Opinion | 16 Nov A fines de octubre, la Federación de Funcionarios de Salud Pública decidió archivar una auditoría interna por irregularidades millonarias y descartó el reclamo de los sindicalistas que pidieron elevar la denuncia al Juzgado de Crimen Organizado.
El trabajo de la auditoría comenzó a mediados de 2014, tras el procesamiento del exdirigente Alfredo Silva por cohecho y conjunción, en maniobras con empresas tercerizadas.
Los dirigentes pertenecientes a las listas opositoras dentro del consejo gremial, criticaron que se hiciera “borrón y cuenta nueva”, mientras que el actual director de ASSE en representación de los trabajadores, Pablo Cabrera --quien integraba la directiva junto a Silva-- publicó un comunicado donde anunció “el cierre de un tema tan delicado y doloroso”.
Mientras que el presidente de la federación, Martín Pereira, dijo “de esto” no habla, otros integrantes que responden a sectores minoritarios reclamaron la actuación de la Justicia y la creación de una comisión de ética y transparencia. Pero todo fue descartado.
La auditoría resultó implacable: Silva recibió más de un millón y medio de pesos para gastos de representación sindical, mientras cobraba un salario de $ 100.000 como director de ASSE. Paralelamente, cuando comenzaron las investigaciones, el sindicato pagó honorarios al abogado defensor del exdirigente por más de 260.000 pesos. En viáticos gastaron más de 280.000 pesos sin ningún justificativo a la vista, con la excepción de un comprobante por $25.000 de un viaje de Pereira y la dirigente Beatriz Fajián, que nunca se realizó.
A esto se suman unos recibos correspondientes a unos 57.000 pesos, pero otros 260.000 pesos se gastaron sin saber de qué manera, además de una dudosa administración de la colonia de vacaciones que la federación tiene en Punta Ballena. Después aparecen gastos en un supermercado por más de cuatro millones de pesos y más de un millón en cotillón, que según Cabrera se usaba en las marchas.
Para tener una idea de lo que hablamos, hace unos años la federación tenía una cifra variable de 14.000 afiliados, que abonaban el 1,2% de su salario. Se calculaba que mensualmente ingresaban U$S 250.000 que se gastaban “todo”, según Cabrera, porque es un sindicato con infraestructura en Montevideo e Interior, con cabañas de recreo, un hogar residencial para los funcionarios que llegan a la capital desde distintas localidades, la sede central, una casa del estudiante y la colonia de vacaciones mencionada. Se debe agregar al personal afectado a las tareas de mantenimiento y asesores jurídicos, que cierran un presupuesto de importantes características.
Pero este no fue el único caso, si se recuerdan las irregularidades financieras en el sindicato del Automóvil Club o el desfasaje denunciado en el sindicato del Instituto Nacional de la Alimentación (INDA).Claro que existen otros casos, donde los trabajadores intentan arreglar los desfalcos puertas adentro y soportan en silencio algunos hechos que determinan enfrentamientos internos.
Tanto como ocurrió con la FFSP, el gremio del INDA a nivel nacional ha sufrido bajas en sus afiliaciones y en la totalidad de los casos investigados. Se trata de comprobar las irregularidades existentes en el manejo del dinero y en la mayoría de los casos hay dificultades en su dilucidación.
Paralelamente, en Maldonado, el intendente Enrique Antía dispuso una investigación administrativa sobre la cesión de un predio y una fuerte suma de dinero al Instituto Cuesta Duarte del Pit Cnt y la entrega de 10 millones de dólares al sindicato Fuecys para que se encargue de la limpieza de los espacios públicos de aquella ciudad. En este caso, se radicaron tres denuncias en el Juzgado de Crimen Organizado, una de los cuales revela la “expedición de documentos públicos falsos”, de acuerdo con el informe de una auditoría. En referencia al contrato con Fuecys para la ejecución de tareas en los espacios públicos, la Intendencia otorgó más de 11 millones de dólares, en régimen de donación modal, sin la emisión de facturas a la vista, que según Antía son la causa de los juicios que enfrenta la comuna fernandina por los contratados. Es llamativo que cada vez que se habla de conciencia de clase, surja en la interna de algunos gremios la necesidad de “dar vuelta la página” tan rápidamente como se pueda en algunas cuestiones no resueltas por la justicia, ni se amerite a una investigación basada en las irregularidades del manejo de dinero que proviene del bolsillo de los propios trabajadores. Parece que la conciencia de clase tuviera límites y, a pesar del procesamiento de Silva y su anulación de la vida pública, existen otros casos de apañamiento y protección so pena de desvelar otras situaciones aún más graves.
¿Esa es la razón del bajo o escaso acatamiento que tienen los paros promovidos desde algunos sectores? O peor aún, ¿todavía quedan situaciones inconclusas, pero mejor “no hablar de ciertas cosas”? ¿Qué le depara al trabajador que sinceramente cree en la lucha de clases, tal como se planteaba en la historia de los movimientos sindicales? Ante estos casos, ¿dónde se encuentra el enemigo? Y una vez que se descubre, ¿hay una individualización del culpable, o nuevamente –y tal como ha ocurrido en incontables oportunidades-- accedemos a la socialización del problema porque “somos todos”? A todo esto se debe sumar el perjuicio que provoca al contribuyente la paralización de determinados servicios por tiempo prolongado, cuya dudosa base de reclamaciones quedan expuestos de manera bochornosa al final de los acuerdos, tal como ocurrió en el conflicto del gas.
Paralelamente, la filosofía del barrido puertas adentro seguramente no genere una sana convivencia entre pares y el discurso políticamente correcto hacia la clase trabajadora quede hemipléjico. El problema es que esa renguera arrastra a todos y la generalización será la ficha que caerá implacable.
En setiembre, la empresa Factum publicó su encuesta de opinión basada en la confianza que los uruguayos tienen en las instituciones y allí se observó un ascenso de las Fuerzas Armadas y la Policía. Sin embargo, los dos últimos lugares son ocupados por los sindicatos y los partidos políticos.
Más allá de que se trate de una consultora privada, y a pesar de los cuestionamientos subyacentes de los afectados, los académicos que analizaron sus resultados reconocieron que los mismos coinciden con otros estudios internacionales.
La conciencia clasista no es un objetivo que atesore la mayoría, de lo contrario, los actos emblemáticos como el 1º de Mayo, a nivel nacional, debería ser multitudinarios. Sin embargo, cabe cuestionarse si el feriado resulta más atractivo para quedarse en casa o es que los referentes mantienen una escasa convocatoria.