Opinion | 05 Dic Venezuela ingresó al Mercosur en 2012, cuando Paraguay --cuyo Parlamento se oponía al ingreso al bloque del país caribeño-- destituyó a su presidente Fernando Lugo y resultó suspendido temporalmente. Hace una semana, a una horas del vencimiento del plazo impuesto por los restantes socios del Mercosur para que se adhiriera a las reglas internas previstas, la canciller Delcy Rodríguez expresó en una carta que el gobierno de Nicolás Maduro se encontraba dispuesto a adherirse al acuerdo de complementación económica 18 --que rige los negocios bajo normas de la Aladi--, clave para los acuerdos comerciales. Mientras tanto, Paraguay enfatizaba en asuntos relacionados con el respeto de los derechos humanos.
Desde su ingreso, Venezuela debió incorporar más de mil normas aprobadas --si bien más de sesenta no requerían una adhesión obligatoria--, al tiempo que añadió más de 900 relacionadas con disposiciones comerciales. En este sentido, argumentó que quería negociar más de un centenar, sobre las que alegó incompatibilidades con su legislación interna.
En realidad, en Venezuela rige un control cambiario desde 2003 que dificulta sus operaciones de intercambio y, con relación a los reclamos del gobierno paraguayo para su adopción del Protocolo de Derechos Humanos del Mecosur, nada se ha mencionado desde Caracas. Con todo, el gobierno de Maduro aseguró que asimiló el 95% de las normativas del bloque, pero los demás países replicaron que no asumió este último punto.
Mientras la oposición venezolana exige una salida electoral para que se resuelva la crisis económica, se liberen los presos políticos y se respete al Parlamento unicameral, se agrega la suspensión temporal a través de un comunicado difundido por la cancillería argentina donde se informó “el estado de cumplimiento de las obligaciones asumidas por Venezuela, constatándose el estado de incumplimiento”. Tras la asunción de Mauricio Macri en Argentina, la destitución de Dilma Rousseff y el ascenso de Michel Temer en Brasil, se profundizaron las diferencias a partir del desconocimiento de la presidencia temporal del bloque, por el gobierno de Maduro.
Desde la interna de la fuerza política del gobierno uruguayo --que se abstuvo en la votación--, se criticó la decisión de dejar a Venezuela sin voto y particularmente el Partido Comunista recordó que “ningún país, ni Paraguay, ni Argentina, ni Brasil ni el propio Uruguay” han cumplido las normativas que se le exigen al país caribeño.
Paralelamente, Maduro solicitó una reunión con Tabaré Vázquez, quien aseguró que la medida no es “irreversible” y puede cambiarse con la aplicación de fundamentos jurídicos y diálogo. En todo caso, Uruguay reconoce el funcionamiento de los tres poderes, con un legislativo en manos de la oposición, por lo tanto consideró que “no existen elementos para aplicar la cláusula democrática”. Incluso, desde el gobierno se estima que Venezuela tiene derecho a recurrir al Tribunal de Controversias del Mercosur para apelar su suspensión.
Esta alianza, que hace 25 años iban a conformar Argentina y Brasil desde su lugar de privilegio como las dos economías más importantes de América del Sur, se extendió a los dos socios pequeños que visualizaban la necesidad de permanecer incluidos en el mercado común que nunca se logró. En sus comienzos, se establecieron las intenciones estrictamente comerciales y las cuestiones políticas trascendieron a un segundo plano, en tanto los gobiernos de entonces mantenían características similares.
En la práctica, se ha observado casi de todo: fronteras cerradas, como el hecho ocurrido durante las tensas relaciones diplomáticas entre Uruguay y Argentina en la era kirchnerista por la instalación de la pastera UPM, camiones trancados bajo excusas administrativas y pocos casos que se resolvieron a través del Tribunal de Controversias, originalmente pensado como un órgano tribunal superior, pero que en los hechos no se aceptaban sus fallos adversos. Tal como ocurrió con Argentina, que incluso llevó a Uruguay al Tribunal de La Haya. Aunque esto ocurría, los países apelaban a mantenerse dentro del bloque, que posteriormente incluyó a otras naciones como asociadas y Bolivia, que espera para ingresar.
El perfil mercosureño cambió con la crisis de finales de la década de 1990 y comienzos de 2000, particularmente con la devaluación brasileña en 1999 y el efecto arrastre que se cristalizó en 2001 en Argentina, y 2002 en Uruguay, cuyas exportaciones permanecían ligadas en gran porcentaje al gigante norteño. La priorización de las políticas nacionales, el cierre de las fronteras ante las dificultades, el corte proteccionista y la supremacía de los discursos que impulsaron fuertes figuras de la izquierda cambiaron sus objetivos iniciales. Incluso el expresidente José Mujica reconoció que había que poner “lo político por encima de lo jurídico”, con el ingreso de Venezuela --a pedido de Hugo Chávez-- y la definición de “golpe de Estado” sobre lo que ocurría en Paraguay con Lugo.
El reconocimiento de las diferencias entre las economías de los países cristalizó el Fondo para la Convergencia del Mecosur (Focem), orientado a Uruguay y Paraguay, y desde entonces se afianzó el bloque basado en los discursos más o menos enérgicos, según el orador de turno.
Aunque Uruguay, a través del presidente Vázquez y su canciller Rodolfo Nin Novoa, ha querido iniciar negociaciones para arribar a un tratado de libre comercio con Estados Unidos, sintió la presión de los grandes que intentan destrancar el diálogo con la Unión Europea.
Ahora se consolida un nuevo cambio, con las transformaciones políticas existentes entre los demás socios, al tiempo que Uruguay entiende que “es preocupante” la situación del bloque, pero ninguno propone salirse de un acuerdo que logró avanzar en la zona de libre comercio.
La frase acuñada por el mandatario uruguayo durante su primera presidencia de “más y mejor Mercosur” demuestra que la integración del país no es una opción, sino un destino y --por qué no decirlo-- también es una necesidad. Y aunque en un principio una parte de la izquierda uruguaya se oponía a su integración, está claro que no se obtienen resultados desde los discursos en los estrados, donde se ha asegurado en reiteradas ocasiones que la integración es el sueño de Artigas y Bolívar.
Por el momento no sirve como herramienta por su mal uso y mientras nos cuesta aprender de las crisis financieras seguimos reclamando desde nuestro temor de tercermundistas que el enemigo siempre está fuera del continente.