Opinion | 28 Nov El Banco de Previsión Social (BPS) tiene un problema con la extensión de los subsidios por enfermedad y ahora pretende regular la cantidad de días de licencia que se otorgan según la patología del trabajador, a través de una tabla que diseña conjuntamente con el Sindicato Médico del Uruguay.
En 2005, las certificaciones implicaron un costo de $500 millones para el organismo y el año pasado ascendieron a más de $4.200 millones o U$S 150 millones. El cambio del sistema comenzó en octubre de 2010, y desde ese momento se multiplicaron las personas que no concurrieron a trabajar por más de tres días con la constancia oficial. Hasta julio de ese año se registraban unos 20.000 ausentes a sus puestos laborales, por tanto se ha dado un crecimiento ilógico en los últimos seis años, cuyas causas no son tan difíciles de descubrir si se recuerda que, desde entonces, alcanza con la presentación de una constancia médica del servicio al que pertenece la persona para que se extienda la licencia. Cabe recordar que las certificaciones anteriores se efectuaban por funcionarios médicos del BPS.
La tabla en cuestión quedará finalizada a comienzos de 2017 y seguidamente deberá lograr el aval de la Universidad de la República para que el sindicato médico realice los cursos de capacitación con los nuevos parámetros. Las revisiones apremian porque el organismo estatal cerró su balance con un déficit operativo de U$S 390 millones, que se explica por la caída en la recaudación y mayor pago a las prestaciones. Además caen sus ingresos en comparación con 2014 en 2,3%, basado en el Índice Medio de Salarios, al tiempo que descendieron los aportes jubilatorios (1,1%) y bajó 0,6% la cantidad de cotizantes.
La premura en buscar una solución proviene de las presiones ejercidas desde el Poder Ejecutivo, donde el ministro de Economía, Danilo Astori, observó las cifras y avisó que se empezó a “descontrolar” el asunto. Si bien el abuso de las certificaciones fue alertado desde hace varios años por la representación de los empresarios en el BPS, en los últimos días el gobierno anunció que convocará a un grupo de trabajo junto a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y los ministerios de Trabajo y Economía para que detecten dónde se encuentra el desequilibrio.
En realidad, los empresarios propusieron un mecanismo de sanción a médicos y trabajadores, en el caso que una junta de profesionales constate que se otorgó una licencia que no correspondía. Pero dicha representación no está muy segura de lograrlo.
Un relevamiento publicado por el BPS en el primer semestre de 2016 señaló que los problemas óseos ocupan el 26% de las certificaciones, seguidos de intervenciones quirúrgicas (10%) y enfermedades relacionadas con el trabajo. El 14% de los hombres y el 4,9% de las mujeres recibió subsidios por enfermedades laborales, al tiempo que el 10% de las mujeres son certificadas por depresión. La mayor cantidad de personas certificadas –el 61,1%-- se encuentra entre los 20 y 44 años, seguidos por la categoría de 45 a 64 años, con 35%.
En realidad, sin los abusos y con controles, el BPS puede ahorrarse hoy unos U$S 100 millones. Sin embargo, se observa complacencia o, incluso, presiones que impulsan las cifras al alza para transformarse en una práctica común.
Los trabajadores del organismo, por su parte, opinan que los gastos excesivos responden a una mala gestión y han denunciado la muerte de trabajadores mientras esperaban a las juntas médicas para que definan una jubilación, pensión o subsidio transitorio. El sindicato entiende que no alcanzan los médicos certificadores existentes, al tiempo que el directorio anunció nuevas contrataciones ante la creciente tendencia al ausentismo laboral. Desde aquella resolución adoptada hace algunos años, el organismo transfirió la responsabilidad de las certificaciones a las prestadoras de salud porque jugó al achique en una cuestión que engloba aspectos sensibles y hoy no ejerce controles en las indicaciones del médico tratante.
La representación de los empresarios reclama el retorno al sistema anterior o, de lo contrario, que el organismo cuente con un médico en cada prestadora para que lleve adelante una valoración antes que la certificación ingrese al sistema. Además, solicitan una segunda opinión extendida por un médico en representación de la empresa con validez ante el BPS.
Contrariamente a lo que se ha proclamado, el déficit fiscal propone un recorte de prestaciones provocado por las “avivadas” y aunque se agite a favor de la ampliación de derechos, queda claro que los excesos generan inequidades y susceptibilidades en el propio ambiente de trabajo.
Así como se aplica una base de datos para detectar a los morosos, se propone una herramienta similar que ponga el ojo sobre los trabajadores que se enferman de manera recurrente y que en algunos sectores se ha transformado en un problema grave. Según el ministro de Trabajo, Ernesto Murro --integrante del BPS por años--, alcanza al 20% en determinadas áreas, como las enfermerías de los hospitales públicos, donde han recurrido a plantillas de funcionarios suplentes, porque las mayores faltas “se dan los viernes, sábados y lunes”.
Incluso, hace poco tiempo se conoció el caso del médico que hizo perder U$S 550.000 al organismo, por certificados falsos que extendía a cambio de $300 por un día de licencia por enfermedad a trabajadores sanos.
No obstante, de acuerdo con la ley vigente, un empleador no puede suspender ni despedir a un trabajador por faltas por enfermedad, pero la adopción de medidas legales contra quienes presenten u otorguen certificados “truchos” se leerá como un mensaje de acción positiva desde un organismo con potestades de regulador.
Es importante la toma de decisiones sin medir los costos políticos en votantes y condenar de una vez un hecho que se define como notoria mala conducta, porque el precio social es alto y no se sostiene “entre todos”, sino entre los trabajadores responsables.