Opinion | 01 Dic En los últimos años, en nuestro país ha aumentado notoriamente el uso y acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Al incremento natural debido a las facilidades para acceder a dispositivos tecnológicos como celulares, computadoras de diverso tipo y tabletas por la población en general, se agregan políticas gubernamentales de fomento de uso entre los escolares y jubilados a través de los planes Ceibal e Ibirapitá, respectivamente.
Asimismo, otros elementos suman al uso de dispositivos electrónicos por la población en general, existiendo actualmente normativa legal que impone su uso a las empresas, como es el caso de los cambios que ya han comenzado a instrumentarse a través de la denominada Ley de Inclusión Financiera.
En este contexto, la importancia de la seguridad en los datos personales en Internet toma relevancia debido al aumento significativo de los ciberataques en los últimos años.
En el primer semestre de 2016 se atendieron un total de 419 incidentes de seguridad informática. Esto representa un incremento del 11% con respecto al mismo período del año anterior.
Casi la mitad de estos ataques provienen del spam y phishing, seguido de vulnerabilidades debido a la mala configuración de software y hardware, además del malware.
Entre los usuarios, cobra fundamental importancia la prevención, la información y concientización para actuar responsablemente respecto a la información personal y tomar los recaudos necesarios para no ser objeto de este tipo de delitos informáticos. Para eso es necesario saber cómo actuar y poner en marcha buenas prácticas de prevención.
Sin embargo, no todas las personas cuentan con esa información o han aprendido a tomar los recaudos necesarios que, muchas veces son muy sencillos pero se desconocen.
La buena noticia es que se está trabajando intensamente en estos temas y actualmente Uruguay es el país que tiene la mejor evaluación en materia de ciberseguridad de América Latina y el Caribe, según el “Reporte de Ciberseguridad 2016, ¿estamos preparados en América Latina y el Caribe?”, realizado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Si usted se está preguntando cómo es que nuestro país se ha convertido en líder regional en materia de seguridad y en lo que refiere al desarrollo de software de seguridad, hay que señalar que estos logros son producto del impulso a la adopción de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y la protección de los activos nacionales de información a través de políticas de seguridad cibernética, la capacidad de respuesta a incidentes, capacitación y desarrollo del personal, y legislación, a fin de ayudar a impulsar la economía nacional hacia la era de la información.
En el capítulo dedicado a Uruguay, el reporte antes citado destaca la alta penetración de Internet, el decreto de Seguridad Cibernética en los organismos públicos, la política de defensa nacional con medidas de seguridad cibernética, la Ley de Protección de Datos y la existencia de un sector bancario bien capacitado, entre otros puntos.
Se han incorporado medidas de defensa cibernética en la Política de Defensa Nacional, en tanto otras medidas de defensa cibernética están a cargo del mecanismo nacional de respuesta a incidentes de seguridad informática del país, el CERTuy establecido en 2008, que coordina regularmente con similares organismos regionales y organizaciones internacionales, suministra datos estadísticos y emite alertas sobre riesgos emergentes. Con la intención de normalizar el comercio electrónico y la seguridad cibernética regional, nuestro país también forma parte del denominado “Mercosur Digital”.
Por otra parte, se destaca que las principales áreas del sector privado y el sector bancario están bien capacitadas tanto en las amenazas cibernéticas como en las estrategias para protegerse, lo que constituye algo muy bueno en un contexto creciente de utilización de dispositivos electrónicos y tarjetas en las transacciones comerciales.
Esto es particularmente importante si tenemos en cuenta que actualmente en Uruguay uno de cada cuatro pagos se realiza por vía electrónica y que, en un mundo cada vez más interconectado que promueve el uso de medios electrónicos y en el que hay comercios en diversos países en los que ya no se acepta dinero en efectivo –a ellos nos sumaremos próximamente cuando las estaciones de servicio no acepten dinero en efectivo--, habrá cada vez más transacciones electrónicas.
De acuerdo con datos del Ministerio de Economía, el 25 % de las transacciones se hace por medios electrónicos, mientras que se estima que entre el 28 % y el 30 % de los usuarios de Internet en Uruguay realizan transacciones electrónicas.
Este cambio de modalidad implica también un cambio cultural de significación impulsado por una política nacional que se formaliza a través de la aprobación de la Ley de Inclusión Financiera, en el marco de la cual cada vez son más las personas que se adhieren a esta cultura de pagos. En este caso, este cambio de modalidad de comercio y consumo implica una inclusión tecnológica que, necesariamente, conlleva la necesidad de informar y capacitar no solo en el uso de las herramientas sino también en el uso responsable de estas tecnologías y los riesgos que también conlleva la “inclusión financiera” a la vez que remarca la obligación para el Estado de continuar sus esfuerzos por ser un mercado de nuevas tecnologías y seguro contra la delincuencia cibernética.