Opinion | 18 Nov Este viernes la ciudad de Concordia, Entre Ríos, será sede de la segunda y última sesión plenaria del Comité Binacional de la Hidrovía del Río Uruguay, uno de los foros que se han generado con el fin de reactivar el río Uruguay como instrumento de desarrollo y también como eje de una integración que hasta ahora en gran medida ha quedado en la retórica de los discursos presidenciales y en los de jerarquías de organismos binacionales, pero con relativa confirmación en los hechos.
En este caso puntual, bajo la presidencia interina del intendente sanducero, Guillermo Caraballo, la agenda incluye avanzar en el punto 9 de la declaración final del último plenario, que tuvo lugar hace seis meses en Paysandú, que estableció entre sus objetivos y prioridades avanzar en la institucionalización del comité, encomendando a la presidencia pro témpore la realización de estudios específicos, así como el seguimiento de los planes de trabajo acordados, lo que incluye que el comité sea integrado oficialmente como organismo a los gobiernos de Uruguay y Argentina.
Un propósito que tiene que ver con la necesidad de encontrar un ámbito de canalización de planteos e inquietudes hacia gobiernos de ambas orillas que son marcadamente centralistas, que es un mal crónico por estas latitudes, y que explica en gran medida, entre otros factores, que el río Uruguay haya quedado olvidado por décadas y que recién en los últimos diez a quince años haya recibido la atención que se había dispersado hacia otras áreas durante mucho, demasiado tiempo.
Y en lo que refiere a la coordinación, es impensable que pueda lograrse alguno de los objetivos que persiguen las fuerzas vivas de ambas orillas si a la vez no existe una interacción fluida entre los organismos binacionales con competencia en esta problemática, como es el caso de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), así como la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, porque no solo se trata de administración y burocracia potenciada por tratarse de ámbitos binacionales, desde que el río Uruguay no es solo cuestión de navegabilidad para sacar y recibir mercadería de gran volumen, como las materias primas, sino también producción de hidroelectricidad y eje de grandes corrientes turísticas y explotación de áreas de esparcimiento, solo por mencionar los ámbitos de acción más conocidos y que presentan entre sí muchas veces determinadas incompatibilidades.
Un aspecto que debe conciliarse es el de contar con reservas de agua para generar hidroelectricidad, y lograr un equilibrio siempre difícil entre hidraulicidad y los niveles del río cuando nos enfrentamos a sequías o inundaciones, desde que están en juego aspectos como la navegabilidad, el uso de playas, la generación energética, a partir de manejo de las esclusas de la represa binacional.
Es decir que entre objetivos comunes a balancear, también figuran los intereses sectoriales y la afectación del curso, sin olvidar la presencia de elementos contaminantes, entre una serie de valores hacia los que es preciso tener una mirada global y particular, evaluando las eventuales consecuencias en una y otra orilla y muchas veces, a la hora de las encrucijadas, optar por el mal menor.
Igualmente, pese a los desafíos, las carencias, los errores y los logros, el saldo de los últimos tres lustros ha sido alentador, más allá del desentendimiento promovido por activistas de Gualeguaychú con la complicidad de las administraciones kirchneristas sobre la mentada contaminación de la planta de UPM-Botnia.
Entre los logros alcanzados y en vías de dilucidación no puede soslayarse que se ha acordado y puesto en marcha un plan integral de dragado y balizamiento del río Uruguay a través de CARU, que entre otros mojones ha tenido en las últimas horas la firma del contrato entre la empresa belga Jan de Nul y el organismo binacional para la apertura del Canal de Casa Blanca y la profundización del Paso Montaña, ambos de suelos duros y que no pueden ser trabajados con dragas de succión.
Seguramente a partir del próximo año, una vez culminados estos trabajos y en forma simultánea se continúe con los previstos por el proyecto en otros tramos, habrá zonas críticas que dejarán de ser obstáculos para la navegación en determinados períodos, y el canal de Casa Blanca hasta Paysandú, largamente reclamado por su carácter autodepurante, permitirá llegar en toda condición hasta la terminal portuaria de la ANP, lo que no quita igualmente que en forma paralela en un futuro cercano, como esperamos, inversores privados se interesen en construir un puerto de ultramar en la propia zona de Casa Blanca, que no depende de este canal.
Otro elemento positivo ha sido evidentemente la decisión del gobierno de Mauricio Macri de dejar sin efecto la resolución que impedía el trasbordo de cargas argentinas en puertos uruguayos, y en esta zona la primera consecuencia visible ha sido la puesta en marcha en carácter exploratorio de la complementación de cargas de contenedores entre los puertos de Concepción del Uruguay y Paysandú a través del buque “Provincias Unidas”, a cuenta de nuevos avances en esta dirección que podría dar lugar a la captación de cargas procedentes de Paraguay, para establecer un nodo logístico que sería un factor diferencial de imprevisibles consecuencias para la región.
Y más allá de grandes temas en resolución, hay todavía aspectos pendientes en la integración, que son a menudo las pequeñas grandes cosas que hacen a la sumatoria de este proceso, que lo tenemos en el debe desde hace muchos años, generalmente por impedimentos burocráticos cuya existencia de vez en cuando se “descubre” desde los ámbitos nacionales de decisión, que por regla general pecan de que desde un escritorio lejano solo se piensa en establecer requisitos y barreras en lugar de buscar la practicidad en el intercambio, la complementación y la interacción sobre todo desde el punto de vista cultural, turístico y comercial.
Para ello es necesario avanzar en uno de los aspectos en que se pone énfasis en la agenda de esta nueva reunión del Comité del Hidrovía del Río Uruguay, es decir que desde los ámbitos locales de una y otra orilla se pueda trasladar directamente al poder central y a los organismos que de él dependen las materias pendientes y a las que es preciso dar volumen y soluciones en el marco de la coordinación estratégica.