Opinion | 29 Nov Los graves incidentes registrados en el Estadio Centenario protagonizados por un grupo de “seudohinchas” --más bien delincuentes con camiseta de Peñarol, a los que lo que menos les importa es la suerte del equipo-- son una manifestación más y una de las consecuencias de una omisión muy grave del Ministerio del Interior, que tiene como eje la resistencia a ejercer la autoridad.
En una problemática muy compleja, el haber renunciado a la presencia policial en tribunas ocupadas por grupos antisociales fue dejar libradas a su suerte a las personas que iban a ver un espectáculo deportivo. De nada sirve tratar de ingresar y reprimir ya con los hechos consumados, y por tanto irreversibles, en lugar de hacer prevalecer el factor disuasivo, como se hace en todo el mundo.
Recientemente el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, al participar en una mesa sobre seguridad pública organizada por el Pit Cnt --la central sindical por fin se avino a reconocer que hay un problema de seguridad en el país y que no es un invento de la derecha-- sintetizó en sus expresiones que el eje de la actuación de su secretaría de Estado es la prevención, disuasión y represión del delito.
El secretario de Estado quiso dejar claro en su participación en la mesa que esa es la función de la cartera que conduce. Sostuvo que "muchas veces cometieron el error de pedirle al Ministerio del Interior que lleve adelante las políticas sociales que van a mejorar las condiciones de seguridad. Lo cual es un tremendo error, porque eso no se le puede pedir al Ministerio del Interior: se le tiene que pedir al gobierno en conjunto".
Pero hay un aspecto fundamental en el eje del mensaje del jerarca: para Bonomi, creer que solo con políticas sociales se puede combatir la delincuencia, y por ende mejorar la seguridad, fue uno de los problemas "de la izquierda" al momento de diseñar su programa. "Lo hizo sobre la base de contenidos sociales, económicos, políticos, pero la seguridad no estaba. A lo sumo se planteaba que las políticas sociales iban a disminuir la pobreza y a favorecer a los trabajadores y que iban a conducir a una reducción de la delincuencia", dijo el ministro y agregó con contundencia: "Yo creo que eso es de una ingenuidad galopante".
Bonomi explicó luego en rueda de prensa que "la estrategia de fondo para combatir la inseguridad" tiene que contemplar las políticas sociales a nivel de todo el gobierno, pero también integrarse a la función de la cartera de seguridad, a través de la Policía.
La mesa redonda, denominada Seguridad y Trabajo, fue organizada por el Pit Cnt y el Instituto Cuesta Duarte y junto con Bonomi participaron el director de la Guardia Republicana, Alfredo Clavijo, por el Ministerio del Interior; el presidente de la central sindical, Fernando Pereira; Mario Sáa, integrante de la comisión de seguridad del Pit Cnt; Graciela Barrera, presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Delincuencia; y Luis Charles, ministro del Tribunal de Apelaciones.
Pereira destacó durante su presentación que es la primera vez que la central de trabajadores "toma" el tema de la seguridad para "su agenda". Bonomi no solo estuvo de acuerdo con el presidente del Pit Cnt sino que le agregó un actor más. "Yo creo que no solo fue el Pit Cnt el que no ha tomado este tema. No lo ha tomado la izquierda", dijo.
Pereira también realizó ese planteo como presidente del Pit Cnt y manifestó que "el movimiento sindical tiene que estar presente. Necesitamos adquirir conocimiento (sobre cómo combatir la inseguridad). Nos ha tocado tener que ir a velorios de compañeros. Queremos colocar el tema no solo en el día de hoy, con las autoridades y las organizaciones. Queremos que los trabajadores se embanderen con la conciencia ciudadana", indicó.
Ver cómo han fracasado recetas que se creían mágicas y se tenían como dogmas indestructibles e indiscutibles es un trago amargo muy difícil de digerir, porque primero debe admitirse que se han cometido serios errores en nombre de una supuesta igualdad y justicia social, apuntando a resultados en un mediano plazo, sin tener una estrategia siquiera medianamente razonable para el “mientras tanto”, ante el deterioro de los valores, la delincuencia impune, la calle entregada a los antisociales o espectáculos públicos que son tierra de nadie y donde la Policía no entra.
Bueno, ahora, tras 11 años de fracasos de la izquierda, uno de los objetivos del Pit Cnt es comenzar a trabajar conjuntamente con el gobierno y organizaciones sociales para encontrar una solución al problema de la inseguridad y mejorar la conciencia ciudadana de los trabajadores. A modo de ejemplo, un dirigente sindical señaló que en la comisión de seguridad que integra dentro de la central, realizó un sondeo a 100 personas y les preguntaron dónde se sienten "en comunidad". Ingrata fue la sorpresa de los sindicalistas al comprobar que ninguno había respondido "en el trabajo". "Tenemos que seguir construyendo comunidad", indicó. Aunque en realidad debió haber dicho “debemos empezar a construir comunidad”, porque hasta ahora el efecto logrado ha sido destruir.
A la vez, para el ministro Bonomi, la central sindical puede "dar continuidad" a las políticas para combatir la delincuencia siempre y cuando los sindicatos que la integran trabajen en conjunto y no se presenten al Ministerio del Interior a plantear reclamos aislados.
Pero estamos en Uruguay y en el tercer gobierno de una izquierda que pregonaba que la delincuencia era la consecuencia de décadas de marginación promovida por los partidos tradicionales, y que era un problema de rápida solución con las recetas socialistas que el infalible Frente Amplio iba a aplicar.
El rotundo fracaso, resumido todavía tímidamente por la catarsis de Bonomi, determina que por lo menos se intente rever algunas políticas tolerantes que se han llevado adelante, porque al promoverse un vacío de autoridad asumiendo que la represión es un mal que no debe ejercerse, ese espacio se ha entregado a los delincuentes. Estos se han apropiado de los espacios y espectáculos públicos, de las calles, de barrios enteros, de feudos a los que se impide entrar a la Policía, a los bomberos, a las ambulancias, se intimida y roba a los vendedores, al ciudadano común.
Llevar a cabo políticas sociales que apunten a generar cultura de trabajo, capacitación de jóvenes para integrarlos a la fuerza laboral, respuestas a necesidades básicas insatisfechas que generan marginación, debe ser un imperativo para todo gobierno.
Pero a la vez la sociedad debe ser protegida, en el libre juego de la institucionalidad democrática, por los organismos del Estado que tienen la competencia y el deber de hacerlo.
Lo que no corresponde es que los responsables sigan lavándose las manos y traten de endilgarles la culpa a los demás, cuando ellos son gran parte del problema.