Opinion | 07 Nov Uruguay tiene el 98% de su territorio con cobertura de agua potable para la población, 94% de saneamiento y fue pionero en incluir en su Constitución ambos servicios como un derecho humano. Hasta ahí, la estadística dura.
Sin embargo, el pasado invierno 30 personas fallecieron por incendios en viviendas precarias y en 2015 murieron otras 25. Al momento de presentar su proyecto de ley para la regulación de los alquileres, el Partido Comunista estimó que se necesitan al menos 30.000 viviendas para eliminar el déficit habitacional, es decir, que cada hogar obtenga su propia vivienda y no existan varios hogares en una misma casa, y 50.000 para combatir el déficit de calidad, o sea la precariedad de su construcción y los asentamientos.
Para el gobierno, un mínimo de 10 viviendas agrupadas en terrenos sin autorización ya es un nucleamiento irregular, pero otras organizaciones internacionales calculan que con seis ya se configura un asentamiento.
En todo el país, 170.000 personas residen en unos 600 asentamientos irregulares, según el Censo de 2011, mientras que en una década sólo se regularizaron 74. El equipo de la ministra de Vivienda, Eneida de León, y la propia secretaria de Estado saben que es un problema que no se resolverá en pocos años y más allá de la complejidad del asunto, se presentan aspectos culturales de difícil transformación.
El Plan de Mejoramiento de Barrios (PMB) y el Plan Nacional de Relocalizaciones necesitan recursos, además de voluntad política que incluye otros aspectos que van más allá de la necesidad de un techo. Allí se encuentran con la inseguridad ciudadana, las escasas soluciones y posibilidades de inserción laboral, junto a las dificultades constatadas en algunas zonas para llevar los servicios esenciales que en determinadas áreas del país, como la capital, deben hacerlo con apoyo del Ministerio del Interior.
El PMB recibe fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del ministerio, en tanto se encarga de coordinar con las intendencias la ejecución de los distintos planes. Según datos de este organismo, a nivel del territorio el 56,4% de los asentamientos se encuentra en Montevideo seguido de Canelones con el 15,4%, al tiempo que en el Interior el porcentaje más alto se encuentra en Paysandú con el 5,8%, Artigas, con el 4,9% y Maldonado, 3,4%.
A fines del año pasado, un informe del BID señaló que la universalización del saneamiento en el Interior costaría 1.340 millones de dólares y otros U$S 435 millones, por tanto, la inversión total asciende a U$S 1.800 millones. La entidad internacional reconoció los avances y proyectos para incrementar el alcantarillado, pero recalcó que el país no tiene un plan nacional. Tomando como base los datos del Censo de 2011, el 60% de los hogares se encuentra conectado al saneamiento por redes y si se discrimina por zonas, en Montevideo es el 86% de los hogares, pero el Interior es del 45%.
Claro que las opciones de acceso son convencionales, condominales, de efluentes decantados y el servicio de barométrica. Sin embargo, las inversiones varían de acuerdo a la cantidad de habitantes que determinará el costo per cápita. Según el documento, en las localidades de 500 a 2.500 habitantes, es de U$S 3.300 y el doble en lugares con más de 10.000 habitantes.
Así calculó que la inversión pública es de 898 millones de dólares que se complementarán con inversiones particulares hasta llegar a la cifra mencionada. El acceso al saneamiento es una de las metas de desarrollo sostenible al 2030 de la ONU, al tiempo que la reforma constitucional en 2004 incluyó a este aspecto como un derecho humano fundamental.
Por otro lado y en relación con el hacinamiento habitacional, los datos oficiales precisan que --en promedio-- es un problema en el 10,2% de los hogares, en tanto se incrementa en el Interior y alcanza al 19,3%. Aún quedan 64.000 hogares sin acceso al saneamiento y 6 de cada 10 niños que residen en la zona metropolitana y se encuentran en áreas de riesgo sociosanitario tienen parásitos, de acuerdo al Programa Uruguay Crece Contigo y la Facultad de Medicina.
En líneas generales, la necesidad de infraestructura urbana se extiende a la falta de alumbrado (41,5% de la población), pavimento (28,3%), desagües (15,9%) o veredas (73,4%), según el Censo de 2011.
La oposición calcula que con la regularización de 74 asentamientos en una década, se necesitarán más de 60 años para reasentar a las familias residentes en viviendas precarias. El diputado Martín Lema, del sector de Luis Lacalle Pou, calculó que con el dinero utilizado en la capitalización de Ancap (unos 800 millones de dólares) se financiaba la propuesta Asentamiento Cero, altamente cuestionada desde el oficialismo.
Como sea, y más allá de las conceptualizaciones, existe otra realidad constatada con las migraciones desde el campo a las pequeñas localidades y de allí a las ciudades capitales de los departamentos. A pesar que es un fenómeno global, se sabe que en Uruguay comenzó antes que en otros países de América Latina y se calcula en torno a la década de 1930. Si a finales del siglo XIX la mitad de la población vivía en el campo, en 1985 bajó al 12,4% y hoy se ubica en el 5%. Si bien es uno de los países más urbanizados del mundo, también se comprueba la triste realidad que ante las carencias laborales o la precarización del empleo en determinadas áreas de la producción, las familias afectadas fueron empujadas a los cinturones de las ciudades. Y eso se confirma con un vistazo de la situación socioeconómica de las últimas cuatro décadas.
Es decir, las urbanizaciones requieren de planes y los planes, de soluciones. Las diversas instituciones que nuclean a las cooperativas de viviendas federadas reclaman la necesidad de que las comunas cuenten con carteras de tierra y servicios acordes para evitar la tugurización. Además de los recursos económicos y humanos que lleven adelante las propuestas existentes, se requiere de una voluntad política que siga atacando al problema más temprano que tarde, antes que se extienda aún más.