Locales | 23 Nov El informe “Revisión de recursos educativos: Uruguay”, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y divulgado ayer por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) --que coordinó los trabajos del organismo internacional en el país--, brindó un panorama poco alentador sobre el manejo de la educación, donde no está claro quién es el responsable de definir la política educativa y de su implementación, de los resultados que se obtengan y que su estructura se encuentra fragmentada.
Esto sucede por la “ambigüedad de roles entre el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y los consejos desconcentrados, que hace que las líneas de responsabilidad no estén claramente delimitadas”, indicó el reporte. Además, la estructura de la gobernanza se encuentra “altamente fragmentada”, con cada consejo educativo funcionando en un subsistema de forma “independiente” respecto a los demás. “Al mismo tiempo, la gobernanza educativa está muy centralizada, lo que permite muy poca autonomía tanto a nivel de departamentos como de centros educativos”, añadió.
La OCDE subrayó que el modelo uruguayo de inspección educativa está limitado en cuanto al grado en que apoya el desarrollo educativo. “Los inspectores tienden a concentrarse más en el control y el cumplimiento, y las evaluaciones se realizan a nivel individual, en lugar de cubrir el centro en su conjunto”, criticó.
El organismo internacional recomendó para la educación --que se ubica en el ojo de la tormenta al presentar escasos resultados-- concentrar la responsabilidad principal y la rendición de cuentas en un solo órgano que dirija la política educativa nacional y el más adecuado sería el Codicen. A su vez, reclamó buscar formas para dotar de mayor autonomía a los centros educativos y a los niveles inferiores de gobierno para “permitirles promover mejoras en la enseñanza”.
Se mencionó la importancia de pagarles bien a los maestros y docentes, y de fomentar su desarrollo profesional. “Hay necesidad de fomentar y apoyar a los centros para que lleven a cabo planes de mejora y procesos de autoevaluación. Si bien los directores sacan provecho de un marco laboral establecido, su potencial de liderazgo pedagógico no está lo suficientemente reconocido. Uruguay debería consolidar un marco de competencias para ellos, revaluar sus niveles actuales de remuneración, mejorar la calidad de su formación, ofrecerles más oportunidades de desarrollo profesional y ampliar los criterios de selección”, enfatizó la OCDE.

LA FINANCIACIÓN
DE LA EDUCACIÓN
El organismo destacó que el financiamiento público a la educación se expandió “significativamente” durante los últimos años, con un aumento del gasto en este rubro de 10% en promedio entre 2004 y 2013, por lo que reconoció un esfuerzo de las autoridades para aumentar los recursos educativos. Sin embargo, el gasto público en educación sigue considerablemente por debajo del promedio de la OCDE y debajo del gasto equivalente en otros países de América Latina. Además, “si bien el proceso presupuestario multianual permite planificar a mediano plazo, la preparación del presupuesto no es estratégica”.
En términos de distribución, la OCDE observó que carece de transparencia, al no hacerse públicos los parámetros que definen el fundamento de ese reparto. “No hay información disponible sobre los recursos que se asignan a cada centro. Además, el personal adicional designado a los centros educativos depende del asesoramiento subjetivo de los inspectores”, detalló el informe.
La OCDE recalcó que en Uruguay no es habitual que se realicen análisis del impacto de los recursos financieros en los logros académicos y no se destinan suficientes recursos para los procedimientos de auditoría. “En general, se carece de análisis de costo-beneficio de las diferentes políticas y programas educativos”.
Entre las recomendaciones sobre este punto, el organismo cree que el gobierno uruguayo debería continuar realizando esfuerzos para aumentar la cantidad invertida en educación, en términos reales y como porcentaje del PBI; esto debería ir de la mano del aumento de las horas de clase en enseñanza primaria, la expansión de la educación media, el crecimiento de la educación en primera infancia e inicial y el aumento de los salarios de los docentes y de los directores de los centros.
La OCDE pidió, en ese sentido, garantizar una mayor eficiencia dentro del presupuesto existente, que podría traducirse en disminuir las tasas de abandono en educación media, reducir las tasas de repetición, rever la existencia de muchos centros educativos pequeños, mejorar la designación de docentes y aumentar las tasas de culminación de formación docente inicial. Al mismo tiempo, se debería fortalecer el monitoreo del uso de los recursos públicos en educación.

LA PROFESIÓN DOCENTE
El estudio prosiguió con el análisis de la profesión docente, sobre la que aseveró que el gobierno uruguayo ha realizado esfuerzos por mejorar las condiciones de los maestros y profesores a través del incremento de los salarios. Pero esto no ha bastado. “El sistema educativo nacional carece de un marco nacional de competencias docentes; un planteo claro y conciso o un perfil de qué se espera que sepan y puedan hacer”, indicó. La OCDE aquí resultó ser particularmente dura: la formación inicial de los educadores presenta tasas de culminación muy bajas; la concepción de la labor docente en Uruguay, que asocia fundamentalmente la remuneración con la carga de horas de docencia directa, no reconoce otras actividades que no sean la de enseñar en el aula; la contratación y la distribución de educadores son muy ineficientes y la compensación de los docentes carece de una estructura; si bien se llevan a cabo evaluaciones a los docentes, es limitada su capacidad de aportarles comentarios útiles para su desarrollo profesional, ya que parecen centrarse en aspectos formales, tales como la puntualidad, en lugar de las competencias docentes reales.
El organismo internacional sugirió, para salir de ese estancamiento, desarrollar un marco de competencias para la profesión; mejorar la formación inicial de los educadores y su estatus profesional; actualizar la conceptualización de la labor de los educadores para que se tengan en cuenta todas las actividades que realizan y no solo la enseñanza en el salón de clases; generar una estructura de carrera relacionada con un proceso de certificación; repensar el sistema de contratación y distribución de docentes; y fortalecer las evaluaciones realizadas en los centros con fines formativos, así como mejorar la oferta de oportunidades de desarrollo profesional.