Nacionales | 24 Dic Un temporal azotó la localidad de San Carlos en la medianoche del viernes, que provocó el fallecimiento de una persona y 30 heridos. El intendente de Maldonado, Enrique Antía, se hizo presente en la localidad por la madrugada, junto a la alcalde Alba Rijo. Las primeras informaciones señalaban que lo ocurrido en San Carlos fue un tornado, o en algunos casos una turbonada, sin embargo, la presidenta del Instituto Uruguayo de meteorología (Inumet), Madeleine Renom, explicó en declaraciones a radio Carve que se trató de una “corriente descendiente”, que es “es muy violenta” pero no alcanza los niveles de los fenómenos antes mencionados.
El gobierno envió chapas y otros materiales para la reconstrucción de las viviendas afectadas y se entregaron canastas de higiene. Paralalemante se anunció la presencia del presidente Tabaré Vázquez hoy sábado, y a través de un comunicado se informó que el mandatario “dispuso que se proporcionen los elementos necesarios a efectos de atender la situación desde todos los aspectos involucrados: sanitarios, energía, reparaciones inmediatas en viviendas que sufrieron voladuras de techos, etc”.
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un informe sobre el temporal y señala que “la situación atmosférica actual, como ya se había anunciado, se enmarca dentro de una masa de aire inestable y húmeda. Éstas condiciones atmosféricas dan lugar a la formación de tormentas puntualmente intensas. Las mismas pueden venir asociadas con los siguientes fenómenos: intensa actividad eléctrica, granizo, vientos descendentes fuertes y lluvias copiosas”.
Madelaine Renom, presidenta del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), dijo en Inicio de Jornada de radio Carve que lo que ocurrió en San Carlos fue lo que se denomina una “corriente descendiente”. “No es turbonada o tornado, pero es muy violenta”, explicó.

FISCAL PIDIÓ ARCHIVO DE CAUSA DEL TÍTULO DE SENDIC
El fiscal penal Carlos Reyes entregó su resolución a la jueza Ana de Salterain sobre el caso del vicepresidente de la República, Raúl Sendic, y su título universitario en genética humana, que nunca presentó. Para el fiscal no hubo delito, por lo que pidió el archivo de la causa y según informó Reyes a Telenoche, la carrera de licenciatura en genética humana como tal no existe ni en Uruguay ni en Cuba, por lo que no se puede imputar el delito.
“El delito sería contra la administración pública pero la administración no tutela ese título porque la carrera no existe”, agregó Reyes.
Los abogados defensores de Sendic, Gumer Pérez e Ignacio Durán señalaron que el vicepresidente no incurrió en delito de usurpación de título porque en Uruguay no hay una licenciatura de esas características. Ahora quien deberá decidir es la jueza Ana De Salterain, pero ante el comienzo de la feria judicial, la resolución judicial del expediente quedaría para febrero de 2017.
Sedic dijo recientemente que el 2016 fue el “peor año” de su vida política por el “mal” manejo de la situación sobre su título, que como informó El Observador en abril y se confirmó más tarde en la Justicia, no existía.

GOBIERNO ACORDÓ CON MAGISTRADOS
El gobierno llegó a un acuerdo con la Asociación de Magistrados en el conflicto que se arrastra desde 2011 por incrementos salariales, y ahora espera continuar el diálogo con fiscales, defensores de oficio, actuarios y funcionarios del Poder Judicial para cumplir con la sentencia y poner punto final al diferendo. Según quedó dispuesto en las últimas horas, el Poder Ejecutivo se hace cargo de pagar el incremento reclamado desde diciembre de 2012, cuando los funcionarios judiciales presentaron un recurso de inconstitucionalidad, y se extiende hasta diciembre de 2016. Además, se otorga un aumento retroactivo de 10% (descontando adelantos), y otro de 6,4%, el cual se hará efectivo entre enero de 2017 y 2018 (el primero 3,4% y el segundo 3%).
Los pagos retroactivos serán pagados a los magistrados en tres anualidades, y significan un desembolso de U$S 9,5 millones por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. El incremento salarial para los jueces, en tanto, significa un aumento de gasto corriente de U$S 2,5 millones. Para que quede efectivo el acuerdo el gobierno debe enviar al Parlamento un proyecto de ley que otorgue los recursos al Poder Judicial, y por su parte la Asociación de Magistrados debe reunir la firma de 80% de los jueces donde expresen conformidad.