Opinion | 29 Oct La moción de censura al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, está descartada y ni que hablar de su renuncia. Estas son cosas que permite una mayoría parlamentaria respaldada por fuertes figuras en su interna, como el senador del MPP José Mujica, o a nivel general con el apoyo del presidente Tabaré Vázquez, que no se permite una imagen de flaqueza ante un tema que es sensible para la ciudadanía, incluyendo a sus propios votantes.
Ahora el Senado comenzó un proceso ante el pedido de la oposición para el tercer intento de censura en los últimos seis años, tras la interpelación del senador de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry. El próximo lunes, la cámara alta se reunirá en sesión especial y deberá resolver sobre un asunto que “está cantado” no ocurrirá.
Lo cierto es que durante la sesión del jueves, ni el miembro interpelante ni el interpelado coincidieron en las cifras presentadas de rapiñas y homicidios, donde adquirió relevancia en la discusión los últimos hechos ocurridos durante el partido entre Rampla y Peñarol, condimentado por la presencia de la diputada Susana Pereyra --esposa de Bonomi y asidua asistente a la tribuna Amsterdam del Estadio Centenario-- sobre quien pesan sus vínculos con barrabravas aurinegros.
Incluso un voluminoso expediente refiere a la intercepción de llamadas, ordenadas por el juez Homero da Costa, donde se registra a la legisladora pidiendo a algunos referentes de la hinchada de Peñarol que lleven votantes en las internas del MPP, realizadas en 2013. Allí también advirtió que sus teléfonos estaban pinchados.
Posteriormente admitió que hizo gestiones ante el gobierno a favor de la hinchada aurinegra, pero negó el aviso en cuestión. Dicho relacionamiento fue cuestionado por el legislador colorado, quien aseguró que Bonomi “duerme con el enemigo”, a juzgar por las reacciones escasas ante supuestos intocables que son conocidos en el ambiente futbolero.
Sin embargo, Bonomi insiste con el razonamiento clásico: los barrabravas son “delincuentes que tratan de refugiarse dentro de las hinchadas con un sentido de pertenencia futbolístico y utilizarlo para el delito organizado. Ese es el problema del fútbol. Y se asume así o no lo solucionamos”. Lo que no se asume aún --y parece que costara hacerlo-- es que le dieron entradas y acceso a las tribunas en connivencia con dirigentes que no querían problemas y cuando quisieron aplicar “mano dura” se encontraron con una respuesta de choque que en esta ocasión tuvo el feliz resultado de no finalizar con la muerte de alguien.
Un capítulo aparte merecen las comparaciones. Según el ministro, Uruguay es el segundo país más seguro y pacífico de América Latina, de acuerdo a un estudio internacional que basa sus índices en conflictos armados. Pero, más allá de que no vivamos en una situación de descontrol nacional, acá de lo que hablamos cuando hablamos de inseguridad es de un sentimiento de miedo que hizo cambiar las tácticas de movimientos familiares, con un aumento en las contrataciones de los servicios que brindan las empresas privadas de seguridad y una percepción generalizada que no comparte la naturalización de algunas opiniones oficialistas al respecto, ni mucho menos un cambio en sus costumbres. Y eso, habla bien de la idiosincracia uruguaya a pesar del enlodamiento político que se pretende realizar cada vez que se imparten diatribas para la tribunas, basadas exclusivamente en fríos porcentajes.
Bordaberry y Bonomi tampoco coincidieron en el esclarecimiento de los hechos delictivos. De acuerdo con el legislador, “de cada diez homicidas, escaparon cuatro” y “nueve de cada diez delitos no se aclaran” en Uruguay. Para el ministro, el país “no está tan mal porque en el FBI no se aclara el 60% de los delitos” y aquí el índice se ubica en 36%.
El senador colorado argumentó que Uruguay cuenta con 876 policías cada 100.000 habitantes, si bien la ONU recomienda 250 efectivos. No obstante, Bonomi calculó que hay 421, porque los administrativos “tienen el estatuto de policía”, pero no lo son.
Pero lo significativo del discurso es que, según el Ministerio del Interior, las rapiñas bajaron 3,1% a nivel nacional y que desde el advenimiento de la democracia, los homicidios únicamente descendieron durante la administración de Jorge Batlle y la primera presidencia de Tabaré Vázquez. Incluso Bonomi reconoció un incremento en la participación de menores en estos hechos y en las rapiñas.
¿Dónde radica la importancia de esos datos, si el ciudadano percibe un cambio en su entorno que no puede dominar y se encuentra del otro lado con autoridades que le tiran cifras y porcentajes que no lo involucran, sino porque su propio mundo cambió al momento de salir de la calle?
Bueno, el resultado está allí mismo, en las calles. El 62% de las personas consultadas por la empresa Cifra aseguró que el principal problema a resolver en el país es la inseguridad, bastante más alejada se encuentra la economía con 16%, la educación 7%, otros temas 7%. Sin embargo, en el año 2008 este tema preocupaba al 20% de la población, es decir que no hace muchos años atrás, menos de la mitad de los uruguayos hablaba de este flagelo que fue creciendo tanto en las estadísticas como en la opinión pública, hasta llegar a su pico máximo en 2016.
Paralelamente, ascienden los índices de desaprobación del ministro Bonomi, si se toma en cuenta que solo el 18% está conforme con la gestión del secretario de Estado. Lo desaprueba el 61% de la población y el 21% no opina. Lo destacable en todas las cifras es la opinión de los frenteamplistas: está de acuerdo el 30%, pero el 45% está en contra.
Es decir que la desaprobación del jerarca es prácticamente igual a la percepción de inseguridad existente en el país.
En realidad la desaprobación de la actuación del equipo ministerial parte desde el 2012 con un 49%, continúa en 2013 cuando aumentó a 55% y en 2016 trepó al 61%. Claramente las personas no se cuestionan lo que hace o deja de hacer al frente de su cartera, sino que va más allá y relacionan lo que sienten, ven o padecen diariamente en las calles o en sus hogares con las nuevas estrategias personales que debieron desarrollar y que modificaron sustancialmente su entorno y forma de vida. Eso, puntualmente, está fuera de cualquier discusión política, porque a esta altura sería obsceno decirle a la gente que está equivocada con lo que siente y peor aún, adjudicarle responsabilidad a los medios de comunicación por su “relato del miedo”. De última, Bonomi que también fue parlamentario y sin duda volvería a ocupar su lugar en el Senado si dejara la cartera, sabe muy bien que las palabras de tono elevado “pegan fuerte” en las transmisiones y de ellas se valió en buena parte de la interpelación para confrontar con cifras que, a esta altura, van por fuera del sentir ciudadano.
Pero todo eso --absolutamente todo-- forma parte de la vieja estrategia futbolística que plantea el ataque como la mejor arma de defensa. Por eso, más allá de la lícita defensa que realizan los oficialistas a una gestión ministerial, se encuentra la opinión de aquellos que --afectados o no-- sienten otra cosa muy distinta a lo que se presenta bajo un discurso políticamente correcto. Y eso, no se puede imponer ni por decreto.