Opinion | 26 Dic Durante la década anterior, hubo ingresos extraordinarios debido al favorable contexto internacional, sobre todo los elevados precios de los commodities, que --utilizados con buen criterio-- hubieran permitido contar con un colchón de recursos y encarar reformas estructurales para sustentar las economías.
Tras este período de bonanza, en América Latina queda la frustración por lo que se pudo haber hecho y no se hizo. Y así nos ha ido. En este sentido, es pertinente traer a colación reflexiones y datos de Eduardo Cavallo, economista líder en el Departamento de Investigación Económica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien presentó recientemente en Montevideo el estudio “Ahorrar para desarrollarse: Cómo América Latina y el Caribe pueden ahorrar más y mejor”, del mencionado organismo.
En entrevista con El País, el economista marcó que si se mejorara la asignación del gasto público, se podrían generar hasta 2 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) de ahorro al año para volcar a la inversión productiva. Latinoamérica es una región de poco ahorro: “Tenemos problemas que tienen que ver con los sistemas de pensiones, con un gasto público no necesariamente elevado, pero muchas veces mal asignado. Problemas que tienen que ver con distorsiones en el sistema financiero, que es pequeño, bastante ineficiente y es muy caro para mucha gente y todo eso desalienta el ahorro”, puntualizó.
La problemática mencionada por el economista involucra el escenario tanto de las cuentas públicas como del sector privado, aunque, con connotaciones distintas: porque una cosa es lo que el Estado saca compulsivamente a través de impuestos y otra la del privado, que a través de la conjunción de capital-trabajo es el motor de la economía, mediante inversiones y creación de fuentes de empleo.
Sobre el gasto público, consideró Cavallo que “lo importante es entender las características que tiene en nuestros países. Para generar ahorro público, hay que trabajar en el consumo del gobierno. El gasto público tiene una partida que es el consumo (los gastos corrientes) y el gasto de capital, que en realidad no es consumo, es inversión y, por lo tanto, es ahorro. El problema que tenemos como región es que asignamos demasiado al gasto corriente y poco a la inversión”.
Este es solo uno de los aspectos que explicaría por qué nos va cómo nos va. Cavallo lo explicó, aunque sin hacer referencia específica a nuestro país, al señalar que lo hacemos de manera sistemática. “Cuando nos va bien, aumentamos todas las partidas de gasto de consumo y cuando nos va mal, solo reducimos las partidas que tienen que ver con el gasto de capital. Nuestra política fiscal castiga al ahorro público. Lo que proponemos (en el BID) es crear reglas fiscales que protejan el gasto de capital a lo largo del ciclo económico. Esto no implica reducirlos ni hacer ajustes; tiene que ver con manejar la política fiscal de manera más contracíclica. Es muy importante que los subsidios, los gastos sociales, lleguen a quienes lo necesitan, pero a nadie más que a ellos. Si están mal asignados, hay un montón de recursos que se van y que le llegan a gente que realmente no lo necesita. Es un patrón generalizado, no es idiosincrásico. El desafío es entender que tenemos estos problemas y tratar de solucionarlos, saliendo del debate ideológico”, argumentó.
Lo que considera el economista –y lo hemos señalado reiteradamente desde nuestra página editorial-- es no solo la cantidad, sino la calidad del gasto, la transparencia. Tal como sucede en cada hogar, en la economía doméstica, el gasto superfluo por encima de los ingresos lleva indefectiblemente a la ruina.
Según el economista, existe margen para generar ahorro público en nuestras economías sin necesariamente bajar los gastos o aumentar los impuestos. “Estimamos que, en promedio, mejorando la asignación del gasto público en algunas partidas, se pueden generar hasta 2 puntos del PBI anual en ahorro adicional en América Latina. Esto es una masa muy grande de recursos que se podrían volcar a la inversión productiva”.
El punto es que los cortoplacismos y las prioridades que han tenido los gobiernos populistas han generado estos condicionamientos, porque si bien un gobierno también tiene el rol y la responsabilidad de crear el marco de políticas para incentivar el ahorro, se han trastrocado prioridades, atendiendo lo urgente con improvisaciones y asistencialismos.
Por otro lado, los fondos de ahorros que se promueven no se vuelcan a la inversión productiva, porque no existe una adecuada diversidad de instrumentos financieros con los que el ciudadano común y las empresas puedan ahorrar. Las expectativas tienden a disiparse cuando se observa que, ante el déficit fiscal y las urgencias, desde el gobierno solo se apela a aumentar los impuestos, subir las tarifas y se ignora lo imprescindible: lograr la eficiencia en el gasto público.
Y mientras se desatienda esta necesidad de puro sentido común, seguiremos dando vueltas a la noria, como el burro, regodeándonos con la autocomplacencia de cuán lejos estamos avanzando cuando, en realidad, estamos siempre en el mismo lugar.