Opinion | 14 Nov El colectivo Mujeres de Negro contabilizó 20 mujeres y 7 niños muertos este año a manos de la violencia machista, que se eleva a 351 mujeres y 58 niños en la última década.
Las cifras se dieron a conocer la semana pasada en el marco de dos hechos ocurridos con escasa diferencia de días. Una niña de dos años fue ingresada a la emergencia del Sanatario Mautone, en Maldonado, casi sin signos vitales y murió pocos minutos después, a pesar de las maniobras de reanimación. Su madre, que cursa un embarazo de riesgo, dijo que se había desmayado en el baño y allí golpeó fuertemente la cabeza. Sin embargo, los hematomas que tenía en distintas partes del cuerpo y el golpe en la base del cráneo, no fueron resultado de un accidente doméstico. El informe forense fue tajante y reveló una muerte violenta, provocada con un objeto contundente, al tiempo que desde ámbitos judiciales llamó la atención la frialdad de la mujer, tras relatar los hechos.
A pesar de un aumento de los casos, las declaraciones políticamente correctas y la viralización de comentarios que provocan estas situaciones en las redes sociales, en ocasiones no alcanzan para materializar ese disgusto con hechos concretos.
Según el director del INAU en Maldonado, Daniel Guadalupe, se habían registrado dos denuncias por malos tratos en la Línea Azul. No obstante, las autoridades no pudieron “identificar concretamente el domicilio por los datos aportados en la denuncia”, por tanto decidieron concurrir “al barrio para tratar de identificar la situación con los vecinos y ninguno dio cuenta de la situación, ni de esta familia en particular”. Seguidamente resuelven comunicarse nuevamente con la Línea Azul, de Montevideo, para solicitar datos con respecto al denunciante, que fueron confirmados plenamente. “Concurrimos nuevamente al barrio y allí nos transmiten que la familia se había mudado y por tanto, no identificaron la nueva dirección. Lamentablemente en esta oportunidad no se pudo actuar por los datos vagos de su nueva residencia”. La protocolización de las actuaciones supone la concreción de una red de protección que involucra a la familia cercana o ampliada, las policlínicas o niveles educativos, que en este caso no ameritaron --ante la escasa edad de la víctima-- al menos las consultas con otras autoridades para conocer el nuevo paradero de la madre y la niña ante las dos denuncias por malos tratos.
Pero como ha ocurrido en reiteradas ocasiones, una vez conocida la tragedia, los vecinos dijeron a la policía que varias situaciones de violencia ocurrían en el interior de la vivienda y que involucraban no solamente a la fallecida, sino a otros dos menores. Ante una denuncia de malos tratos recibida a nivel institucional y con un cambio de domicilio de la víctima, ¿no se realiza un seguimiento exhaustivo que permita no perder de vista la situación? ¿La familia cercana o ampliada --que según reza en los protocolos como integrantes de una red de protección-- no fue consultada acerca de su conocimiento de los hechos que, también, sabían los vecinos? ¿La mudanza se transformó en una dificultad para no encontrar a la menor, o es una disculpa pública ante un hecho consumado?
El trabajo multidisciplinario que plantea un amplio abordaje, ¿no actúa desde la prevención y la investigación de un posible historial de violencia intrafamiliar, o aún más allá, con la efectivización de un seguimiento para tener la certeza de que no se trate de las consecuencias de una depresión posparto de la mujer, basado en el hecho de que cursaba un nuevo embarazo, y en este caso de riesgo?
¿Existen redes de apoyo para madres solteras que recientemente dieron a luz, provenientes de hogares vulnerables o que se encuentren presionadas ante determinadas situaciones particulares? ¿Cuánto más se puede hacer con dos denuncias en la mano y cuánto ven los espectadores barriales o familiares de lo que ocurre puertas adentro?
“Ya no son aceptables disculpas y menos de entidades que están para protegerlos”, sostuvo Jenny Escobar, integrante de Mujeres de Negro, en su cuenta de Facebook. “El INAU lo sabía, pero no pudo hacer nada, porque no pudo encontrarlos porque huyeron. Estas declaraciones me dejan con los ojos como platos y la boca abierta”, agregó.
Pocos días después, en Valizas, un hombre se presentó en la casa de su exmujer para entregarle al hijo de ambos de tres años, pero luego de una discusión se lo llevó en su auto y 18 horas después fueron hallados los cuerpos del agresor y del niño ahorcados. En esta oportunidad, el hombre tenía varias denuncias por violencia doméstica presentadas por la mujer que no fueron tenidas en cuenta en los antecedentes, cuando los jueces decidieron un régimen de visitas, exponiendo a un nuevo inocente a la muerte.
Y nuevamente surgen los cuestionamientos: Ante las denuncias presentadas, ¿igualmente se fijó un régimen de visitas? ¿Queda libre y sin ningún mecanismo de protección para las víctimas, como el caso de la pulsera electrónica, un hombre acusado por violencia doméstica?
Si se observan detenidamente las cifras de menores muertos a manos de sus referentes familiares cercanos, no se imposible reconocer un aumento de la venganza hacia la persona sobre quien desean ejercer una acción mayor y provocar secuelas devastadoras.
Tanto sea porque aumentan los casos o aumentan las denuncias, o porque aumenta su visibilización, o porque aumentan las acciones de los colectivos sociales, siempre hablamos de un flagelo de difícil resolución que no empieza con el hecho difundido en las pantallas, sino mucho antes. Comienza en la naturalización de las relaciones de poder en todos los lugares de relacionamiento, en las costumbres que se ejercen en el hogar y las eternas excusas, cuando ya no hacen faltas las respuestas.
Transitamos el mes internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres y el próximo 25 se realizarán nuevas marchas a nivel nacional. Esta nueva forma de denuncia ha servido para que se hable del flagelo a través de los medios de comunicación y se repique institucionalmente. Sin embargo, la base cultural ciudadana se sustenta en las distintas visiones basadas en la violencia simbólica o no y ese cambio parece, por ahora, lejano.