Nacionales | 05 Dic A 20 años de vigencia de la reforma de la seguridad social comenzaron a cocinarse nuevos cambios al sistema. Legisladores de dos partidos políticos presentaron en las últimas semanas proyectos para eliminar el tope jubilatorio y evitar que la Base de Prestaciones y Contribuciones se ajuste por debajo de la evolución salarial, lo que hace que más jubilados paguen el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social.
A estos se suman otros que procuran encontrar una solución al problema de los “cincuentones” que verán mermada su jubilación por el cambio de sistema. Además el Banco Central --regulador del mercado de AFAP y aseguradoras-- anunció que actualizará las tablas de mortalidad que definen cuánto dinero se recibe por mes y se reducirá el recargo del 20% que se aplica al indicador, al tiempo que analiza rebajar la tasa de interés técnico de 1,5% que se suma al monto ahorrado en las cuentas individuales.
Todos los expertos consultados por El País consideran que esta corriente de reformas, si bien es necesaria, llega “tarde” y es imperativo que el gobierno ponga el asunto sobre la mesa para evitar actuar “cuando el agua llegue al cuello” en otros aspectos, especialmente el financiero. Dentro del gobierno, si bien tienen claro que es un problema a largo plazo, tomando en cuenta el envejecimiento de la población, en el programa del Frente Amplio la referencia a una reforma de la seguridad social es marginal.
El reclamo de una reforma existe incluso desde dentro del Banco de Previsión Social (BPS). Un informe del instituto sostiene que es “imprescindible encarar una reforma del sistema previsional de forma de restaurar el equilibrio financiero de largo plazo”, ya que una postergación “tendrá como resultado la aplicación posterior de modificaciones más importantes para los valores de los parámetros afectados”.
El BPS cerró su balance 2015 con un déficit operativo de U$S 390 millones y el Directorio del organismo anticipó que el próximo balance registrará un déficit de U$S 568 millones. Para 2090 se estima que la esperanza de vida de las mujeres pasará a ser de 89,4 años desde los 80,7 actuales y en los hombres de 84,2 años desde los 72,9 actuales, según datos manejados en la publicación “Comentarios de seguridad social” del BPS del cuarto trimestre de 2015. Esto modifica no solo el cálculo de la jubilación mensual, sino también el equilibrio del sistema y las inversiones para la renta futura.
El informe del segundo semestre de este año del BPS sobre posibles cambios paramétricos al régimen de reparto elaborado por Luis Camacho plantea la necesidad de afectar más de un factor y pone como alternativa una reducción de la “tasa de reemplazo”, es decir, el porcentaje del salario que recibe un jubilado, para las altas de jubilación futura. El informe toma como referencia cuatro escenarios en el 2020, 2030, 2040 y 2050 y dice que “los resultados más significativos son que las disminuciones de las tasas de reemplazo deberían ser del 25%, del 26%, del 32,4% y del 57% respectivamente. La postergación de la puesta en práctica de la reforma, implicará un mayor nivel de ajuste para las generaciones futuras”, sostiene el informe.

PLAN DE COMBATE A DELITOS EN LA FRONTERA
El gobierno de Brasil, en coordinación con el de Uruguay, defendió el combate a los delitos en toda la frontera mediante “acciones permanentes”, y para ello convocó a autoridades policiales uruguayas y de Rio Grande do Sul a una reunión que se llevó a cabo en Porto Alegre, a la cual asistió en representación de la Policía uruguaya el jefe de Cerro Largo, José Adán Olivera.
“Se trata de instrumentar un plan estratégico permanente de control para reducir la criminalidad y realizar un seguimiento pormenorizado de traficantes y contrabandistas”, sostuvo Olivera. Recordó que los cargamentos de droga que se han incautado en Cerro Largo provienen todos de Brasil y que “los narcos se ingenian con documentos falsos, con autos y camionetas especialmente diseñadas para ocultar cargas e incluso, en algunos casos, con chapas falsas que colocan en cada país, simulando ser uruguayos o brasileños”, explicó el jerarca policial. Olivera resaltó el buen nivel del encuentro desarrollado en Porto Alegre, al que asistieron autoridades de la Policía militar, federal y judicial, e incluso el ministro del Interior de Rio Grande do Sul.
En el caso de Cerro Largo, que limita con Brasil, el plan especial de operaciones estará centrado en la frontera seca y en las rutas de acceso al país. Brasil, por su parte, informó en la reunión que está armando un sistema de seguridad para el combate de los delitos transfronterizos como el narcotráfico, el contrabando de armas o la trata de personas. Durante el encuentro se puso sobre la mesa el decreto del presidente de Brasil, Michel Temer, en relación a la Protección Integrada de Fronteras y Seguridad Americana.
“Brasil quiere que el combate a los delitos de fronteras se desarrolle en forma permanente”, indicó Olivera. Las Fuerzas Armadas de Brasil tendrán a su cargo la competencia legal para actuar de forma preventiva y represiva en la faja de frontera de unos 150 kilómetros, y Uruguay instrumentaría un plan espejo.