Nacionales | 29 Dic En la madrugada de ayer, a los 91 años, falleció el exdictador Gregorio Alvarez, quien fuera el último presidente de facto del gobierno cívico militar que diera el golpe de Estado en 1973 en nuestro país. El teniente general (R) del Ejército tenía 91 años y se encontraba internado en el Hospital Militar desde el pasado 14 de diciembre.
Alvarez fue presidente de facto en 1981 y aunque asumió la conducción del país sobre el fin del proceso, es considerado uno de los principales artífices del golpe de Estado (1973-1985). Durante su gestión al frente del gobierno continuó con la represión hasta que finalmente, forzado por el avance de los sectores políticos opositores en las elecciones internas de los partidos políticos de 1982 y, tras haber perdido gran parte del apoyo de las Fuerzas Armadas para continuar con el régimen dictatorial, accedió a negociar un cronograma electoral, que finalizó con las elecciones legislativas y presidenciales de noviembre de 1984.
Tras las elecciones que ganara Julio María Sanguinetti, candidato del Partido Colorado, Alvarez dimitió el 12 de febrero de 1985, cediendo el poder al entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Addiego.
El exdictador inició su carrera militar en 1940 y se graduó como oficial del Regimiento de Caballería en 1946, integrándolo hasta 1959. Fue jefe de Operaciones de Caballería en la Escuela de Instrucción Militar y de la Guardia Republicana de Montevideo.
En 1970 recibió la venia del Senado de la República para ser ascendido a general, cargo que comenzó a desempeñar en 1971. Ese mismo año fue designado jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (Esmaco), organismo a cargo de la coordinación y planificación de las acciones contra la guerrilla.
El 23 de febrero de 1973, meses antes del golpe de Estado, Alvarez fue designado secretario permanente del Consejo de Seguridad Nacional creado tras el acuerdo de Boiso Lanza, que asesoraba al entonces presidente Juan María Bordaberry (1928-2011).
En el golpe de Estado del 27 de junio de 1973 fue uno de los militares que ingresó en el Palacio Legislativo, junto al general Esteban Cristi, a los coroneles Alberto Ballestrino y Hugo Arregui y al teniente coronel Julio Barrabino.
En 1974 asumió como comandante de la 4ª División del Ejército, trasladándose a Minas. En 1975 asumió el cargo de presidente de la Comisión de Asuntos Políticos de las Fuerzas Armadas y en 1978 fue designado comandante en Jefe del Ejército.
En 1979 pasó a retiro y en 1981 forzó al Consejo de la Nación a que lo designara presidente. Asumió el cargo el 1° de setiembre de 1981, casi un año después del plebiscito constitucional en el que el 57% de la ciudadanía rechazó la propuesta de crear un régimen constitucional que legitimara a la dictadura cívico-militar.
Alvarez fue acusado de obstaculizar la salida democrática, que el sector encabezado desde 1984 por el teniente general Hugo Medina (1929-1998) pretendía llevar a cabo. El 18 de diciembre de 2007, 23 años después de haber dejado la presidencia de facto, fue detenido por pedido de la fiscal Mirtha Guianze y orden del juez Luis Charles, acusado de torturas, asesinatos y desapariciones de personas durante la dictadura militar.
Su prisión marcó un giro esencial en la aplicación de la ley de caducidad, de acuerdo con la interpretación que de su artículo 4º hizo el presidente Tabaré Vázquez. En octubre de 2009 fue sentenciado a 25 años de prisión por homicidio muy especialmente agravado de 37 desaparecidos.
A mediados de 2015 sufrió un accidente cerebrovascular mientras estaba recluido en la Cárcel de Domingo Arena, donde permaneció tres meses.

GOBIERNO PIDE CONCURSO DE ALAS URUGUAY
El Fondo para el Desarrollo (Fondes) dio instrucciones para que se presente el concurso de Alas Uruguay, la aerolínea que ayudó a crear con una línea de crédito por U$S 15 millones y es el principal acreedor de la empresa. El trámite se trató de iniciar el viernes, pero la feria judicial que empezó ese día hizo imposible que el proceso comenzara a andar. Ahora se busca que el Poder Judicial levante la feria. "En esta semana o la que viene, seguramente, vamos a ir al juzgado a pedir el levantamiento de feria", dijo a El Observador Gustavo Bernini, presidente del Fondes Inacoop (una de las dos particiones en las que se dividió al organismo). La decisión se tomó debido a que es "claro y notorio" que la empresa "no está en marcha", añadió.
El 24 de octubre, las autoridades de la compañía aérea habían enviado una carta a la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia), en la que indicaba que suspendería sus operaciones por 60 días. Desde esa fecha hasta hoy no realizó ningún vuelo. Por esos dos meses la empresa conservaría los derechos sobre las rutas y podría retomar los servicios regulares cuando así lo dispusiera. Pero eso no pasó, y Alas Uruguay perdió su Certificado de Operador Aéreo (AOC).
Bernini explicó que la "inminencia del vencimiento de la suspensión" determinó que se decidiera dar este paso en los últimos días de la semana pasada. Así, instruyeron al fideicomiso Conafin Afisa --propiedad de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) y quien administra en calidad de fiduciario el Fondes-- para que solicitara ante la Justicia el concurso de la firma.

NUEVA UNIDAD AJUSTABLE
El gobierno enviará un proyecto de ley para establecer una nueva unidad de valor, similar a la Unidad Indexada (UI) a la inflación y a la Unidad Reajustable (UR). Esta nueva unidad —aún sin nombre— será utilizada, en principio, para emitir títulos de deuda pública y se enmarca en el proceso de cambios en las jubilaciones, vinculados a las rentas vitalicias (que dependen del ahorro acumulado en la AFAP).
Actualmente, cuando una persona se jubila y aportó al Banco de Previsión Social (BPS) y una AFAP, cobra su pasividad de dos prestadores. En el caso de la AFAP, la administradora transfiere el monto acumulado a una aseguradora y esta, en base a tablas de mortalidad que publica el Banco Central, divide el monto entre los años de expectativa de vida.
Esa pasividad se ajusta año a año en enero igual que las del BPS, de acuerdo a la variación del Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN). Como la aseguradora no tiene un instrumento para invertir que evolucione igual que la pasividad a pagar, tiene una pérdida que debe asumir por ese descalce de monedas. Eso llevó a que las privadas se retiraran de este mercado y solo quedara el Banco de Seguros del Estado (BSE) pagando rentas vitalicias.