Paysandú, Lunes 02 de Enero de 2017

Asamblea de caja de profesionales universitarios evaluó conflicto

Locales | 29 Dic El 15 de diciembre tuvo lugar la asamblea de socios de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Profesionales Universitarios (Aacjpu), que fuera declarada en sesión permanente desde el 7 de julio, destacó a EL TELEGRAFO Ramón Appratto Lorenzo, integrante del Comité de Crisis en representación del Interior del país.
“La finalidad fue informar la marcha del conflicto que llevó a casi 3.000 de sus afiliados a presentarse ante la Justicia contra esas resoluciones que les rebajan las jubilaciones y pensiones, justo cuando a partir del 1º de enero se van a aplicar aumentos en el Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social y se enfrentan a un aumento de todas las tarifas públicas que inciden en la suba de precios”, indicó Appratto.
Explicó que las resoluciones implican supresión gradual de la compensación por gastos de salud que se paga hace más de 30 años, la eliminación de la compensación especial de fin de año y la rebaja del 60% al 50% en el porcentaje de los sueldos fictos con que se calculan las futuras jubilaciones. Esta última también afecta a unos 2.500 profesionales ya jubilados a partir del 2005, a quienes se les congelará la jubilación hasta devolver ese 10% cobrado desde hace diez años, que la mayoría del directorio juzga que fue cobrado de más.
“Esta resolución, que aplica rebajas con efecto retroactivo, castiga a los profesionales activos, futuros jubilados, que arrancarán cobrando un 10% menos de jubilación”, evaluó el integrante del Comité de Crisis.
Según Appratto, la votación a favor de la moción fue la resolución más importante aprobada. En este sentido, dijo que tomó conocimiento “con satisfacción” de la resolución del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Primer Turno, “que suspendió la aplicación de las medidas adoptadas por la mayoría del directorio hasta la dilucidación definitiva de la acción de nulidad en los recursos de los pasivos que tiene a su consideración”. Esta medida se aplicará solo a las personas que están incluidas en el recurso presentado en ese Tribunal.
Asimismo, “expresó su repudio a la resolución adoptada por los seis directores de la mayoría (dos del Poder Ejecutivo y cuatro representantes de los profesionales activos) que votaron en contra del pedido del director representante de los pasivos, doctor Hugo de los Campos, referente a realizar una auditoría externa para aclarar por qué los 700 millones de dólares relacionados con la morosidad no se consignan en los balances de la Caja, que fue observada por el Tribunal de Cuentas”.
Por otro lado, Appratto reprueba el silencio del secretario de Presidencia de la República, Miguel Toma, quien se había comprometido a dar una respuesta en relación con el conflicto. Expresó reconocimiento a la decisión unánime del Tribunal de Cuentas referente a declarar que los gastos de salud constituyen un derecho adquirido y que solicitara a la Caja información sobre todos los créditos por morosidad, su antigüedad y otros aspectos.
Finalmente, la asamblea reiteró “la voluntad inquebrantable de luchar por los derechos de los pasivos, la defensa del rico patrimonio de la Caja a través de una imprescindible mejora de su gestión, que depende de llevar al directorio integrantes idóneos y sensibles a los objetivos de la Caja: la tranquilidad presente de los pasivos y la futura de los afiliados activos”.
“Esta moción fue la única aprobada por la asamblea que dispuso su mayor difusión posible en la prensa oral y escrita. Ignoro cual fue la razón por la cual la directiva de la Asociación no cumplió con lo dispuesto por su órgano máximo, la Asamblea y su Comité de Crisis”, evaluó Appratto.
“Para medir la calidad de personas de la mayoría del directorio, basta decir que –con la excepción del actual presidente, Álvaro Roda-- resolvió suprimir una partida de $60.000 anuales que otorgaba desde hace años a la Aacjpu y que esta destinaba a la realización de talleres en su sede, con los que se trata de amenizar la calidad de vida de jubilados y pensionistas. Un bajo recurso de venganza o amedrentamiento que da la talla de los actuales directores que lo dispusieron”, lamentó Appratto.


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