Opinion | 19 Dic La experiencia comenzó en Suecia y continuó en Holanda, donde se han cerrado centros de detención debido a la falta de presos. La violencia carcelaria y el hacinamiento con brotes de violencia, naturalización de asuntos no resueltos y profundización de una brecha social que nos divide entre “ellos o nosotros”, no forma parte del paisaje ni de los titulares noticiosos en esas naciones. De hecho, ni siquiera se sindican a los medios de comunicación como los amplificadores de una violencia “exagerada”, tal como ocurre en Uruguay.
Desde 2004, la población carcelaria sueca bajó un 1% anual y entre 2011 y 2012 cayó 6%. En 2012, tenían 4.852 presos en una población de 9,5 millones de habitantes, de los cuales el 36% era por robo, el 25% por narcotráfico y el 12% por crímenes violentos.
Para bajar la población carcelaria, Suecia realizó fuertes inversiones en la rehabilitación de los presos y en la prevención del crimen organizado, con la instrumentación de penas más leves por delitos relacionados con las drogas y el enfoque de un trabajo social a otros tipos de delincuencia, como el hurto.
En Holanda, además de la clausura de las cárceles, implementó un monitoreo electrónico para infracciones menores y que el infractor permanezca en actividad, en contribución a la economía del país. Allí hay 163 presos por cada 100.000 habitantes, en contraposición a Brasil –por ejemplo-- donde hay casi 300 por cada 100.000. La solución para ellos estuvo desde el principio en una guerra continua contra las drogas y la consideración de su problemática como un asunto de salud pública.
En Uruguay, simplemente perdemos tiempos valiosos en diatribas políticas que no conllevan una solución, sino una exposición (otra más) de los diagnósticos con pase de facturas incluida, que nos remontan a la “década neoliberal de los 90” y a “la falta de oportunidades bajo regímenes donde imperaban las inequidades y se profundizaban las desigualdades”.
Parecía que la nueva ideología traía la solución debajo del brazo, cuando en realidad llevaba un brazalete plagado de adjetivaciones que no ha sumado a una discusión que ya resulta aburrida.
A diferencia de eso, se encuentran los datos que son candentes: hubo un aumento de la delincuencia en los últimos años; Uruguay alcanzó el récord de personas presas con 10.690 reclusos, que implican 2.000 internos más que en 2010, cuando Eduardo Bonomi asumió al frente del Ministerio del Interior. Según el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, Uruguay tiene más personas encarceladas que Chile, Brasil, México, Colombia y Paraguay, en relación con su población. Y nótese que en algunos países clave, como México o Colombia, existe otro tipo de delincuencia organizada, cuya profundización afinca sus raíces en las guerrillas ocurridas durante las últimas décadas.
El perfil del preso uruguayo corresponde a un hombre joven, entre 18 y 30 años, proveniente de un entorno familiar roto, residente en barrios periféricos, que abandonó el sistema educativo y se inició en hurtos, arrebatos y finalmente resultó procesado por rapiñas. “Hay que reflexionar sobre esto, algo está pasando”, advirtió Petit, quien además de abogado, es periodista.
El ombudsman carcelario ha explicado en reiteradas ocasiones que el Estado uruguayo debe plantearse la forma en que enfrenta el delito y lo criticó desde la propia institucionalidad, a la que exhortó a evitar la aprobación de leyes inconstitucionales en un Parlamento ya acostumbrado a hacerlo, por pura porfía político-ideológica, en tanto existen reconocidos constitucionalistas y penalistas que han opinado en diversos temas consultados.
Sin embargo, Petit tiene una propuesta que resolvería este gran nudo gordiano: la creación de un consejo de Estado con representación de los tres poderes –sin perder sus autonomías-- en la sincronización de actividades tales como la legislación sobre el delito, prevención, represión, aplicación de la ley y tratamiento de los delincuentes.
“El Estado cuenta con cinco perspectivas que muy pocas veces dialogan sobre el futuro a veinte años”, aseguró Petit. Y no solamente falta planificación para esos cinco aspectos que resume el experto en un tiempo que a nivel global ya no existe (veinte años), sino que en casi ningún plano logístico o estratégico se piensa en ese lapso.
Mientras se repite como una letanía que la situación en el Comcar “es una bomba de tiempo”, Petit asegura que “ya explotó”, ante los asesinatos, suicidios, hacinamiento y condiciones de vida de quienes allí residen.
En este caso, también es clara la ecuación: en el Comcar se encuentra el 35% del total de presos y Petit razona que con ese porcentaje no es “gestionable” ni un centro hospitalario o educativo. No obstante, su labor es exponer las posibilidades existentes en materia de rehabilitación y, más allá del acuerdo o la discrepancia, puntualiza que al menos la mitad de los delitos se puede abatir con actividades socioeducativas.
Claro que, a esta altura, existe un segmento de población carcelaria irrecuperable e imposible de reinsertar en la sociedad y, aunque sea una materia pendiente, es –lamentablemente-- muy demostrable el alto porcentaje de reincidencia en el delito.
La pena de muerte fue abolida en 1907, pero parece que se ha reinstalado sin juicio en algunas cárceles uruguayas como resultado de reyertas y el homicidio se transformó en la principal causa de muerte en el último año. Más allá de las deducciones simplistas que intentan explicar que si hay mayor cantidad de presos, es porque así trabaja la Justicia o que deben pasar mal para que purguen el delito cometido e incluso si mueren, son un problema menos para la sociedad, se deberá comprender que en torno a ese total de la población carcelaria existe otro grupo conformado por padres, hermanos, hijos y parejas –unas 60.000 personas-- que ingieren el veneno diario que se expele desde los demás individuos que integran la misma sociedad.
Por eso, si no se convoca a una solución, Uruguay continuará con la reclusión de personas jóvenes que cuando salgan en libertad, más temprano que tarde, caerán nuevamente en el delito.