Opinion | 10 Nov En los últimos años han sido notorios los avances en materia de consolidación de las áreas protegidas del país, no sólo a través de la incorporación de nuevas áreas en diversos lugares del territorio nacional sino también con el establecimiento de vínculos con las comunidades locales y el trabajo de puesta en marcha de planes de gestión.
Desde hace ocho años el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) se ha venido consolidando como una herramienta fundamental para la conservación de los ambientes naturales. De acuerdo a datos oficiales, un total de 279.516 mil hectáreas del territorio nacional forman parte de este sistema, lo que significa que más del 70% de los paisajes de Uruguay, incluyendo las superficies terrestres y marina, se encuentran bajo distintas formas de amparo de la biodiversidad, lo que contribuye a la conservación de ecosistemas y especies prioritarias amenazadas.
Con el ingreso en 2015 de Esteros y Algarrobales del Río Uruguay son 14 las áreas protegidas del país, existiendo además las de Humedales de Santa Lucía, Montes del Queguay, Laguna de Garzón, Grutas del Palacio, Rincón de Franquía, Cerro Verde e Islas de la Coronilla, Laguna de Rocha, San Miguel, Localidad rupestre de Chamangá, Valle del Lunarejo, Cabo Polonio, Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay y Quebrada de los Cuervos.
Una de las principales herramientas de gestión definidas por el Sistema, para alcanzar los objetivos trazados a nivel de territorio, es la elaboración de planes de manejo para las distintas áreas. Se trata de un instrumento que requiere un proceso de elaboración conjunta, así como un esfuerzo de llegar acuerdos y alinear los intereses dentro de las áreas, para definir las acciones a seguir en cada una de ellas.
Según la información provista por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, hasta el momento se han aprobado tres planes de manejo: para Quebrada de los Cuervos, Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay y Laguna de Rocha, a los que en breve se le sumará Valle del Lunarejo. A su vez, se trabaja intensamente en la elaboración de los planes para Cabo Polonio, San Miguel, Cerro Verde y Chamangá.
Otro avance para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas fue al conformación de Comisiones Asesoras Específicas (CAE) en la mayoría de las áreas, como ámbitos de participación para el asesoramiento, promoción, seguimiento y control de la gestión del área protegida.
Asimismo, para asegurar la custodia de estos espacios, a fines de 2015 y luego de un largo proceso, se logró la aprobación por parte del Poder Ejecutivo, del reglamento del Cuerpo Nacional de Guardaparques. Este nuevo reglamento define el rol de los guardaparques en la gestión de las áreas protegidas, básicamente vinculado al contralor y custodia de estas zonas, ubicándose en la primera línea de acción dentro en el territorio. A su vez, establece que su trabajo debe contribuir a alcanzar los objetivos de conservación establecidos por el SNAP.
El andamiaje que sostiene el SNAP requiere de la inversión pública y también ha tenido colaboración externa. El sistema, liderado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y que integra a una diversidad de actores del sector público, privado y de la sociedad civil, cuenta con un presupuesto que fue ampliado recientemente y que también tiene aportes de la cooperación internacional (multilateral, española, francesa y descentralizada). Los aportes provienen del presupuesto del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales involucrados, recursos generados en las áreas y cooperación internacional que aporta fondos y asistencia técnica como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
En tanto, las áreas también están comenzando a generar recursos, transformándose en una oportunidad para las comunidades locales en lo que respecta a oportunidades de recreación, el turismo, educación, la investigación científica y el desarrollo de actividades productivas compatibles con la conservación.
En este sentido, el turismo alternativo, que apuesta a la sustentabilidad y la revalorización de las identidades locales, tiene una gran posibilidad de desarrollo en las diferentes áreas protegidas. Esto, debe realizarse necesariamente de una forma planificada y consensuada con las comunidades, evitando altas concentraciones de visitantes que puedan afectarlas.
Ya sea un ambiente de sierras, de río, mar, arenales o campo quienes visitan las áreas protegidas pueden además de disfrutar y conocer la naturaleza y las diferentes manifestaciones culturales asociadas a ellas, llevar adelante sus acciones con el menor impacto posible sobre los recursos naturales.
Según el Mvotma, en Uruguay la cantidad de visitantes en las áreas es variada, oscilando de un mínimo de cien a un máximo de 90 mil visitantes anuales. Hay lugares con bajo volumen de visitantes durante todo el año y otros que concentran visitas en una determinada época, lo cual genera que la presión sobre los recursos naturales sea de particular cuidado, lo que está obligando a revistar y tomar nuevas definiciones para el cuidado del territorio y sus ecosistemas asociados.
En ocho años recién cumplidos, el SNAP se consolidó como una herramienta clave en la conservación de nuestros ambientes naturales, que genera una serie de oportunidades y desafíos. El matrimonio conveniente pero complejo entre áreas protegidas y turismo quizá sea uno de los mayores y la participación activa de las comunidades, constituye otro desafío importante. De todas formas existen una serie de sinergias que sería bueno seguir explorando, fundamentalmente a través de herramientas de desarrollo y participación local con criterio de sustentabilidad ambiental y en el tiempo.