Locales | 06 Nov Para el diputado nacionalista Nicolás Olivera, el rechazo de la bancada del Frente Amplio a integrar una comisión investigadora sobre los negocios con Venezuela reafirma que “al oficialismo la corrupción lo ha copado y no está en condiciones de distinguir lo regular de lo irregular”.
Explicó que “estamos ante un mecanismo parlamentario eminentemente político, sujeto a un procedimiento específico. Sostener lo contrario sería indicativo de amputarse o autolimitarse un control de clara raigambre democrática republicana”, expresó Olivera.
Agregó que “no debe olvidarse que este mecanismo o herramienta atiende a la otra gran competencia de este poder, que radica en controlar a la administración y que, conjuntamente con la de legislar, constituye la razón de ser de este parlamento”.
“¿Aquí podríamos concluir que no hay elementos vinculados a los negocios con Venezuela, a la gestión del Fondes, que no ameriten y sean perfectamente conocidos?”, y subrayó que “la investigación permitiría poner de manifiesto un principio cardinal de la buena administración, como es la probidad”.
Indicó que en el informe en mayoría se menciona que no sería conveniente conformar la comisión investigadora porque hay aspectos saldados. “Esto realmente es curioso. Parecería que en materia de control parlamentario existiera una especie de cosa juzgada. Partir de esa premisa es erróneo”, dijo.
Acotó que en dicho informe se abona la teoría de que los negocios generados parten del juego de la libre competencia, señalando que las sospechas existentes son infundadas, desconociendo que parten de la falta de información concreta “a ser aportada por un actor que hasta ahora ha sido muy poco mencionado: el Ministerio de Relaciones Exteriores”.
“¿Cómo es posible que el Ministerio de Relaciones Exteriores no tenga constancia, no conozca los acuerdos, los contratos y las operativas desarrolladas por privados, celebrados en idénticas condiciones que los acuerdos públicos? No parece mínimamente razonable que el Ministerio de Relaciones Exteriores no tenga conocimiento de los acuerdos realizados entre privados y el gobierno de Venezuela, cuando claramente suponen ejecutar acuerdos gubernamentales celebrados en forma previa o conjunta”, reflexionó.
Indicó que surgen dudas legítimas acerca de si el Estado, por acción u omisión, encomendó o facilitó a una empresa privada nacional llevar adelante con Venezuela el desarrollo de las líneas comerciales estratégicas.
“Surge que la empresa Aire Fresco en doce días se constituyó como sociedad anónima, nombró sus autoridades, logró las autorizaciones para entrar al país caribeño y se sentó a firmar un acuerdo con las más altas autoridades; lo que las otras empresas constituidas desde hace mucho tiempo no pudieron hacer, Aire Fresco lo pudo lograr”, sentenció Olivera.