Locales | 07 Nov Fucvam realizó una asamblea departamental en el Club Social Sanducero, con la presencia de los dirigentes nacionales Jorge Díaz y Mario Fígoli, quienes informaron sobre la plataforma de reivindicaciones: la movilización que se efectuará el miércoles 9 a las 18 en torno al Palacio Legislativo, con una vigilia a la que asistirá más de un centenar de cooperativistas sanduceros y la asamblea nacional a realizarse en diciembre, en Montevideo.
La institución reclama que “el Parlamento defina su posición con respecto a que el subsidio a la permanencia se transforme en ley y lograr que quien construya su casa en tiempo y forma, a pesar de problemas laborales o de salud, pueda cubrir esos fondos. Si no cumple, se realizan trámites para que el socio abandone la casa, por eso, es una insistencia de nuestra organización”, dijo el secretario general de la Mesa Departamental, Julio Retamoza.
El otro aspecto refiere a una reducción del porcentaje de interés al 2%, en tanto las nuevas cooperativas que ya han construido abonan el 5,25% de interés al crédito otorgado. “Se pide que la ley sea pareja para todos y que la totalidad de las construcciones se paguen con el 2% a la vivienda de interés social. A nivel local, se conformó una subcomisión de asuntos gremiales que trabaja sobre este tema y se relaciona con otras cooperativas”, agregó.
En Paysandú se ha construido un total de 38 cooperativas, hay dos en construcción y otras 6 en formación para presentarse a sorteo en diciembre. Retamoza apuntó que “Paysandú y Soriano se encuentran bien ubicados en la construcción de viviendas y en el caso local, han avanzado otras modalidades de acceso a los núcleos habitacionales”.
Paralelamente, dirigentes locales se han reunido con el intendente Guillermo Caraballo y directores municipales con injerencia en el tema a fin de conformar una cartera de tierras a través de un fondo rotatorio solventado por un fideicomiso, “si bien las cooperativas formadas ya cuentan con un terreno”, informó.
“En este sentido, se trata de una apuesta más grande no solo a nuestro movimiento, sino a todos los estilos de formación de viviendas sociales”, precisó el directivo.

EN LA REGIÓN
La referente de la región integrada por Río Negro, Soriano, Paysandú y Salto, Stella Corbalán, explicó que a nivel regional “se confirma una alta demanda de viviendas y, por tanto, el reclamo del movimiento es que sea incluido en la comisión que estudia la nueva Ley de Ordenamiento Territorial”.
Adelantó que “la federación organiza una reunión con los intendentes de Salto, Paysandú y Río Negro en los primeros meses de 2017 para trabajar las reivindicaciones a nivel regional”.

CON OTRAS ORGANIZACIONES
El presidente de la mesa nacional, Jorge Díaz, resaltó a EL TELEGRAFO que “ninguna lucha es aislada, sino que se aunarán los esfuerzos con el Pit Cnt, Onajpu y FEUU porque aún persisten sectores que perciben bajos salarios y mantienen un alto desempleo. De nada serviría llevar un reclamo aislado, si vemos que hay problemas para pagar las cuotas”.
En tal sentido, el dirigente nacional Mario Fígoli, recordó que las cooperativas están conformadas por trabajadores que en su mayoría reciben bajos ingresos y “si no tenemos ingresos apropiados, difícilmente se responda a la devolución del préstamo”.
Las asambleas departamentales comenzaron el viernes en Young y a lo largo del territorio nacional se confirma un aumento de los asentamientos irregulares. “Desde hace varios años tenemos la ley de vivienda de interés social, pero desde el punto de vista del objetivo –más allá de las declaraciones-- lo que producen los empresarios son viviendas de alto costo, aunque no lujosas”, afirmó Fígoli.
Según el dirigente, “si a eso le sumamos la renuncia fiscal que exime a los empresarios del pago de los impuestos, se traduce en una transferencia de recursos hacia las arcas del sector privado y eso no redunda ni en una rebaja de los alquileres ni de los precios de nuevas viviendas”.
Estimó que “una vivienda que los cooperativistas construimos con un valor aproximado a U$S 55.000, de acuerdo con esta ley, un empresario la vende a 120.000 o más. Por eso, el problema de la vivienda digna persiste en Uruguay”.