Opinion | 07 Dic El sistema previsional uruguayo es mixto, donde coexisten un régimen administrado por el Banco de Previsión Social (BPS) y otro por las AFAP, regulados por la ley que atraviesa fuertes cuestionamientos a 20 años de su vigencia.
Las iniciativas parlamentarias presentadas en los últimos meses, proponen la eliminación del tope jubilatorio o la búsqueda de una solución para los “cincuentones” que, según sus cálculos, recibirán una pasividad de menor valor por el cambio del sistema. A todo esto se suma el anuncio del Banco Central que actualizará las tablas de mortalidad que definen el dinero que reciben mensualmente y reducirá el recargo del 20% que se aplica al indicador. Paralelamente, analiza una rebaja de la tasa de interés técnico de 1,5% al monto ahorrado de las cuentas individuales.
El tramo de trabajadores que lleva adelante los reclamos, tenía menos de 40 años cuando se promulgó la ley 16.713, que obligaba a la afiliación a una AFAP en relación al salario que percibía. En tal sentido, el directorio del organismo envió una propuesta al Poder Ejecutivo para la modificación del artículo 27 de la referida ley, en tanto regula el cálculo del sueldo básico jubilatorio. Esta solución para unos 30.000 afiliados comprendidos en aquella iniciativa en 1996, costaría entre U$S 121 millones y U$S 186 millones. El panorama establecido desde hace dos décadas se presenta de difícil resolución ante su alto costo, al tiempo que las propuestas presentadas no satisfacen a los involucrados y claramente se muestra con posibilidades de afectar a otros trabajadores en el futuro.
Más allá de las críticas expuestas al sistema mixto por el presidente Tabaré Vázquez, quien tampoco ha presentado una voluntad política que defina el punto de encuentro entre lo que cree el rector de las políticas económicas, o sea Danilo Astori, y las movilizaciones sindicales que reclaman el fin del sistema, se reconoce –frente a quien quiera oírlo-- que no hay plata para atender a los cincuentones ni tampoco un margen de compensación para la población afectada.
Los defensores de este régimen reiteran que el sistema mixto permitió el escape de una debacle fiscal de proporciones, con la generación de un mayor compromiso al Producto Bruto Interno del país, que lo tornaba impagable y han recordado –al igual que los cincuentones-- que Astori junto a Rafael Michelini, quien al momento de votar la ley se encontraba fuera del Frente Amplio, y Enrique Rubio estuvieron a favor de la iniciativa, que además apoyaba el general Líber Seregni.
Entonces el razonamiento se vuelve obligado: en los últimos once años el gobierno ha obtenido las facilidades y garantías para derogar esta y otras leyes, si así lo desea, por tanto la falta de decisión al respecto es una lectura en sí misma.
Mientras Vázquez se preocupa por aclarar que el gobierno “no generó” esta situación, tampoco existe una decisión al respecto que implique un nuevo cambio en las reglas de juego, donde confluyen varios factores. Y quizás, uno de los fundamentales, atraviese por el aporte en varios miles de millones de dólares con destino a cubrir una cuarta parte del endeudamiento externo del Estado que sale de un sistema criticado.
Por eso no es una prioridad y la solución quedaría para “el futuro”, de acuerdo a la definición de Astori. Mientras tanto, el organismo aplicará la ley vigente hasta que el Poder Ejecutivo resuelva la instrumentación de una propuesta lanzada desde el directorio del BPS para transformar la redacción de la ley y contabilizar el 100% de los aportes. Sin embargo, desde la representación de los trabajadores, Ramón Ruiz reclama “que Vázquez y Astori se reúnan y se pongan de acuerdo” ante los altibajos de la rentabilidad de lo que invierten. Desde este sector, aseguran que en el 60% de los meses, dicha rentabilidad resultó negativa y con el retorno de estos trabajadores al régimen anterior a las AFAP, se generarían nuevos ingresos y se ganaría tiempo para una nueva –y necesaria-- reforma previsional.
Paralelamente, algunos expertos señalan que esta reforma se plantea en forma tardía y aunque es un problema a resolver en el largo plazo, se toma en cuenta el envejecimiento de la población. El déficit operativo del BPS correspondiente al balance de 2015 es de U$S 390 millones y su directorio anticipó que el próximo balance se elevará a U$S 568 millones. Si a esto se suma un aumento en la esperanza de vida de sus aportantes en las próximas décadas –que también deberá actualizarse en las tablas--, se visualizan nuevas problemáticas basadas en el equilibrio del sistema o las inversiones para la renta futura.
En resumen, la iniciativa presentada por el diputado Gonzalo Mujica propone la eliminación del tope jubilatorio ubicado en $36.143, en el entendido que el pasivo paga el IASS con lo que topea su jubilación con fines solidarios, pero luego realiza un aporte solidario mediante los impuestos.
El legislador colorado Conrado Rodríguez propone evitar que la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) se ajuste por debajo de la evolución salarial y calcula que entre 2007 y 2016, la BPC ajustó por debajo de la evolución de los salarios. Esta situación abarcó a los pasivos bajo el impuesto o subieron de franja, sin un crecimiento real de sus salarios.
Como lo indican su sigla, el BPS fue considerado como un banco desde sus estatutos pero en la práctica otorga préstamos a sus pasivos con la intervención del Banco República, como beneficiario final en un volumen importante de dinero. No obstante, algunos conceptos no toman en cuenta que ante el déficit presentado, se pueden generar otras formas de capitalización que aliviaría su comprometida realidad.
Como sea, se requiere de una solución política para un área tan sensible que abarca prestaciones desde antes del nacimiento y aun después del fallecimiento de sus beneficiarios. Pero, contrariamente, en los últimos tiempos se usa para confrontaciones electoreras que nada tiene que ver con su fin solidario.