Opinion | 25 Nov La presión por el envejecimiento poblacional, aunque con diferencias entre regiones y países de acuerdo con la pirámide demográfica, implica consecuencias desde diversos ángulos. Entre otras repercusiones que conlleva el logro de una mayor expectativa de vida, en el caso de nuestro país figuran las exigencias sobre el Banco de Previsión Social, que se agudizarán en pocos años en cuanto a las condiciones para seguir pagando prestaciones.
Ello trae aparejado desafíos de gran magnitud, sobre todo en lo que refiere a recursos financieros, pero en términos de seguridad social, de servicios, de preservación de calidad de vida, habrá exigencias adicionales que deben evaluarse desde ya, por cuanto sus condicionantes se proyectan en el mediano y largo plazo, y eventualmente en el corto plazo.
Es que la estructura demográfica del país --caracterizada por una población envejecida, casi al nivel de los países desarrollados pero sin una economía ni servicios acordes-- además de variables de la economía, harán que el Banco de Previsión Social (BPS) en pocos lustros o décadas requiera una asistencia de fondos estatales muchas veces mayor a la actual.
De acuerdo con un informe de la Asesoría General de Seguridad Social del BPS, las proyecciones indican que para mantener los niveles actuales de prestaciones a mediados de siglo, el aporte de Rentas Generales (desde el Estado) por encima de la recaudación del BPS para poder hacer frente a las pasividades deberá ser 2,5% del Producto Bruto Interno (PBI), cuando actualmente es del orden 0,25 del PBI.
En este contexto, un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señaló que Uruguay es el país que más dinero destina a pagar jubilaciones a partir del volumen de su economía en el subcontinente, con un 8,2% del PBI, contra Brasil con un 6,8% y Argentina con un 6,4%.
Igualmente, los escenarios dependen de las coyunturas, sobre todo en nuestro subcontinente latinoamericano, y en este contexto las autoridades del BPS consideran que las finanzas de la institución han mejorado notoriamente en los últimos diez años, básicamente por el crecimiento de los ingresos. Ello responde a que hay más cotizantes (más gente trabajando y aportando) y un aumento del salario medio de cotización.
En el mismo período ha aumentado la cobertura, si se tiene en cuenta que hoy en día 98% de los mayores de 65 años tienen una jubilación o pensión, subieron los egresos del banco por el pago de jubilaciones --que son 75% de la salida de caja-- y por el pago de otras prestaciones.
Otro elemento a tener en cuenta refiere a que entre los años 1999 y 2001 la contribución que recibía el organismo correspondía a 4% del PBI, lo que contrasta con los porcentajes actuales, pero el reto pasa por mantener esa cobertura en forma sostenible financieramente en el mediano y largo plazo.
Objetivamente, los datos indican que en Uruguay las tasas de mortalidad descienden y aumenta la esperanza de vida, lo que responde a una tendencia mundial, aunque con la salvedad de que mientras en los países emergentes y del tercer mundo hay una alta tasa de natalidad, no ocurre lo mismo en el mundo desarrollado y tampoco en Uruguay. Tenemos por un lado dos aspectos indeseables en la ecuación: una economía pequeña y las exigencias que plantea en cuanto a recursos el aumento de la expectativa de vida, que requiere servicios más caros y demandantes. Este desafío de cobertura sostenible en el tiempo hace que el sistema sea más costoso desde el punto de vista financiero, conjugado con el hecho de que en Uruguay la tasa de natalidad sigue decreciendo, lo que tampoco ayuda al sistema previsional, porque indica que hay menos población activa para solventar las prestaciones de un creciente porcentaje de pasividades.
Pese a esto, el informe estimó que se espera una situación relativamente estable por algunas décadas y que no se requerirán mayores apoyos del Estado al sistema previsional, pero que para mediados de siglo el peso de la demografía hará que el apoyo a la previsión social sea de 2,5% del PBI, según los cálculos de la Asesoría General de la Seguridad Social.
Pero las proyecciones a tan largo plazo, sobre la base de parámetros actuales, dejan demasiados huecos a ser llenados en un período de décadas, y por lo tanto deben tomarse con pinzas, porque la economía tiene ciclos que resultan imposibles de prever. La alta imprevisibilidad deja sin sustento técnico a las estimaciones que se hacen para un período demasiado extenso en un país tan vulnerable y dependiente como Uruguay.
Naturalmente, esta problemática es tan compleja que debe ser motivo de atención para todos los involucrados, y no solo para el gobierno y los organismos previsionales, aunque son los directamente interesados en seguir de cerca la evolución de los acontecimientos y, en lo posible, actuar con la antelación debida ante fenómenos que no se precipitan de un momento para otro, pero que sí reflejan tendencias que no son fáciles de revertir en el corto plazo.
Las soluciones eventuales no generan réditos políticos ni tampoco presiones inmediatas de solución, y ello es a la vez prohijado por una idiosincrasia que tiende a dejar las cosas para último momento, en lugar de generarse una cultura previsora.
Así, los representantes del gobierno en el BPS ven ese escenario como un asunto a atender pero lo manejan sin dramatismo porque además están de por medio decisiones que deberían adoptarse con tiempo, y que no van a ser simpáticas, como por ejemplo analizar la posibilidad de postergar la edad de retiro o medidas similares para restar exigencias al sistema previsional.
Pero ante la incertidumbre que implica que una cosa es sostener el sistema con aportes en un período de bonanza y otro hacerlo en una meseta o período de crisis, como ha ocurrido, debe llegarse a un proyecto para generar equilibrios a mediano y largo plazo, por encima de avatares.
Para ello debe contarse con una amplia base de apoyo desde todos los sectores, sobre todo de organizaciones sociales, del gobierno, de técnicos y de los actores involucrados, porque cuando las cosas se vienen encima y aparecen como irreversibles, las decisiones son traumáticas y suelen afectar en mayor medida siempre a los que se ha dicho defender, solo postergando las decisiones que implican costos políticos.