Locales | 31 Oct Gremiales empresariales cuyos asociados se sienten perjudicados por lo que consideran el alto costo que aplican las tarjetas de crédito --en desventaja frente a las grandes superficies comerciales-- se reunieron esta semana para analizar la problemática y continuar adelante con las gestiones para obtener condiciones menos onerosas.
El presidente de la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU), Miguel Ferys, dijo a EL TELEGRAFO: “algunas gremiales empresariales estamos trabajando en el tema de las tarjetas de crédito, como es el caso de CEDU, Cambadu, la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay, la Cámara de la Alimentación, pero todavía no hemos tenido resultados”.
Y agregó que “también están participando los hoteleros y otros empresarios, en las últimas horas, precisamente, nos reunimos con el dirigente sindical Richard Read, en Salto, y le comentamos el tema, porque afecta directamente al comercio minorista, más que nada”.
Ferys sostuvo que los aranceles que las tarjetas de crédito aplican a las grandes superficies son inferiores respecto al comercio minorista, porque “la gran superficie tiene poder de negociación que no tiene el comerciante de barrio o el comercio disperso”.
Añadió que “al no tener ese poder de negociación, se genera una diferencia muy grande entre lo que paga una gran superficie y lo que se aplica al comerciante minorista. En ese punto estamos trabajando y también tenemos incorporadas a la problemática las estaciones de servicio, que suman por lo menos medio millar y que a partir del 1º de diciembre van a tener que pagar el 1,35% de arancel por las ventas obligatorias con tarjeta”.

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS
“Si se multiplica ese porcentaje por el número de estaciones de servicio, nos encontramos con que el equivalente a la venta total de siete estaciones de servicio por día va directamente al sector financiero por ley. Pero al mismo tiempo nos llama la atención que nadie diga nada de que todos los días se saca dinero del sector consumo hacia el sector financiero”, explicó.
“Debemos tener en cuenta que esta transferencia de dinero genera picos de inflación, guste a quien guste, y el gobierno no lo quiere discutir. Nosotros ya se lo hemos dicho, en el sentido de que se estreche la brecha, porque esta fiesta la termina pagando siempre el mismo, que es el consumidor final”, reflexionó el dirigente empresarial.
“Nos parece que no es lo correcto el monto de los aranceles que se paga. Hay una extracción muy fuerte, estamos hablando de mucho dinero, de mucha rentabilidad”, sostuvo el presidente de CEDU.

OBLIGACIONES POR LEY DE INCLUSIÓN FINANCIERA
De acuerdo con lo explicado por el doctor Julio Facal sobre los perjuicios que las tarjetas de crédito generan a empresarios, en su carácter de integrante del estudio que lleva adelante un proyecto de ley para revertir lo que consideró “una problemática importante”, la Ley de Inclusión Financiera actual “obliga a los comerciantes a contratar con un banco” en lo que llamó “seudobancarización”.
Evaluó que “en lugar de incluir a la población a los servicios financieros, lo que hace es tratar de obligar a los comerciantes a contratar con un banco, lo que agrava más aún la problemática con el pago con tarjetas de crédito, a las que pone al mismo nivel que el papel moneda”.
Consideró que, “por un lado, los usuarios han denunciado los altos intereses, el vale en blanco; hoy los seguros de vida sobre saldo deudor que nadie contrató están asociados con las tarjetas de crédito, los fraudes, la clonación de tarjetas, los robos, toda la problemática denunciada”.
Aseveró que “el Banco Central en alguna medida ha tomado cartas en el asunto, pero los comerciantes han quedado un poco de lado. Es decir, la relación jurídica entre el emisor de tarjetas y el comercio no tiene regulación específica”. Apuntó que “los comerciantes denunciaron prácticas abusivas hace unos cinco años, pero lamentablemente las denuncias no llegaron a buen puerto”, en referencia al proyecto de ley que regulaba el sistema integral de tarjetas de crédito.
Puntualizó que esos contratos los someten a pagos diferidos, con altos aranceles, a discriminación por sector de actividad, a prácticas de exclusión, poniendo el ejemplo de que “los martes y los miércoles algunos comercios tienen una promoción fantástica y otros no, lo que distorsiona el mercado”.
“Pero además de distorsionar el mercado –agregó--, el empresario debe trasladar los costos al usuario, el consumidor final de los servicios, porque son costos imposible de soportar”. Estimó que “son los aranceles más altos de la región, por lo que los comerciantes han intentado por todos los medios buscar soluciones para bajar estos aranceles”.
Así se hace pesar ese impuesto “sobre la parte más débil de la relación jurídica y ello vulnera al pequeño comerciante, que es el más perjudicado”, concluyó el profesional.