Opinion | 03 Dic Ayer Venezuela dejó de ser miembro pleno del Mercosur al perder su posibilidad de voto, luego de que los miembros fundadores decidieran sancionar al gobierno de Nicolás Maduro por no ingresar la normativa del bloque a su ordenamiento interno. Esta medida aumenta la presión sobre el presidente venezolano, que mantiene a su país en medio de una crisis económica, social y política, en donde Maduro se ha empeñado en cerrar el cerco sobre la oposición al punto de dar por tierra el proceso por el referéndum revocatorio. A Venezuela le correspondía la presidencia pro témpore del bloque comercial que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, pero no contaba con el consenso de todos ellos. El gobierno bolivariano no ha hecho los deberes. Y, ahora, patalea.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay confirmó la suspensión de Venezuela. “En el día de la fecha, los cancilleres de los Estados parte signatarios del Tratado de Asunción, Susana Malcorra, de la República Argentina; José Serra, de la República Federativa del Brasil; Eladio Loizaga, de la República del Paraguay, y Rodolfo Nin Novoa, de la República Oriental del Uruguay, integrantes del Consejo Mercado Común del Mercosur (CMC), notificaron a la ministra de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, el cese del ejercicio de los derechos inherentes a su condición de Estado parte del Mercosur de la República Bolivariana de Venezuela”, afirmó el comunicado.
La decisión entra en vigor de manera inmediata y hasta que los países miembros del Mercosur “convengan con la República Bolivariana de Venezuela las condiciones para restablecer el ejercicio de los derechos como Estado parte”, añade el comunicado.
Esta determinación es fruto de la pérdida de paciencia de los socios. El pasado jueves 1º de diciembre consideraron cumplido el plazo que dieron a Caracas para adecuar sus normativas internas a las del bloque, un compromiso que Venezuela asumió en 2012 cuando pidió convertirse en miembro pleno. En la práctica, la suspensión implica que Venezuela perderá voto, pero no voz, el mismo estatus que hoy tiene Bolivia. Pero sus consecuencias políticas serán mucho más graves, porque Maduro ha quedado ahora más solo en una región que ha virado hacia posiciones cada vez más refractarias al llamado eje bolivariano.
La demora de Venezuela para adecuar sus normativas fue la puerta que encontraron los miembros para desplazar a la república bolivariana de la presidencia pro témpore (ahora la asumirá Argentina desde el próximo 14 de diciembre), en medio del deterioro de las condiciones democráticas en Venezuela. Paraguay y Brasil lideraron el grupo más proclive a la expulsión, mientras que Argentina y Uruguay sostuvieron posiciones moderadas.
El equilibrio se rompió en octubre, cuando la justicia electoral venezolana suspendió el referéndum revocatorio contra el mandato presidencial impulsado por el antichavismo y la Asamblea Nacional, que desde hace un año controla la oposición. A partir de entonces las opiniones fueron más duras. El presidente argentino Maurio Macri pidió que se aplique a Venezuela la Carta Democráctica del bloque y llamó incluso a “la condena de todas las naciones americanas y del mundo entero”, porque “no se está respetando los derechos humanos”.
Por supuesto, todo esto fue muy mal recibido en Caracas. Para Venezuela, no hay legalidad que sirva si esta no beneficia directamente sus intereses. La primera reacción resultó ser no reconocer la suspensión del Mercosur. Más tarde elevaron la apuesta. El gobierno de Maduro dijo que su país es víctima del “hostigamiento” del resto de los socios del bloque y calificó la decisión como un “golpe de Estado” contra el Mercosur. “Es un golpe de Estado al Mercosur y constituiría una agresión a Venezuela de dimensiones realmente muy graves”, dijo la canciller Delcy Rodríguez en rueda de prensa.
Al denunciar una “ley de la selva” que está “destruyendo” el Mercosur, la canciller Delcy Rodríguez dijo que Venezuela “no reconoce este acto írrito (nulo)” de suspender a su país. Rodríguez lanzó además un desafío al advertir que el rico país petrolero --sumido en una grave crisis política y económica-- “seguirá ejerciendo la presidencia legítima (del Mercosur) y participará con derecho a voz y voto en todas las reuniones como Estado parte. Llamamos a los pueblos de Mercosur a no dejarse arrebatar sus mecanismos de integración, secuestrados por burócratas intolerantes”, señaló Rodríguez en su cuenta de la red social Twitter. Toda una diatriba propia de una nación sin rumbo, enojada consigo misma, fuera de foco, irreal, desenchufada de la realidad. En definitiva, una dictadura disfrazada. Todo lo que hacen está bien y el resto, mal.
Un punto aparte ha sido el papel que ha desempeñado el gobierno uruguayo en todo este asunto. Un rol absolutamente tibio. Conociendo muy bien la situación venezolana y su rechazo a aceptar las normas democráticas y comerciales del bloque, Uruguay jugó al malabarista intentando quedar bien con Dios y con el diablo. A veces cuesta mucho, pero mucho, observar el apoyo que Uruguay le ha prodigado a Venezuela (y que muchos seguidores del partido de gobierno le profesan, con base en pura ideología). Caracas ahora ni siquiera nos paga lo que le hemos vendido. Le hacemos un flaco favor al pueblo venezolano que es, en definitiva, el que sufre.