Opinion | 27 Dic La información oficial señaló a mediados de octubre que Uruguay y China se habían fijado un plazo de dos años para firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC), tras una reunión entre el presidente Tabaré Vázquez y su par Xi Jinping. En el mismo encuentro se firmaron 16 acuerdos marco que incluyen protocolos para los cítricos y la soja, de cooperación en materia forestal, acuerdos energéticos, tecnológicos, de comunicaciones, defensa, asuntos aduaneros, entre otros.
Incluso se fijaron “una fecha tentativa en 2018” para arribar a un acuerdo de estas características, en tanto requiere de la aprobación de una “importante organización”, como el Mercosur, según la definición de la delegación china.
Y lo necesita, porque así está definido en sus estatutos que “a partir del 30 de junio de 2001, los Estados Partes no podrán firmar nuevos acuerdos preferenciales o acordar nuevas preferencias comerciales en acuerdos vigentes en el marco de Aladi, que no hayan sido negociados por el Mercosur”.
Sin embargo, es claro, --a partir de este punto-- el razonamiento que nos derive hacia las dificultades existentes para el desarrollo de un acuerdo de esas características, si no tenemos en cuenta aspectos de referencia que, incluso, fueron señalados por las cámaras empresariales.
En principio se reconocen las imposibilidades para la colocación de “productos manufactureros puros”, porque las condiciones culturales, sociales y laborales --con el insoslayable “dumping social” o “competencia desleal”-- son absolutamente diferentes entre ambos países. Si el Pit Cnt se opuso a la propuesta de un TLC con Estados Unidos durante la primera administración de Tabaré Vázquez e impuso reparos a un acuerdo similar con Chile en los últimos meses y cuestionó el tratado de acuerdo global de servicios o TISA, que obligó a Uruguay a retirarse de las negociaciones, ¿qué criterios aseguran que la central de trabajadores aceptará el libre comercio con el gigante asiático?
Más allá de la presencia de dirigentes sindicales en la delegación presidencial, el criterio de sentido común parecería indicar el camino hacia una nueva negativa, en tanto los convenios de estas características contienen puntos y obligaciones, sobre las cuales el movimiento sindical siempre se expresó en contra.
En todo caso, una nación con las características de China tiene intereses regionales, antes que particulares, y es muy vanidoso creer que Uruguay tiene la capacidad de convencimiento necesaria para negociar a solas. Las cifras oficiales apuntan a un crecimiento promedio de 20% en los últimos diez años pero con un intercambio comercial deficitario para el país, porque China ha vendido más de lo que ha comprado a Uruguay; sin embargo, en 2015 fue el destino principal de las exportaciones nacionales.
Para que Uruguay pueda firmar un TLC con China, se debería modificar el Tratado de Asunción y eliminar el arancel externo común, algo difícil a esta altura si se toma en cuenta el rumbo de las decisiones adoptadas por los dos grandes del bloque, que han manifestado su voluntad de llevar adelante una negociación conjunta.
El Mercado Común del Sur, como tal, no ha sido exitoso en la firma de acuerdos comerciales y esto se nota en su escaso impacto y desarrollo como bloque regional. Dicha situación es clave para Uruguay y su propio despliegue económico y social va de la mano con el relacionamiento con países extrazona. Es, incluso, un asunto fácilmente demostrable a nivel global, en un momento donde históricamente se alcanzan la mayor parte de los acuerdos de este tipo.
China revela en la actualidad una desaceleración en su economía, no obstante, los cambios que lo llevaron a transformarse de un país rural y pobre a la segunda potencia mundial, no le insumieron demasiado tiempo. En tres décadas tomaron decisiones rápidas y ajustadas a una realidad que hoy nuclea a 1.350 millones de personas, al tiempo que obligó a un cambio en los patrones del consumismo, con una clase media que crecía y demandaba productos de calidad.
Por otra parte hoy, las decisiones de los gobiernos del bloque sureño no reflejan necesariamente las necesidades de las cámaras empresariales, en algunos casos ni siquiera de sus cancillerías, y se sostiene una visión aún proteccionista y reaccionaria a los cambios que marcan una tendencia global en materia de economías de bloques.
Más allá de las dificultades estratégicas, existen otras de orden político que en el caso de Uruguay se ubican dentro de la propia fuerza que gobierna, donde el presidente Vázquez se manifestó proclive a una apertura de este tipo y tanto desde la interna partidaria como sindicalista, se observan reparos que no alcanzan a poner blanco sobre negro a una discusión que comenzó prácticamente desde la fundación del Frente Amplio.
Parece bastante dificultosa la aparición de un plan B en el Mercosur que cambie la orientación de sus decisiones, pero más aún, la posibilidad de alentar una apertura de nuestro mercado a los bienes chinos porque sería políticamente incorrecto un enfrentamiento interno hacia el Pit Cnt, que ha sido determinante en las decisiones del Poder Ejecutivo.
Como sea, en este Mercosur de los incumplimientos, donde todos objetan pero nadie se pone el sayo, se plantea un escenario complicado a las ideas que tienen tanto Vázquez como su canciller, Rodolfo Nin Novoa.
A pesar de que el mandatario uruguayo crea que “no habrá inconvenientes” por parte de los restantes socios en que Uruguay acceda a un TLC con China, el presidente argentino, Mauricio Macri, admitió que prefiere una firma “todos juntos con el Mercosur”. Es que las flexibilizaciones, en estos casos, se miden con otra vara, requieren un alto vuelo en las relaciones exteriores –que Uruguay carece en la actualidad-- y no se encuentran a la carta de las respectivas secretarías de Estado para que en un plazo de dos años se alcance una resolución favorable a Uruguay.