Paysandú, Jueves 27 de Octubre de 2016
Nacionales | 20 Oct “Las relaciones diplomáticas entre los dos países cumplirán 30 años de reapertura en 2018 y hemos fijado esa fecha como límite para firmar el tratado de libre comercio”, expresó Vázquez en conferencia de prensa en la Residencia de Jefes de Estado de Diaoyutai, en Beijing, al finalizar su agenda oficial en China.
“Venimos muy esperanzados y nos sentimos apabullados de tanto que logramos”, sentenció el mandatario. “Hemos logrado todo lo que nos propusimos”, reafirmó. Calificó la visita como “altamente positiva, muy productiva y muy exitosa”.
Además manifestó que es muy importante para el intercambio comercial de Uruguay “firmar una asociación estratégica con China, que es la segunda economía del mundo y dentro de no mucho tiempo será la primera”.
“Es un estímulo muy fuerte para continuar trabajando en esta dirección porque si nos quedamos cruzados de brazos esperando que lleguen inversiones o que nos compren, seremos una comarquita”, dijo.
“Tenemos que salir como lo hicieron los extranjeros en Uruguay al principio del siglo pasado, que salían con una valijita a vender casa por casa. Uruguay tiene que hacer eso, con seriedad y profesionalismo”, subrayó.
Vázquez y Xi Jinping declararon el establecimiento de una asociación estratégica y acordaron iniciar cuanto antes el proceso de negociaciones para la suscripción de un tratado de libre comercio bilateral.
En este sentido, Vázquez informó que se reunió con los ministros y solicitó “diseñar inmediatamente un método de trabajo para lograr la concreción de los acuerdos firmados con China”.
En tanto, afirmó que los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y de Brasil, Michel Temer, “están de acuerdo en flexibilizar el Mercosur sin romper el bloque. Creo que no habrá inconveniente”, afirmó.
Anunció que se reunirá con su par argentino este lunes 24 en Buenos Aires con gabinete ampliado, lo que catalogó como “un hecho histórico entre ambos países”.
“Uruguay defiende al Mercosur y al bloque como proceso de integración regional indispensable, pero también que los países de menores economías tengamos la oportunidad de hacer algún acuerdo bilateral con otros países u otros bloques fuera de la región”, sentenció.
RECONOCEN CARENCIAS EN JUSTICIA JUVENIL
Representantes de la sociedad civil y del gobierno reconocieron “falta de capacitación” para implementar las recomendaciones sobre derechos humanos en el sistema de justicia juvenil y penitenciario en el país en base al Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU en 2014. “Las recomendaciones que se han hecho continúan con plena vigencia la mayoría de ellas”, admitió a EFE el coordinador del Comité de los Derechos Humanos de Uruguay, Juan Fumeiro.
Asimismo, puntualizó que existe falta de capacitación en los operadores, el sistema de justicia penal no es un sistema totalmente especializado, no tiene un ámbito territorial en toda la República, no existen tribunales especializados de apelación. “Entonces continúan vigentes muchas de las recomendaciones, por lo cual hay que continuar trabajando y viendo la forma de implementar esas medidas que permitan revertir”, recalcó.
El EPU es mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas cuyo objeto es mejorar la situación de derechos humanos en cada uno de los 193 países miembros.
Uruguay fue evaluado por el EPU en enero de 2014 y en ese momento comenzó un plazo de cuatro años y medio para intentar cumplir las 187 recomendaciones, las cuales aceptó en su totalidad y se comprometió con su implementación. Este proceso de aplicación será valorado por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU a mediados de 2018.
La directora del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente de Uruguay (Inisa), Gabriela Fulco, explicó a la prensa que su organismo “está trabajando fuertemente” en “un contexto complicado” para aplicar correctamente las recomendaciones de la EPU debido a que aún no tienen el control de todos los centros del país.
En ese sentido, especificó que entre las recomendaciones está mejorar las condiciones de habitabilidad; la indumentaria, que debe ser adecuada para las estaciones del año y pareja; la ropa de cama; temas presupuestales sobre la rendición de cuentas o las investigaciones administrativas y sumarios sorbe maltrato.
“El otro gran tema es el trato de penas y penas degradantes que constituyen tortura y que ya hemos tenido antecedentes de procesamiento por todos conocidos”, comentó. Además, añadió que continúan “haciendo denuncias penales que no trascendieron pero que están en la órbita judicial y datos sobre investigaciones administrativas y sumarios que hay en todo lo que hace el rubro de maltrato hacia los jóvenes”.
Según Fulco, su entidad está realizando algunas estrategias de “impacto rápido” como la identificación de todos los funcionarios penitenciarios, una línea de denuncia y un espacio para los padres de los menores.
“De a poquito estamos intentado generar esa confianza para que vengan a nuestra sede a contar las presuntas irregularidades”, dijo. No obstante, aseveró que “una recomendación muy importante” que para el país significa “un desafío”, y que tiene que hacer “sí o sí”, es “que la medida privativa de libertad se constituya en el último recurso”.
Ante esta advertencia, afirmó que su organismo estableció en noviembre de 2015 un nuevo modelo para trabajar con las medidas no privativas de libertad, que le dé mayores garantías a los jueces a la hora de brindar ese beneficio.
“Estamos seguros de que la medida se va a desarrollar bien con toda su amplitud y que seguramente tengamos un alto porcentaje de éxito para la no reincidencia, que es lo que queremos de estos jóvenes”, aseguró.
MAYOR MORTALIDAD POR CÁNCER
Uruguay es el país con mayor incidencia de cáncer en Latinoamérica, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Cada 100.000 personas, 251 tienen cáncer, seguido por Argentina, donde la incidencia es de 216,7 cada 100.000 habitantes.
Además, Uruguay es el país de América Latina con mayor mortalidad por cáncer: 144,8 muertes cada 100.000 habitantes. Por cada 100.000 habitantes, 22,7 mueren en Uruguay por cáncer de mama, lo que lo lleva, nuevamente, a ser el país con mayor mortalidad por cáncer de mama en Latinoamérica. La incidencia de ese tipo de cáncer es de 69,8 cada 100.000 habitantes, informó El Observador.
Desde diciembre de 2015, el Ministerio de Salud Pública (MSP) dispuso que el estudio fuera obligatorio a partir de los 50 años, hasta los 69, y cada dos años. Hasta el año pasado, las mujeres tenían que hacerse el examen desde que cumplían 40. El cambio buscó mejorar la cantidad de falsos positivos que llevaban a diagnósticos erróneos.
Por otra parte, cada 100.000 uruguayos, 29,5 padecen cáncer de colon. En tanto, el cáncer de cuello uterino afecta a 18,9 cada 100.000 habitantes.
En el caso del cáncer de cuello uterino, la carga de enfermedad, es decir los años de vida perdidos y discapacidad por cada 100.000 personas es de 192,3. Para el colon y recto, se pierden 661,3 años, lo que ubica al país como el de mayor carga de enfermedad por cáncer colorrectal en América Latina.
Por su parte, el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, anunció que se financiarán dos medicamentos “de muy alto costo” para el tratamiento del cáncer de mama. Se trata del Peruzumab y el Tdm1, “medicamentos utilizados para el tratamiento del cáncer de mama en etapa avanzada”, dijo Basso.
“Son medicamentos muy costosos que son un desafío financiar”, agregó el jerarca que explicó que se incorporan al anexo 3 del Formulario Terapéutico de Medicamentos, tras una serie de negociaciones. Por el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, Basso sostuvo que “como país” se está “disminuyendo” la mortalidad del cáncer de mama por la detección precoz.
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