Opinion | 23 Nov Unas treinta mujeres por día se ampararon en la Ley 18.987, de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y casi dos de cada diez eran menores de 19 años. Durante el año pasado se hicieron 9.362 abortos y eso significa un incremento del 10% con respecto a las cifras de 2014, cuando se realizaron 8.537. De ese total, el 99% utilizó el método farmacológico –con el uso de Misoprostol-- y el 1% restante fue quirúrgico, al tiempo que el 56% de los casos se registró en Montevideo y 44% en el Interior. Estos datos se han igualado en el último año, en tanto las mujeres provenientes de otras localidades concurrían a la capital del país para abortar, ante la fuerte carga social en su lugar de residencia. Asimismo, el 51% de los casos se atendieron en los centros de salud privados y el 49% en hospitales públicos.
El decreto reglamentario modificó algunos aspectos de la ley y estableció la consulta con el equipo multidisciplinario, conformado por ginecólogo y representantes del área social y salud mental, en tanto el proceso no finaliza con la interrupción propiamente dicha, sino que establece un lapso de diez días para un seguimiento sanitario de la usuaria, pero solo concurrió un 35%.
A partir de allí se activan otros aspectos vinculados a la promoción de la prevención de un embarazo no deseado, con la presentación de métodos anticonceptivos y, a raíz de esa nueva consulta, el 86% de las mujeres se retiró con algunos de ellos. En todo caso, la ley se instrumenta desde hace tres años y por lo tanto, no es posible hablar de una tendencia. Sin embargo, existe optimismo en las autoridades del Ministerio de Salud Pública en que se irá progresivamente hacia una meseta.
Recordemos que antes de la existencia de esta ley, desde el sistema sanitario se calculaba que anualmente se registraban entre 16.000 y 33.000 interrupciones voluntarias, pero esas cifras no se han confirmado debido a que pertenecían al circuito ilegal de abortos. Paralelamente, es imposible saber si las usuarias concurrieron a efectuarse más de un aborto desde la instrumentación de esta ley, porque no existen registros al respecto.
Aunque existe este amparo legal, desde la puesta en práctica de la IVE dos mujeres murieron en abortos clandestinos y por este hecho fueron procesadas cinco personas. Según Mujer y Salud Uruguay, “persisten problemas, desigualdades e injusticias” y recordó el caso de una niña de 11 años, que continuó con su embarazo como resultado de una violación de un hombre de 41 años, del cual afirmaba que estaba enamorada. A pesar del exhorto de la madre, a la niña no se le realizó la interrupción del embarazo y la Justicia resolvió enviar al violador a la cárcel y la continuación del embarazo.
Esta ley, que surgió tras una ardua discusión y votada durante la administración de José Mujica, deambuló un tiempo bajo el fantasma de la condena y el veto, tras la fuerte postura que mantuvo el presidente Tabaré Vázquez en su primer mandato. Las organizaciones feministas y un grupo de legisladores lograron la cantidad justa de voluntades, aunque se trató de una iniciativa por la que hubo negociaciones hasta el último momento.
Así, Uruguay se convirtió en diciembre de 2012 en el segundo país de América Latina en legislar sobre la interrupción voluntaria del embarazo, en las primeras 12 semanas de gestación. A mediados de 2013 fracasó un intento de convocatoria a un referéndum derogatorio de la ley, donde solo se logró el 8% del electoral, cuando se requiere el 25%.
En América Latina y el Caribe, el 10% de las muertes maternas corresponden a países donde el aborto está restringido pero igualmente se realiza en condiciones inseguras, y según cifras de 2014 alcanzaron a unas 44.000 mujeres. A esto se suman otras 76.000 atendidas por complicaciones derivadas de estas situaciones.
Aunque la iniciativa se promueve bajo la premisa de un derecho obtenido, las objeciones de conciencia limitan la instrumentación legal del procedimiento en algunos puntos del país. En 2015, la totalidad de los médicos ginecólogos en Salto se habían declarado objetores de conciencia, al tiempo que en Montevideo existen dos centros de salud religiosos –que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud-- que no practican ni asesoran al respecto. Si bien las mujeres están habilitadas a cambiar de institución, dicha decisión atrae problemas de confidencialidad.
Por otro lado, quedan excluidas las mujeres migrantes que no puedan acreditar un año de residencia en el país. Resta una investigación aún más profunda de la cantidad de abortos que se realizan en el ámbito ilegal ante la imposibilidad de una IVE dentro de los plazos establecidos legalmente y sus efectos, la distribución del Misoprostol y la posibilidad de su venta clandestina. En todo caso, las organizaciones sociales reclaman la instalación de esta figura en la reforma del Código Penal, porque aún constituye un delito.
Por eso, la educación sexual permanece como uno de los principales desafíos de la salud pública en Uruguay y, como prueba de eso, alcanzan las altas cifras de embarazo adolescente que ocurren por fuera de una planificación familiar. Los estudios de diferentes organismos coinciden en que actúa como una variable de impacto social y fuerte desigualdad, en tanto ocurre en los sectores más pobres de la población.
De acuerdo a datos del ministerio basados entre los años 2013 y 2014, de más de 106.500 mujeres adolescentes (entre 15 y 19 años), más de 9.700 fueron madres y eso significa el 9,2% del total. De acuerdo al territorio, el 7,2% de los casos corresponde a Montevideo y el 10,7% al Interior.
En ocasiones, no es fácilmente aceptable la instrumentación de políticas educativas basadas en la sexualidad en el ámbito formal de la educación que halla obstáculos de conciencia o tabúes, que difícilmente se desarraiguen en comunidades acostumbradas a naturalizar algunos hechos, pero desacostumbradas a instalar cuestiones sanitarias a partir de sus derechos.
El bagaje cultural nuevamente se instala como una barrera psicológica, en un país que ha logrado avanzar en determinados asuntos por encima de otros, aunque no lo note.