Paysandú, Sábado 03 de Diciembre de 2016
Locales | 03 Dic Ramón Appratto Lorenzo, integrante del Comité de Crisis que analiza eventuales salidas o alternativas a la decisión del directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) de reducir el monto que se paga a los pasivos, indicó a EL TELEGRAFO que están en curso acciones encomendadas a los respectivos estudios de los doctores Augusto Durán Martínez y Olmos Malet, referentes a los recursos de revocación de las resoluciones y apelación ante el Tribunal de Apelaciones.
En forma paralela se han integrado comisiones que instrumentan una campaña de información con los directamente afectados, activos y pasivos, medios de prensa, comisiones del Parlamento, ministro de Trabajo, presidencia de la República, rectorado, decanos y gremiales universitarias.
Appratto recordó que “el problema se originó por las tres resoluciones del directorio de la CJPPU, que significaron una rebaja de las jubilaciones y pensiones de sus afiliados. Los perjuicios implican la eliminación de una partida para cobertura de salud que la caja paga desde hace 31 años, se rebaja un 10% los montos con que se calcularán las futuras jubilaciones y se congelan las pasividades otorgadas a partir de 2005 hasta que, con los futuros aumentos no otorgados, se devuelva ese 10% percibido de más”.
A su vez, subrayó que se suprime una asignación especial de fin de año paga en dos partes iguales a semestres vencidos en junio y diciembre. “La primera resolución elimina un derecho adquirido, contra la teoría del 'acto propio'. La segunda ataca directamente a los profesionales activos, pues rebaja las futuras jubilaciones. Además perjudica a unos 2.500 jubilados de los últimos años a quienes aplicándoles una norma con efecto retroactivo se les congela la jubilación hasta devolver lo que la mayoría del directorio considera mal habido. Y la tercera eliminó a partir del 1º de julio el pago de una compensación especial por fin de año que representa un 10% de la pasividad”, reflexionó.
Según Appratto: “cuando decimos la mayoría de un directorio que está compuesto por siete miembros, nos referimos a los dos directores políticos puestos por el presidente de la República y su ministro de Trabajo (la esc. Bernengo y el dr. Nicoliello) y a los cuatro directores que dicen representar --y defender-- a los gremios de los profesionales activos: dr. Ignacio Olivera, su suplente dr. Álvaro Roda, cr. Álvaro Correa, arq. Carmen Brusco e ing. agr. Luis Altesor. La minoría es el director electo por los jubilados y pensionistas, dr. Hugo de los Campos, único voto discorde en genuina defensa de sus representados”.
INTERROGANTES Y RESPUESTAS
En una de las reuniones del directorio en Mercedes, en la Asociación Rural de Soriano, promovida por el director Altesor, donde la concurrencia fue muy escasa, “surgieron interrogantes sobre el tema de la cantidad de afiliados con declaración de no ejercicio (más de 60.000), que fueron contestadas sin precisar las medidas tomadas ni la cantidad de declaraciones falsas o verdaderas”, dijo Appratto.
Appratto observó que “salió el tema de la reglamentación del artículo 68 de la ley, para obligar a hacer esa declaración en forma anual y paga, cosa que hoy el directorio no hace” y destacó que De los Campos llevó adelante una exposición “haciendo hincapié en que los problemas de la Caja son causados por una evidente mala gestión de la mayoría del directorio”.
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