Opinion | 21 Nov El controvertido proceso de regulación y producción de la marihuana dio otro paso con la habilitación del tipo de cannabis que se venderá en Uruguay, a través de una cadena de farmacias. La cautela, ante un asunto heredado que requiere pie de plomo bajo la administración de un presidente poco afín a este tema, se manifiesta en las reacciones y resoluciones lentas.
El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) determinó la calidad, el tipo y grado psicoativo del producto que se venderá en el mercado, cuyos consumidores estarán habilitados a adquirir hasta 40 gramos al mes.
El problema principal se encuentra en el sistema de distribución, en tanto los integrantes de las asociaciones de farmacias han expuesto dificultades operativas y riesgos para formar parte del plan. Además, otras dos maneras para que los consumidores obtengan la marihuana será a través de los clubes de cannabicultores o el autocultivo, ambos bajo registro oficial.
Según el gobierno, con esta iniciativa disminuirá el tráfico ilegal, existirán menos riesgos sanitarios y se contará con el ingreso de divisas para el Estado, al tiempo que paralelamente desarrollará campañas públicas para desalentar su uso e informar sobre los riesgos.
El exsecretario de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, es un convencido de que esta medida le arrebató el negocio al narcotráfico para pasarlo al Estado y que la citada regulación es una estrategia para la reducción de daños. Hasta el momento, unos 6.000 uruguayos aceptaron su inscripción en el registro de autocultivadores y su membresía a los clubes que ya producen, mientras se encuentran en su segunda cosecha. Sin embargo, resta por instrumentar la tercera parte de este esquema que refiere a la inspección.
Según Romani, la cantidad de dinero que se maneja en el consumo de marihuana oscila entre $15 millones y $20 millones anuales, no obstante algunas inversiones plantean un incremento de hasta $30 millones para la marihuana medicinal. Y, en su opinión, hace falta batallar aún más si se decidiera por la regulación del consumo de la cocaína.
Pero como existe un mundo de realidades paralelas, al menos en Uruguay las cifras prácticas demuestran otro perfil: la producción del cannabis legal abastecerá solamente al 25% de los consumidores habituales, cuando ya pasaron tres años de la ley aprobada en el Parlamento. En principio, el gobierno firmó acuerdos con tres gremios de farmacias, pero estas asociaciones representan el 60% de la totalidad de las farmacias existentes en el país.
La demanda propiamente dicha asciende a 44 toneladas anuales --si se hace caso a los patrones de consumo que demuestran las encuestas realizadas por el Estado, a cargo de la Universidad de la República-- sin embargo, las modalidades previstas en la ley que refiere al autocultivo, los clubes y licitantes, suman 7 toneladas anuales.
El Poder Ejecutivo aún no puso en funcionamiento las redes de venta a través de las farmacias –que ganarían unos U$S 2.000 al mes--, donde los usuarios pueden comprar hasta 10 gramos por semana, por lo tanto, los dos consorcios privados que licitaron la producción de cuatro toneladas por año aún no han podido venderla.
La falta de practicidad o desconocimiento de una realidad dificultó la territorialización de una medida, donde quisieron incluir a privados, pero se encontraron con una cautela mayor a pesar de los discursos de confianza. Incluso los consumidores proponen hasta en las redes sociales la instrumentación de dispensarios propios del Estado para resolver la venta de un producto que, además, no cubrirá la demanda y cuya calidad tendrá entre 2% y 3% de THC. Se sabe que ese porcentaje es menos de la mitad del nivel detectado en las muestras de marihuana prensada que la Policía incautó al narcotráfico.
Por eso urge la gran pregunta: ¿de verdad se combatirá al narcotráfico y se usurpará la venta a la bocas ilegales? Porque además, las farmacias son reacias a participar en el Interior y una de las cadenas de estos comercios no tiene locales en todos los departamentos, por lo que varios lugares se quedarían sin oferta. Paralelamente las demoras implicaron inversiones y costos adicionales que seguramente se trasladarán a la venta final, sin dejar de mencionar el tipo de cambio vigente al momento de la primera transacción o el envoltorio exigido por el gobierno, que resulta casi tan caro como el producto.
Como si todo esto fuera poco, se debe incorporar el sistema de traslado de la marihuana hacia las farmacias. Las medidas de seguridad dispuestas por el Ircca implicaban que los inversionistas tuvieran a su cargo el pago de un chofer profesional y un guardia armado. Las empresas se negaron y se resolvió que no se incorpore el personal de seguridad.
A pesar de la naturalización del problema de la inseguridad ciudadana por parte del gobierno, aquí cabe nuevamente otra pregunta: ¿circularán kilos de marihuana por barrios de la capital del país o zona metropolitana, además de las rutas con destino al interior, sin un guardia armado? ¿Cuál será el grado de tranquilidad que tendrá el conductor de ese vehículo y los transeúntes que acierten a pasar por el lugar ante un posible asalto?
O las dificultades que deberá resolver el sistema bancario uruguayo que, como cualquiera, opera con la banca internacional proveniente de países que prohíben el manejo de recursos obtenidos de la droga. Y en este caso, ¿cuál es la solución? ¿no otorgarle la posibilidad de transacciones bancarias a empresas o personas que participen en el mercado del cannabis, a pesar de la legalidad prevista en el país, para no incurrir en una ilegalidad mayor?
Por eso, los iluminados ya no aparecen en las tribunas a cuatro años y medio de surgir la idea del expresidente José Mujica, quien persiste e insiste en su idea “transformadora” de “sociedades consumistas” bajo el halo de un gurú internacional, con una audiencia que escucha lo que quiere que le digan.