Locales | 10 Dic Tras recibir la respuesta de la Intendencia Departamental en relación al uso de la Planta Asfáltica en acuerdo con una empresa privada, la que utilizó el asfalto allí elaborado en una obra en Ruta 3, encomendada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, los ediles Gastón Berreta y William Martínez pidieron la intervención del Tribunal de Cuentas.
Los ediles del Partido Nacional consideraron "necesaria la opinión del Tribunal de Cuentas" para que se proceda a la comprobación de "la regularidad de lo actuado, verificando entre otros extremos, la capacidad de actuar de las partes intervinientes, la existencia de norma legal habilitante y la configuración de la causal de contratación invocada".
Su moción fue aprobada en la Junta Departamental, por lo que el expediente será elevado en los próximos días a la entidad fiscalizadora superior. La Intendencia confirmó que dispuso realizar un convenio con Gofinal el 7 de julio de 2016, por resolución 2092/2016" por un valor de 33.300 dólares a cambio de la utilización de la Planta Asfáltica y el personal municipal necesario para producir 900 toneladas de mezcla asfáltica", a ser utilizada por la empresa privada en una obra vial que llevaba adelante en Ruta 3, en las cercanías de Young, bajo contrato con el MTOP, indicaron los ediles. El convenio determinó que la Intendencia aportara "los insumos materiales y humanos necesarios para que Gofinal SA --como subcontratista-- cumpliera con la ejecución del contrato adjudicado por el MTOP, que tenía por objeto la reparación de un tramo de la ruta nacional 3, en un ámbito que en principio excede su competencia", agregaron Berreta y Martínez.
Bajo la "causal de excepción de urgencia", la Intendencia se vinculó "en forma directa con una empresa privada, con la finalidad de que la misma cumpliera con el contrato de obra pública que la vinculaba al MTOP, y respecto del cual la Intendencia de Paysandú no formaba parte", dijeron más adelante.
Por otra parte, tomando como base la respuesta del Ejecutivo departamental, los ediles indicaron que "la Intendencia asumió costos directos e indirectos (salarios de los funcionarios públicos que operan la planta, equipos necesarios para el acarreo y mantenimiento de los materiales dentro del predio de la Intendencia, amortización de la planta, desgaste y mantenimiento propios del equipo) no resultando claro a cuánto ascienden los mismos, ni a qué rubro resultan imputados y cuál fue la forma de cálculo aplicada a cada una de las variables indicadas, afectando la valuación económica del contrato".
Corresponderá al Tribunal de Cuentas determinar si por el convenio firmado "se asignaron recursos públicos para atender servicios que no serían de cargo de la Intendencia Departamental, y excederían por materia y territorio su competencia. Asimismo resultará pertinente apreciar si en el caso se vería vulnerada, entre otras, la prohibición contenida en el artículo 36 del Decreto 30/003, en cuanto dispone que la utilización de los bienes públicos tienen que estar destinados exclusivamente para el funcionamiento de los servicios a su cargo".