Opinion | 21 Dic La semana pasada, el gobierno anunció un ajuste en las tarifas públicas que comenzará a regir en enero, con una suba en promedio del 8% para el combustible y Antel, un 7,5% para UTE y 8,2% con una corrección adicional del 7,3% en el cargo fijo en OSE, que --según la explicación del ministro de Economía, Danilo Astori-- corresponde a una tasa medioambiental que se iba a aplicar a comienzos de este gobierno.
Mientras Astori trata de explicar que “de ninguna manera” se trata de un “tarifazo”, los sindicatos de UTE y OSE emitieron sendos comunicados que se publicaron en diversos medios digitales y escritos, donde rechazan el incremento y reclaman las inversiones necesarias bajo una continua mejora en la gestión.
En OSE, sus funcionarios aseguran que una mala gestión “no solo pone en riesgo la calidad de la prestación que brinda, sino que termina trasladándole al contribuyente la carga de sus ineficiencias”. OSE pierde 200 millones de dólares anuales por derroche de agua. Para tener una idea: hace dos años se perdía la mitad del agua producida y vendida; una realidad que se mantiene incambiada hasta hoy.
Si nos regimos por las comparaciones odiosas, el ideal de la facturación en los países desarrollados corresponde al 80%, se considera muy correcto el 75%, pero en Uruguay la realidad se ubica en torno al 50%. Esta última cifra es impensada en cualquier empresa, privada o no, pero tiene que ver con el concepto de empresa pública, con la ética, lo que implica el dinero de los uruguayos y los mensajes que todo el tiempo apuntan a un “Uruguay Natural”, que no cuida una de sus riquezas principales porque, en el planeta, menos del 1% del agua resulta potable.
Sin embargo, aquí se instala una de las paradojas más interesantes si se toma en cuenta que el eslogan institucional es “Cuidemos el agua potable. No la derrochemos”. Se calcula que en todo el territorio nacional hay unas 150 roturas de caños por día o 4.500 mensuales, y las respuestas dispares a los llamados por reparaciones que realizan los vecinos o empresas denotan una actitud que abre enormes interrogantes. No obstante, aquí se plantea una única respuesta: todos los habitantes pagamos ante una gestión deficiente que emite sugerencias basadas en el uso sustentable, pero no responde a los problemas que ocurren todos los días. Incluso se estima que con las pérdidas que se registran a diario se completarían unas 240 piscinas olímpicas – unos 200 millones de dólares anuales-- en un país que se acostumbró a hacer la bicicleta y a sacar de un lado para cubrir en otro.
Que es, precisamente, lo que pasa en UTE. En este caso, los trabajadores nucleados en AUTE apuntan a “uno de los negocios privados más rentables que hay”, en referencia a la energía sustentable que abarató la generación, pero en vez de bajar las tarifas residenciales, desde el Ejecutivo se optó por otorgarles mayores ganancias a los privados. Y así lo declaran en un comunicado: “Qué lejos quedaron ya aquellas mentiras que con la privatización de la energía eléctrica iban a bajar las tarifas, ¿se acuerdan?, solo fue otra de las grandes mentiras que se dicen para construir el consenso social necesario para que los capitales privados avancen sobre el patrimonio público”.
De parte del oficialismo se explicó que, con el 7,5% de incremento, el gobierno se asegura que la empresa cumpla la meta de mejorar en unos U$S 40 millones adicionales su desempeño operativo el año próximo. Sin embargo, los funcionarios entienden que de esta forma se subsidia a los grandes consumidores y se brindan rentabilidades increíbles a los capitales privados. Mientras los sindicatos aseguran que se tiró el agua de las represas --bajo la obligación de comprarle la energía a los privados que resultó diez veces más cara para los uruguayos--, Astori trató de explicar que esta actualización de las tarifas tuvo como eje al 8,1% de inflación.
Lo que no se aclara es que los aumentos se ubican por encima de la evolución de los costos operativos, que para el ente energético era de 5%, aproximadamente, porque los componentes de costos tienen una tendencia a la baja que se mantiene en los últimos años como resultado de la incorporación de los parques eólicos y un estancamiento en el consumo. Todo esto hizo que a Uruguay le sobrara energía que le vende a Argentina y por eso obtiene –además-- un rédito económico.
Antel mantuvo sus tarifas incambiadas durante los períodos anteriores de gobierno, pero el 8% está por encima del aumento de sus costos, ante las inversiones efectuadas con la fibra óptica y un ajuste en su plan de inversiones.
En Ancap, su presidenta, Marta Jara, dijo que se tuvo en cuenta el aumento esperado en el precio del petróleo y la suba del dólar, que afectará el endeudamiento del ente petrolero. En realidad, el organismo siempre –absolutamente siempre-- resolvió una suba en el precio de los combustibles cada vez que subía el barril de petróleo, con una paramétrica que no se puede aplicar si no se conoce el costo del crudo. Es decir, Jara intentó hacer futurología porque, en realidad, se desconoce el valor del aumento y tampoco dijo que el combustible de hoy responde a compras ya realizadas por debajo del costo.
Además, en el medio de la cuestión aparecen las declaraciones del ministro Astori, quien se había comprometido a trabajar para bajar los índices de dolarización de la economía. Se ve que la tarea no ha sido sencilla y el baño de realidad no ha llegado a la piel de quien realiza los anuncios.
Pero como sea: ha quedado más que claro que había que bajar costos o conseguir recursos de algún lado porque ni las cuentas ni las metas alcanzaban. El punto es que se dedica a recaudar y ajustar de la manera más fatídica posible porque lo hace a través de las tarifas públicas, cuyos recursos son monopólicos y los paga la población porque no tiene alternativa.
Es decir, todo junto y de una sola vez resulta un mazazo que siente en el bolsillo de los trabajadores, que sufrirán además el incremento del IRPF y del IASS, en el marco de un crecimiento menor al 1% anual que técnicamente significa “al filo de la recesión”.