Locales | 28 Dic El Partido Nacional, a través de sus ediles e integrantes de la Comisión Departamental Nacionalista, fustigaron la actitud de ediles del Frente Amplio de atribuir intenciones a la diputada suplente Patricia Vásquez Varela de coartar la libertad de expresión, cuando los hechos que denuncian se enmarcaron en una denuncia judicial que fue favorable a la legisladora y consecuentemente en atención a las normas que establecen responsabilidades para quienes incurren en difamación o injurias por hechos falsos.
Los ediles Jorge Jesús, Miguel Otegui, José Pedro Illia, Jorge Genoud y el dirigente Manuel Bercianos indicaron a EL TELEGRAFO que “ediles del Frente Amplio manifestaron que había un ataque a la libertad de expresión, lo que desmentimos terminantemente, porque no hay ningún ataque de esta naturaleza. Lo que hay por estos ediles es una mala interpretación, una falsedad. La libertad de expresión existe en nuestro país y está garantizada por ley y por la Constitución. Pero lo que no puede pasar es que, basados en esa libertad de expresión, se vulneren derechos individuales y humanos, derechos fundamentales como es el derecho a la imagen y a la honra, que fue lo que ocurrió en el caso de la diputada suplente Patricia Vásquez Varela”.
Precisaron que “cuando se vulnera la honorabilidad de las personas, la libertad de expresión tiene un límite. Y uno de los límites que tiene son los derechos fundamentales de las personas que son atacadas cuando se hace un mal uso y se malinterpreta esa libertad de expresión. En este caso la doctora Vásquez Varela hizo una denuncia penal porque se sintió agraviada en su honra y en su imagen, lo que dio lugar a una instancia judicial por difamación e injurias y el injuriante, Andrés Irazoqui, se retractó por vía judicial. Hay una sentencia y consta a título expreso que se retractó y pidió disculpas por lo que había dicho. Y lo publicó, como determina la Ley de Prensa, en el mismo medio de prensa que publicó los agravios”.
“Por lo tanto, no hay ningún avasallamiento ni desconocimiento de la libertad de expresión como señalan los ediles del Frente Amplio, sino que la Justicia se expidió en base a lo que determina la ley”, subrayaron.

DOBLE DISCURSO
Los representantes nacionalistas mencionaron asimismo que les “llama poderosamente la atención que los ediles mocionantes, la mesa política del Frente Amplio a nivel departamental, y el Frente Amplio en su conjunto a nivel nacional, se digan tocados por esta situación, y por ejemplo no hayan reaccionado cuando un artista plástico exhibió un cuadro del expresidente José Mujica y de su señora Lucía Topolansky, y la Policía de Montevideo ordenó sacar el cuadro sin mediar un mecanismo legal a través de la denuncia ante la Justicia. La lectura que se hace entonces es que el expresidente y su señora tienen el derecho de avasallar la libertad de expresión de un ciudadano”.
“Y para el Frente Amplio, además, el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, tiene derecho a cercenar la libertad de expresión convocando a conferencias de prensa en la que no admiten preguntas. Nos preguntamos además, con este concepto, si en los consejos de ministros el Poder Ejecutivo tiene el derecho de limitar las preguntas de la prensa. Acá hay un doble discurso, una doble interpretación, que solo pretende defender lo indefendible”, añadieron.
De la misma forma señalaron como “insólito y lamentable” que “se salga a defender al injuriante” por la fuerza política, e incluso dijeron que se infiere que se trata de armar distracciones para ocultar que “no se ha hecho prácticamente nada” durante el primer año del gobierno departamental del Frente Amplio.