un volante del sindicato se leía: “Si pago alquiler, no me alimento y si me alimento, ¿qué hago, duermo en la calle?”.
“Nos dice que no puede pagar más salarios el que viene arriba de un BMW. Nos dice que no puede el que tiene fortunas en Uruguay”, denunció Pereira. “Este es un movimiento sindical que sabe que la pelea no termina en una ronda salarial, las pautas salariales no atienden la necesidad de nuestros trabajadores más débiles”, dijo.

SE ALEJARON DE SENDIC
Un grupo de dirigentes pertenecientes a la lista 711 del vicepresidente Raúl Sendic decidieron abandonar el sector, según Telenoche. Entre otros, dieron el paso Gustavo Leal, asesor del Ministerio del Interior, Leonel Briozzo, exsubsecretario de Salud Pública y jerarca del Hospital Pereira Rossell, y Julio Calzada, exdirector de la Junta Nacional de Drogas. Asimismo, se alejaron Diego Olivera, director de la Junta de Drogas, Ruben Barboza, exvicepresidente de Ancap, y el economista Sebastián Torres, exdirector de Energía del Ministerio de Industria. De acuerdo con Subrayado, los dirigentes abandonaron el sector por diferencias políticas y por discrepancias con la conducción del grupo que lidera el vicepresidente.

NUEVA POLÉMICA ENTRE BONOMI Y JUECES
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que el aumento de penas no sirve, pero que “lo que no puede pasar es que tenga un mínimo de cuatro años y se vaya en un año y medio. No puede pasar. Y no puede pasar que como se va en un año y medio no lo penan”. Bonomi sostuvo que como no se emite condena, cuando vuelve a ser juzgado por otro delito, es juzgado como primario nuevamente.
El tema es que, según el ministro, los que rapiñaron son procesados con prisión, y tras año y medio de esperar que se dicte sentencia, piden libertad anticipada, y les es concedida. El tiempo mínimo de prisión para una rapiña es de cuatro años.
El ministro entiende que es necesario que la pena se cumpla en su totalidad y no “que se inventen un montón de chicanas” para no cumplirla. Ante estos dichos, la Asociación de Magistrados señaló que el delito de rapiña es inexcarcelable y que los imputados siempre deben cumplir al menos con cuatro años de prisión.
El presidente de la asociación, Alberto Reyes, explicó que en el sistema actual una persona que cometió un delito de rapiña debe esperar en prisión mientras espera sentencia. “Ninguna persona imputada de rapiña sale al mes o a los meses como dice el ministro. Una persona imputada judicialmente por delito de rapiña permanece en la prisión no menos de cuatro años, porque es el mínimo de la condena excarcelable”, dijo.