Opinion | 13 Dic De acuerdo con un informe del Ministerio de Trabajo y Seguridad social (MTSS), el trabajo en negro en departamentos del norte del país alcanza en promedio al 37% de los trabajadores, es decir, un guarismo que supera al del total del país, en tanto el departamento con mayor porcentaje negativo es Artigas, con el 44,2%.
El dato surge de un informe elaborado por el MTSS sobre los principales indicadores laborales de Artigas, Paysandú, Rivera y Salto, y la información fue recabada en consejos de ministros que se realizaron en esos departamentos durante el año. No se da a conocer el escenario de Tacuarembó, aunque todo indica que no escapa al panorama de los restantes departamentos.
Sobre Artigas, el informe reveló que el no registro a la seguridad social se ubica en un 44,2% del total de ocupados. Eso supone que de 33.250 ocupados que existen en el departamento, aproximadamente 14.700, no aportan a la seguridad social.
En este relevamiento el ministerio se ha apoyado en datos de la Encuesta Continua de Hogares correspondiente a 2015 que elabora el Instituto Nacional de Estadística, y en tren de comparaciones, debe señalarse que respecto a un año atrás se observó un aumento de la informalidad de 1,8 puntos porcentuales.
El rubro de otras actividades de servicio fue el que mostró el mayor porcentaje de informalidad laboral con 73,2%, seguido por artes, entretenimiento y recreación, con 71,1%, y la construcción con 66,9% en el caso de Artigas. Mientras que Paysandú es el departamento con mejor registro de empleados incluidos en la seguridad social en esta región. En este caso, el no registro alcanzó al 29,5% de los trabajadores, pero, si se compara con el año anterior, la informalidad aumentó 2,6 puntos porcentuales. Para el caso de los trabajadores privados (28.829 personas), el 20% de ellos no registra aportes a la seguridad social (unos 5.800).
En el desglose por ramas de actividad, se observó que el comercio —rubro que mayor porcentaje de ocupados emplea en el departamento con 18,3%— mostró un 42,5% de no aporte al sistema jubilatorio, mientras que la construcción (7,9% de ocupados) presentó un 44% de no aporte a la seguridad social. En Rivera la informalidad laboral se ubicó en 42,4%. Eso significó que unas 20.000 personas ocupadas no aportan a la seguridad social, sobre un total de 47.300.
En lo que refiere a Salto, se verificó una informalidad laboral de 32,6%. Eso se traduce en que de 57.600 ocupados que hay en el departamento, aproximadamente 18.800 no aportan a la seguridad social. Igualmente, explicó el documento, al comparar la cifra con un año atrás se verificó un descenso de la informalidad de 2,3 puntos porcentuales.
Es así que globalmente para el norte, los cuatro departamentos tuvieron un porcentaje mayor de no aportación al compararlo con el porcentaje promedio del total del país, que fue de 24,7%.
Pero de los cuatro departamentos relevados se pudo observar que en dos (Artigas y Paysandú) aumentó la informalidad, mientras que en Rivera y Salto ocurrió lo contrario. A nivel país, el informe elaborado por el Ministerio de Trabajo señaló que desde 2009 viene descendiendo la no aportación a la seguridad social- Ese año, la informalidad estaba en 32,1%. Desde allí, ininterrumpidamente comenzó a caer. Al año siguiente se ubicó en 31,7%, en 2011 fue de 28,3% en 2012 de 26,6%, en 2013 de 25,6%, de 24,9% en 2014 y bajó a 24,7% en 2015.
La evasión de aportes, ya sea de impuestos como cargas sociales, seguramente como derivación de nuestra formación cultural, es aceptado como un mal menor, porque se tolera la existencia de una economía informal en sus diversas manifestaciones.
Esta problemática implica competencia desleal por quien se beneficia de no aportar por cargas fiscales y sociales al Estado y afecta a todos porque detrae recursos que permitirían fortalecer las arcas estatales.
Y si bien se ha registrado un descenso en el porcentaje del trabajo informal en los últimos años, todavía hay no menos de un 24% de trabajadores en negro --unas 500.000 personas-- que no realizan aportes por ejemplo para acogerse en su momento a los beneficios jubilatorios.
Peor aún, los datos divulgados para cuatro departamentos del norte del río Negro dan la pauta de que ese promedio nacional--en el que se ahogan los petisos, según el dicho popular-- es mucho más grave en sectores de servicios, donde se trabaja total o parcialmente en negro.
En Uruguay se mantienen dificultades para una plena formalización laboral. Muchas veces se falla en el mensaje que se da a los actores de la sociedad, sobre todo a los sectores marginados y con menor formación cultural, a los que por ejemplo se les ha otorgado transferencia de recursos directos en dinero, tarjetas y canastas, sin exigir contrapartida. Ello conlleva la visión de que el dinero que se invierte con este fin brota de las piedras, y no que surge, como naturalmente es su esencia, del trabajo y el esfuerzo de los sectores reales de la economía.
El trabajo en negro ha existido históricamente en nuestro país, aunque se ha abatido considerablemente en los últimos años si se tiene en cuenta que hasta no hace mucho el nivel de trabajadores en negro orillaba prácticamente el 40%.
El punto es que este porcentaje, en buena medida, ya ha pasado a ser una especie de núcleo duro que resulta muy difícil de abatir si no se ponen en marcha mecanismos y políticas que permanente y sistemáticamente apunten a la creación de empleo de calidad