Opinion | 31 Oct A tres años de finalizar su mandato, el Frente Amplio perdió su mayoría parlamentaria desde el momento en que el diputado Gonzalo Mujica anunció que votará la comisión investigadora sobre los negocios que la administración de José Mujica llevó adelante con Venezuela, impulsada por el Partido Nacional a través del legislador Jaime Trobo.
La interna estuvo nerviosa durante el pasado fin de semana porque si Liga Federal, que lidera el diputado “rebelde” Darío Pérez, resolvía acompañar el pedido de la oposición, no solamente cambiaba la estrategia partidaria sino también la imagen de la fuerza política en el gobierno. Pero todos suspiraron aliviados cuando Sergio Mier, el otro parlamentario perteneciente a dicho sector, confirmó que luego de analizar el panorama, determinaron –finalmente-- no votar la investigadora.
Las agitadas jornadas estuvieron marcadas por situaciones incómodas y cruces de acusaciones, además del repartido del reglamento de la bancada vigente por el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio, donde establece que cuando hay diferencias de criterio se debe ajustar a “la unidad de acción” y acatar la decisión de la mayoría. En caso de incumplimientos, se prevén acciones en el Tribunal de Conducta Política.
Por eso el viernes, tras el encuentro entre Gonzalo Mujica y el presidente de la fuerza política, Javier Miranda, quedó claro que “puede tomar la decisión de irse de la coalición de izquierda, de no votar proyectos del Ejecutivo o incluso presentar una iniciativa por fuera de la bancada”. De esa forma, apoyará hoy la conformación de una investigadora para que indague los negocios entre Uruguay y Venezuela.
El asunto se procesó durante la semana anterior, cuando los diputados Oscar Groba y José Querejeta votaron en contra, al tiempo que el blanco Rodrigo Goñi, votó afirmativamente. Es así que la preinvestigadora se manifestó contraria a una investigación formal de los negocios efectuados por la empresa venezolana Aire Fresco, que intermedió en la venta de alimentos al país caribeño entre 2011 y 2015 por el cobro de una comisión, y la financiación de la campaña del MPP, basada en los argumentos presentados por el nacionalista Jaime Trobo.
Los legisladores oficialistas aseguraron que la denuncia del opositor, se sustenta en “recortes de prensa, dimes y diretes”. De esta forma, este lunes se presentará un informe a favor y otro en contra para que el plenario de Diputados analice el tema. La preinvestigadora recibió de parte de Trobo un escrito de 35 páginas, una carpeta con 31 carillas y otros documentos, donde supuestamente se prueba la vinculación de la intermediaria venezolana con la campaña del MPP, en las elecciones de 2014.
Los extupamaros Carlos Decia y Omar Alaniz son representantes de la empresa y junto al diputado del MPP Daniel Placeres entregaron $ 480.000 o U$S 19.400, según el tipo de cambio al 3 de setiembre de 2014 y de acuerdo con la rendición de cuentas que figura en la Corte Electoral.
Paralelamente, avanzan dos denuncias penales en la justicia especializada en crimen organizado contra este mismo caso, además de los préstamos millonarios otorgados a la expesquera Fripur, presentadas por el abogado Salle y que generarán otras actuaciones judiciales en los próximos días. En los primeros días de noviembre deberán concurrir a declarar Decia y Alaniz, en calidad de indagados, además de Placeres que tiene fueros parlamentarios, por lo tanto puede testificar por escrito si lo desea.
Trobo argumentó las vinculaciones empresariales existentes con “altas jerarquías de gobierno” que obtuvieron “una posición preferente, y en algunos casos exclusiva, para realizar o impulsar negocios con entidades estatales o paraestatales, monopólicas de Venezuela”. En tal sentido, la preinvestigadora integrada por Groba, Querejeta y el nacionalista Rodrigo Goñi (único voto a favor) no encontró mérito para investigar el rol de la sociedad anónima, mediadora en los negocios privados realizados entre ambos países.
El informe en mayoría que se presentará hoy se basará en que la balanza comercial con Venezuela, desde 2005, marcó negocios por un total de 1.800 millones de dólares y solo 157 pasan por Aire Fresco. El informe en minoría, redactado por Goñi, concluye en la presencia de “favores gubernamentales”, a través de “preferencias en la concesión de licencias y ventajas cambiarias” que extendieron “la llave del negocio a determinadas empresas intermediarias” que permitieron “un pago injustificado de sobreprecios”.
Si faltaron controles, entonces aparece la sospecha de desvío con la instrumentación de favores políticos que llevaron al lavado de activos, y en todo caso se deberá investigar si la participación uruguaya tuvo algún grado de inocencia y nadie intuía lo que ocurría. Asimismo, se debe aclarar la responsabilidad o no ante los supuestos privilegios denunciados contra una empresa que era la cara visible de los negocios que se llevaban adelante con Venezuela, porque conlleva a la presunción del delito.
De hecho, la mayoría opositora en Venezuela ya comenzó a investigar los negocios efectuados por el chavismo dentro y fuera de fronteras. Por otro lado, el MPP pidió al Frente Amplio que dejara en suspenso la solicitud de una investigadora ante los hipotéticos espionajes militares e infiltrados en sindicatos, ocurridos en democracia y reclamados por el Partido Comunista (PCU) y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), ante la falta de “pruebas contundentes”.
Los archivos del exmilitar Elmar Castiglioni relatan la intensa actividad de los servicios de Inteligencia, cuyos tentáculos alcanzaron a políticos de distintos sectores, al igual que los gremios.
Tanto el PCU como el PVP aportaron el material en cuestión, junto a un escrito de la exdirectora de la Secretaría de Derechos Humanos, Isabel Wschebor, pero el MPP estimó que no aportan ni justifican “la existencia de irregularidades o ilicitudes”.
En este caso, el Frente Amplio resolverá mañana los mecanismos para llevar adelante la investigación que para el PVP es un hecho de “enorme gravedad contra la democracia y la libertad”. Pero como el MPP es mayoría dentro de la fuerza política del gobierno, puede pedir la reconsideración de dicha decisión.
No debemos olvidar que el propio presidente del FA, Javier Miranda, fue secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la República, y ya le había transmitido a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos que los documentos que integran el archivo Castiglioni constituyen un hecho “sumamente grave” y comprometió su involucramiento en dicha investigadora.
La negativa recurrente a la conformación de comisiones investigadoras dice mucho más de sus legisladores de lo que aparenta. Si las cosas están tan claras como se defienden, entonces el aporte de las pruebas suficientes sobre la mesa parlamentaria servirá para echar por tierra las presunciones de delitos. Esas cosas pasan en una república.