Opinion | 09 Nov En su página web, la embajada de Estados Unidos señaló que el gobierno uruguayo “no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas” y junto a otras organizaciones sostienen que Uruguay es un país de origen, tránsito y destino para las víctimas de trabajo forzoso y trata con fines de explotación sexual. No obstante, reconocen que ha descendido la cantidad de mujeres explotadas en el exterior pero se registran dominicanas y en menor medida provenientes de otras naciones suramericanas, que son sometidas sexualmente en el país.
A esto se suman los extranjeros obligados a cumplir tareas en el servicio doméstico, agricultura, procesamiento de la madera o construcción, bajo apremios físicos y verbales que se encuentran en tránsito y de camino hacia otros destinos.
A pesar del aumento de los procesamientos y asistencia a las víctimas, resta una protocolización, visibilización comunitaria y adecuación presupuestaria, para cercar aún más este flagelo que no aparece claro en Uruguay, donde es legal el ejercicio de la prostitución y a veces suele confundirse.
En tal sentido, la comisión especial para el análisis de la problemática –creada en el Parlamento-- comenzó a analizar un anteproyecto de ley para la prevención y combate de la trata de personas. En todo caso, se hace imprescindible su definición y explicación para que adquiera una mayor percepción en la ciudadanía.
De hecho, las organizaciones sociales que trabajan en el tema definen las tres etapas en que se desarrolla la trata y explotación, con la captación a través de una promesa de mejoras de índole personal, la segunda se define con el traslado, y la tercera cuando llega al sitio de destino y la víctima no encuentra las condiciones prometidas.
El análisis a nivel parlamentario, recién ubica al país en el camino trazado en línea con el Protocolo contra la Trata de Personas, que la ONU definió en el año 2000, con miras a la penalización de las redes fuertemente afincadas en el continente a través de condenas severas y un incremento en la capacitación de los distintos actores de una cadena que se activará en función de un servicio estandarizado, que efectuará las derivaciones en tiempo y forma.
Las estadísticas --en estos casos-- plasmarán los esfuerzos por identificar a víctimas y victimarios, reducirán las demandas y expondrán el tema en la opinión pública, al tiempo que la comisión parlamentaria se abocará a la creación de nuevas normas, donde especificará que se prohíbe la totalidad de las formas de trata.
Los organismos pertinentes se enfocan en la desnaturalización de un fenómeno que se registra con mayor frecuencia en las zonas fronterizas, bajo un comportamiento social tendiente a la culpabilización de las víctimas, que –en definitiva-- resta responsabilidad a los mayores abusadores y a las redes de tráfico, ya instaladas en el país. El director general del Ministerio del Interior, Charles Carrera, aseguró que unos 600 efectivos cuentan con la capacitación necesaria para enfrentar en forma precoz el problema que se ha distribuido en un país pequeño, pero concentrado en determinadas áreas.
Hoy, los datos sobre la mesa son corrientes y ya no provocan la alarma que generó “El huevo de la serpiente”, escrito por la periodista María Urruzola en 1992, cuya investigación desnudó una extensa operación con redes que involucraban a “peces gordos” e información que alertaba de una problemática que en Uruguay parecía que pasaba por el costado y sin mayores afectaciones.
Después supimos que con la trata de personas se vincula a la explotación sexual, a trabajos forzosos y hasta la venta de órganos que, si bien no se ha detectado en Uruguay, se confirma en otros países. Por eso es necesaria una ley integral que permita detectar las debilidades de un sistema acostumbrado a impartir justicia basada en otras definiciones, cuyas penalizaciones resultan más laxas, en función de este delito. El ministerio del Interior cuenta en su plan de acción hacia el 2020 con una adecuación de sus protocolos de investigación criminal, y en uno de sus capítulos se refiere a las víctimas de trata.
Paralelamente, el delito de explotación sexual de menores comienza a correr su telón y demuestra que uno de cada cuatro tiene menos de 12 años. Las situaciones de vulnerabilidad llevan a que el 58% de los casos se desempeñen diariamente o semanalmente en cualquier lugar, a cambio de ropa o una recarga del celular porque su cuerpo es lo único que tienen para ofrecer. Esta realidad involucra a unos 650 niños, según datos de Gurises Unidos y el Instituto de Estadística de la Universidad de la República. En su mayoría son mujeres y de acuerdo a la edad descripta anteriormente, se habla de un problema de género y generaciones porque habrá un adulto detrás que fomenta el abuso o simplemente mira para otro lado. Por eso, en estos casos particularmente no se refiere a grandes redes sino a cualquiera que se aproveche de su situación de vulnerabilidad.
Las ONG han generado un gran movimiento desde hace años para posicionar estos asuntos como las grandes debilidades de un sistema que se ha vuelto perverso y en ocasiones actúa como un “tratante” más, ante la violencia institucional que opera con una revictimización de los afectados. No obstante, se deberá reconocer que la actuación sobre estas problemáticas afectará a fuertes intereses, y allí se requerirá de una mayor fortaleza institucional y compromisos de acciones con mayor músculo político para detener el agravamiento del problema, en un país con un régimen de fronteras muy abiertas. Asimismo, la unificación de criterios y una atención igualitaria de las víctimas residentes en el interior del país, permitirá obtener una correcta mirada de equidad para un delito que –también-- es de lesa humanidad.