Opinion | 08 Nov Ya cerca de cumplirse el primer año del gobierno del presidente Mauricio Macri, al cabo de doce años de la administración de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, el saldo que se percibe en forma primaria presenta luces y sombras desde el plano interno, aunque el panorama desde nuestro país se presenta como ampliamente positivo si tenemos en cuenta que la visión liberal y republicana del nuevo gobierno contrasta con el perfil populista y muchas veces patoteril del antecesor, lo que llevó a situaciones conflictivas entre ambos vecinos que recién hoy se están dirimiendo.
Una muestra cabal de este concepto lo da el reciente acuerdo de las delegaciones uruguaya y argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para informar sobre los resultados de los monitoreos del río Uruguay en la zona de UPM-Botnia y la desembocadura del río Gualeguaychú, una instancia que contó desde siempre con la oposición del gobierno K a sabiendas que los datos confirmarían la delirante postura asumida en el conflicto de los seudoambientalistas.
Otra consecuencia fue el levantamiento de la prohibición a los empresarios argentinos de operar con transbordo en puertos uruguayos, que había perjudicado seriamente a nuestro país y entre otros aspectos ha permitido recuperar la operativa en el puerto de Montevideo y habilitar que comenzara a desarrollarse la complementación de puertos en el río Uruguay entre ambos países, como es el caso de Paysandú y Concepción del Uruguay, unidos por la operativa del portacontenedores Provincias Unidas, a cuenta de nuevas instancias en pos de la integración.
De la misma forma, Argentina ha recuperado posición en los foros internacionales, apartada del populismo y la visión ideológica hemipléjica de los gobiernos K, que junto a regímenes como los de Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia, Uruguay mismo en algunas instancias, conformó una especie de frente regional a contramano de concepciones democráticas y republicanas, apostando a que el fin justifica los medios y a que la “causa” de los pueblos --corrupción incluida-- admite algunos desvíos en el accionar ante la ley, la autonomía de la Justicia y de los parlamentos.
En su plano interno, Argentina ha ganado en republicanismo, desde que se ha dejado atrás los años en que el gobierno kirchnerista manipulaba a su antojo a la Justicia para evitar que sus funcionarios fueran investigados por actos de corrupción. Ello permitió dilatar y hasta cerrar causas, hasta que el advenimiento de un nuevo gobierno que ha respetado la división de poderes, ha dejado las manos libres a los jueces para que investiguen de acuerdo a lo que establecen la Constitución y las leyes, y de la misma forma se ha dejado de presionar a los periodistas que no eran afines al partido en el poder.
Pero ya en el plano socioeconómico, la reversión del proceso es mucho más difícil, por un lado, porque la economía ha sido muy afectada en doce años en que se desaprovechó la bonanza por los altos precios de los commodities --que Argentina produce en gran cantidad-- y se dilapidó dinero en subsidios cruzados, en políticas asistencialistas sin sustentabilidad. Se esfumaron además miles de millones de dólares por la corrupción, los capitales que pudieron irse lo hicieron y el país perdió confianza de los inversores ante el cepo cambiario y comercial, además de la inestabilidad jurídica. Todo esto además ha sido determinante para que el país tenga déficit energético, por falta de inversiones para extraer y distribuir gas, así como electricidad y petróleo, entre otras falencias.
Entre otras medidas, además del desmantelamiento de los subsidios y en forma parcial de la asistencia que tiene a cientos de miles de familias entre sus “clientes”, sobre todo en Buenos Aires, Macri promovió el blanqueo de capitales de argentinos en el exterior, en un intento por hacer que vuelvan miles de millones de dólares que sus compatriotas sacaron durante los oscuros años que le precedieron, y a la vez captar inversiones para crear fuentes de trabajo, que aún en un país de enormes recursos naturales como Argentina, es imprescindible para establecer empleo genuino y creación de riqueza.
Pero claro, además de regularizar la situación de la deuda ante los acreedores y organismos internacionales, el gobierno de Macri ha luchado contra las consecuencias del sinceramiento de la economía, porque el país había sido saqueado y el levantamiento de subsidios ha puesto al desnudo la crisis social estructural.
Bueno, en crisis social y ante urgencias, la visión en extremo optimista y casi enajenada de que en un plazo de un año se iba a enderezar la economía argentina ha quedado atrás y los capitales que se esperaba retornaran o llegaran tras el blanqueo, en los hechos ha sido mínima.
¿Y cuál es el problema? ¿El gobierno de Macri, que aún con defectos ha intentado rever los delirios de sus antecesores y tratar de hacer las cosas racionalmente? No, el problema es la inestabilidad política tradicional de nuestros vecinos, porque una inversión no se hace en la expectativa de un período de gobierno, sino que se trata de emprendimientos de mediano y largo plazo, que llevan años.
Y en Argentina ya el año próximo habrá elecciones legislativas de medio período, y nada hace pensar hasta ahora que el descontento social consecuencia de medidas drásticas ante la herencia recibida, no generen un rechazo al actual gobierno y eventualmente un rebrote de las preferencias por el kirchnerismo o movimientos de visiones populistas dentro del peronismo.
Esa y no otra es la mayor condicionante para que el país pueda recibir las inversiones que se necesitan, como todo otro país latinoamericano, por lo que el desafío radica en generar confianza en las instituciones, en el mantenimiento de las reglas de juego a pesar del signo del gobierno que acceda al poder.
Pero por ahora esa no es la percepción de los potenciales inversores --tienen razón--, y ello da la pauta del gran daño que han causado en Argentina, en la región, los partidos que pretenden repartir riqueza antes de crearla.