Opinion | 25 Oct Lamentablemente, lejos de asistir a un encauzamiento del escenario político e institucional en Venezuela, siguen sucediéndose episodios que reflejan un agravamiento y radicalización desde el gobierno encabezado por Nicolás Maduro, que se aferra desesperadamente al poder y busca excusas como que hay un intento de golpe de Estado promovido desde las fuerzas “imperialistas” de afuera, llámese Estados Unidos, y los golpistas de derecha de la “oligarquía reaccionaria” y antipopular venezolana, así como de otros países de la región.
En las últimas horas el Parlamento venezolano, con mayoría opositora a partir de las últimas elecciones parlamentarias, declaró la “ruptura del orden constitucional”, acentuada por la decisión del Consejo Nacional Electoral de suspender el proceso para la consulta de un referéndum revocatorio del mandato de Maduro, en una postura partidaria que responde a su integración como brazo electoral del Poder Ejecutivo.
Es que Venezuela, más allá de las peculiaridades caricaturescas propias de una república bananera, presenta durante el período chavista un decaimiento adicional de la institucionalidad y la vigencia de la ley sin un Poder Judicial y Electoral independiente, con presos políticos y censura total a la prensa; y ahora el desconocimiento de la Asamblea Legislativa por el gobierno y sus órganos apéndices, entre otros aspectos.
La suspensión del referéndum revocatorio contribuye, por si hacía falta más, a exacerbar las tensiones políticas y coloca al país al borde de un estallido de violencia generalizada que, en este escenario de intolerancia política, incluso sería un obstáculo adicional para que las diferencias puedan dirimirse en las urnas por la propia ciudadanía.
Así, en las últimas horas, el Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, llamó a una rebelión popular y a la presión internacional al denunciar un “golpe de Estado” del gobierno, tras la suspensión del proceso de referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
En una tensa sesión, brevemente suspendida por la irrupción de grupos chavistas en el hemiciclo, la Asamblea Nacional declaró en su resolución final “una ruptura del orden constitucional” cometido “por el régimen” de Maduro, y acordó “convocar al pueblo de Venezuela a la defensa activa” de la Carta Magna “hasta lograr la restitución del orden constitucional” y “solicitar a la comunidad internacional la activación de mecanismos” para el retorno de la “democracia”. El mensaje exige a las Fuerzas Armadas “no obedecer o ejecutar ningún acto contrario a la Constitución”.
El Parlamento también decidió “proceder de manera inmediata” al reemplazo de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a los que la oposición acusa de ser aliados del gobierno, mientras por su lado, al considerar la resolución como un “intento chimbo (engañoso) de copiar el golpe de estado en Brasil”, el jefe de la bancada del oficialismo, Héctor Rodríguez, recordó que la Asamblea fue declarada en desacato por el TSJ hace dos meses y todos sus actos son considerados nulos.
Y con el telón de fondo del cruce de acusaciones entre el oficialismo y la oposición, de “golpistas”, “dictadores” y otros calificativos de similar tenor, debe tenerse presente que Venezuela además enfrenta una profunda crisis económica, con severa escasez de alimentos y medicinas, y una inflación que el FMI calcula en 475% para este año.
Por supuesto, la falta de dinero --que fue despilfarrado durante décadas, sobre todo para comprar apoyos en el exterior-- por la caída en los precios del petróleo, ya ha sido clave para el desastre económico del gobierno populista, porque Venezuela carece de aparato productivo y de fuentes genuinas de creación de riqueza y de trabajo, y la corrupción además ha contribuido a que se acelere este proceso de deterioro.
Los subsidios del Estado incorporados por los gobiernos chavistas, para mantener planes asistencialistas que le redituaran en el plano electoral, no encuentran ya suficiente fuente de financiación en el petróleo, y no hay viabilidad de la economía venezolana sin el petróleo y el desmantelamiento de las políticas populistas, por más que se intente desde el gobierno culpar a los opositores y a las “fuerzas del mal” en el exterior de desestabilizadores.
El mandatario, carente de convicciones democráticas y también de cintura política --incluso incurre en sus ya famosos episodios delirantes, como el del “pajarico parlante”-- al igual que la mayoría de sus dirigentes, solo ha intentado abroquelarse tras eslóganes y denuncias, descalificaciones y acusaciones, porque como todo régimen populista, siempre la culpa se la atribuye a los otros y no existe la mínima autocrítica ni disposición para asumir errores.
Peor aún, se ha encargado de cortar lazos con quienes aún tibiamente lo han respaldado o tolerado fuera de fronteras, al descalificar a quienes de alguna forma cuestionan sus decisiones políticas, y como en todo dirigente con perfiles mesiánicos, considera que quien no está con él o se anima a cuestionarle decisiones, es un enemigo. Así han caído víctimas de sus diatribas hasta dirigentes de nuestro gobierno que sin embargo es de los pocos de la región que todavía “bancan” ciegamente a la dictadura venezolana.
Sin dudas, la decisión soberana respecto a los destinos de Venezuela debe ser decidida por los propios venezolanos, a través del diálogo, el respaldo ciudadano en las urnas, con pleno respeto de las reglas de juego democráticas, pero muy flaco favor se le hace a la consecución de este objetivo si desde afuera se mira hacia otro lado y no se señala con firmeza los actos que impliquen desconocer el orden institucional, como política exterior indeclinable y sin mirar el color de la camiseta del gobierno trasgresor.
Porque cuando se trata de violaciones a los derechos humanos no puede haber dos varas, una para medir a gobiernos “amigos”, justificando todo lo que se hace, y otra para quienes están en otro lugar del espectro ideológico, ya condenándolos hasta por las dudas.