Locales | 23 Oct El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) resolvió la intervención de la Cruz Roja Uruguaya por un lapso de seis meses, a raíz de la presentación de una denuncia por un grupo de voluntarios de la institución. El decreto ministerial explicó que la decisión apunta a “analizar y poner en orden la situación administrativa y contable”, además de “estudiar si los estatutos son acordes a la realidad de la institución”. La labor de la secretaría de Estado se enfocaría a “la reforma pertinente” de los estatutos y a “depurar” el padrón social “de ser necesario”.
Ximena Pardo y Álvaro Gramajo presentaron la documentación pertinente ante el MEC, que derivó en un dictamen de la Fiscalía de Gobierno de 2º Turno, y puntualizaron un faltante aproximado a $ 3,4 millones, de fondos donados por el banco BBVA, McDonalds y Paganza.
Pardo es instructora en primeros auxilios, técnica en reducción de riesgos y desastres, especializada en apoyo psicosocial y aclaró que “en realidad los hechos de Dolores resultaron más mediáticos. Nosotros ingresamos una denuncia en noviembre del año pasado por fraude electoral pero las irregularidades datan de mucho tiempo e involucran a la anterior directiva que presidía la doctora Nivea García de Meroff. Las irregularidades eran montones, desde asambleas y actas, de las cuales nosotros no tuvimos pruebas hasta la última asamblea. Allí se realizaron las elecciones y efectivamente presentamos nuestra denuncia”.

DESDE AÑOS ANTERIORES
Según la denunciante, “en las gestiones anteriores dejaron de existir las figuras de los directores de área. En su momento yo coordiné el área de gestión de riesgo y desastre, pero la directora era la presidenta, o sea, era la directora de la totalidad de las áreas para tener el control de todo. Nos pedían proyectos y planes anuales que después no se llevaban a la práctica, tampoco hubo una búsqueda de financiación ni intenciones de que eso saliera a flote”.
En su opinión, “la Cruz Roja básicamente se encargó de ser asistencialista, de acopiar las donaciones y entregarlas a las comunidades correspondientes. Sin embargo, nosotros tenemos formación internacional donde sabemos que la gestión de riesgos y desastres se enfoca desde otro lado. En realidad se trabaja con la comunidad en la prevención del riesgo y eso no podíamos hacerlo porque no existía una voluntad política”.
Recordó que “para ir a Dolores nos financiamos personalmente y así apoyar a la Cruz Roja de Soriano que efectivamente trabaja con su comunidad”. La voluntaria consignó que recibió formación en la propia institución, por eso “no tiene sentido que me especialice en gestión de riesgos y desastres si yo no puedo trabajar en el terreno. Es sumamente frustrante para quienes se forman y además resulta totalmente inoperante para una organización que tiene otro tipo de intervenciones”. Aclaró que “la Cruz Roja no es una ONG, como otras que prestan un servicio, sino que es un poder auxiliar del Estado con un compromiso y un mandato mayor que simplemente juntar ropa y darle a la gente que no tiene. Las intervenciones se deben hacer con un compromiso que provenga desde otro lugar y la Cruz Roja uruguaya no lo hacía”.
Ejemplificó que esa experiencia “la vimos en la Cruz Roja de otros países cuando viajamos a diferentes lugares, con un nivel de despliegue en las misiones y como delegados representantes de Uruguay, contactados por la Federación para otro tipo de contingencia como huracanes o terremotos; pero no pudimos trabajar en nuestro país”.

EL PROCESO ELECTORAL
Consultada sobre la incidencia de la Corte Electoral en el proceso de elecciones efectuado el 18 de noviembre de 2015, Pardo remarcó que “no lo tiene”. “Cuando, de alguna manera, quisimos que estas irregularidades no continuaran y, asesorados por delegados internacionales, nos dijeron que la única manera era participar en el gobierno de la institución y lograr, desde adentro, la concreción de un mecanismo de respuesta al desastre”, dijo a EL TELEGRAFO.
A pesar de su formación técnica, “debíamos lograr –de alguna forma-- una llegada a las comunidades y cuando quisimos presentar una lista para tener garantías con una representación dentro de la institución, averiguamos si contábamos con un mecanismo de control dentro de la Cruz Roja. Así nos vimos totalmente atados porque el único que puede regularla es el MEC, y con limitaciones”.
Según Pardo, “la Corte Electoral puede participar como veedora pero hay que contratar el servicio, porque Cruz Roja no es estatal, por tanto, no depende del organismo y no tiene una obligación de participación. De hecho, el MEC podía concurrir como invitado, pero no estaba obligado a ir. O sea, no había garantías de ningún tipo de que nosotros pudiéramos tener una transparencia”.
Relató que “cuando quisimos presentar una lista, el comité electoral de Cruz Roja estaba compuesto por las mismas personas que formaban parte de la lista contraria y, por eso, no habilitaron la lista nuestra. Entonces, eran jueces y parte”. Tras la denuncia de esta irregularidad por la Asamblea, la presidenta junto a otras personas –que eran las mínimas porque de un total de 90, se levantaron 20-- de todas maneras realizaron su elección, en contra de las denuncias presentadas”.
En esa oportunidad, los denunciantes contrataron a una escribana pública que ratificó la asamblea y se acumularon pruebas para presentar la denuncia ante el MEC. En ese encuentro “solicitamos un nuevo llamado a elecciones con garantías para todas las partes y evaluaciones equitativas para las listas presentadas. Incluso el escrutinio fue totalmente irregular porque quien se postulaba a la presidencia recibía a las personas en la mesa, se fijaba en los padrones e iban a votar a puertas cerradas, donde había otras personas. Fue antidemocrática y por eso ingresamos otra denuncia en diciembre del año pasado”.

ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA
A partir de la presentación de dicha denuncia, la Fiscalía constató incumplimientos e irregularidades y dio vista a ambas partes. “Mientras esto ocurre, nosotros recolectamos nuevas pruebas tales como lo ocurrido luego del tornado en Dolores. Habían cesado a la totalidad de los técnicos en gestión de riesgos y desastres porque formaban parte de la denuncia; por tanto, Cruz Roja no tenía cómo dar una respuesta a la comunidad afectada”.
Todas las donaciones recibidas “no llegaron a destino y solo enviaban los camiones con materiales, colchones, ropa y comida. El dinero que nos constaba que había recibido a la institución, no estaba en Dolores y los comités departamental ni local tenían idea de que existía”.
Preguntada sobre la denominación de nuevos referentes que orienten las acciones de Cruz Roja uruguaya, Pardo explicó que “se nombraron tres interventores –un abogado, un economista y un administrativo-- que ingresarán en la institución y garantizarán el funcionamiento de las tareas esenciales”.
Paralelamente, EL TELEGRAFO intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con la presidenta de la Cruz Roja Uruguaya, la sanducera Mary Zapata, quien no respondió a los llamados.