Opinion | 05 Ene El 2016 fue declarado el año más cálido desde que se tiene registro: la Organización Meteorológica Mundial (OMM) reconoció que fue el año más cálido, con temperaturas que superaron en 1,2 grados los registros de la era preindustrial. La temperatura de la superficie oceánica y terrestre alcanzó máximos históricos entre enero y noviembre, llegando a superar en casi un grado Celsius la temperatura media del siglo XX.
Con este récord y una mayor humedad en la atmósfera, se han vuelto más comunes las lluvias y ráfagas de viento intensas, así como las inundaciones.
Este “cóctel” también se está haciendo sentir desde hace un tiempo en Uruguay y nada indica que se trate de una situación pasajera, por el contrario, es un fenómeno con el que tendremos que aprender a convivir.
Tales variaciones suelen ir acompañadas con fenómenos extremos y, por otra parte, el cambio climático genera otras transformaciones referidas a la matriz energética, la calidad y el uso del suelo y la disponibilidad de agua para consumo humano, por lo que se trata de uno de los más grandes desafíos del mundo actual.
Los factores que inciden son de alcance global y cualquier abordaje serio de este tema necesita acuerdos mundiales. En este sentido, el denominado Acuerdo climático de París entró en vigencia a fines del año pasado y debe pasar de la firma a la aplicación práctica en un lapso menor a un año.
Hasta el momento, más de 100 países han adherido a este acuerdo para limitar el aumento de temperatura a 2 grados llevando a cabo acciones concretas de mitigación y adaptación al cambio climático. Veinte naciones de América Latina y el Caribe, que representan aproximadamente el sesenta por ciento de los países de la región, también lo han ratificado, incluyendo a Uruguay, Brasil, Argentina, México y Bolivia. “Los países no están ratificando el acuerdo simplemente para cumplir con sus compromisos internacionales. El apoyo brindado por nuestra región resalta el hecho de que, para nosotros, enfrentar el cambio climático y generar prosperidad son objetivos que se complementan mutuamente, garantizando un desarrollo inclusivo y sostenible”, sostiene en un reciente artículo Amal-Lee, jefa de la División de Cambio Climático del Banco Interamericano de Desarrollo.
En un repaso a la situación latinoamericana, la experta recuerda que Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Granada, Haití, Guatemala y Santa Lucía, además de otros países que participan en el Foro de Vulnerabilidad Climática, declararon su intención de lograr que la producción de energías renovables llegue al 100% tan rápido como sea posible. México lanzó su estrategia de desarrollo con bajas emisiones de carbono para mediados del siglo XX con el objetivo de, hacia 2050, disminuir sus emisiones en un 50% por debajo de los niveles de 2000. En Brasil, el estado de Mato Grosso tiene la intención de reducir la deforestación en el Amazonas y en la zona conocida como el Cerrado en un 90% y 95%, respectivamente, hacia 2030; y al mismo tiempo se ha propuesto aumentar la producción agrícola.
Colombia planea cerrar la frontera forestal como un componente clave de un futuro posterior al conflicto, concentrándose en implementar una fuerte reforma de tenencia de la tierra y colocando amplias áreas de bosques bajo el control de los pueblos indígenas. Argentina procura reducir sus emisiones en un 18% hacia 2030 con respecto a los niveles de emisiones previstos para ese año, en lugar del 15% que había propuesto la administración anterior.
En el caso de Chile, si el país aumentara las metas y pasara a producir un 100% de energía renovable hacia 2050, evitaría gastos por un valor de U$S 5.300 millones al año en combustibles fósiles, permitiendo así la creación de 11.000 empleos verdes, además de evitar 1.500 muertes prematuras debido a la contaminación del aire en Santiago.
Según los expertos, en una región altamente vulnerable al impacto del cambio climático como América Latina y el Caribe es indispensable realizar un “blindaje” que requerirá entre un 2 y un 3% del Producto Bruto Interno para atender las pérdidas en productividad e infraestructura dañada por sequías, inundaciones, huracanes, fenómenos que han aumentado veinte veces en el período comprendido entre la primera mitad del siglo XX y la primera década del siglo XXI.
Es inminente la necesidad de construir teniendo en cuenta la variable del cambio climático, la actualización de códigos y estándares basados en clima (aumento de las escorrentías y caudal de los ríos, por ejemplo), además de la utilización de infraestructura “verde” como medida de adaptación y conservación de los ecosistemas.
Nuestro país trabaja desde hace varios años en la adaptación al cambio climático, disponiendo desde 2009 de un Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. Asimismo, los notorios avances en materia de energía sustentable que nos sitúan a la cabeza de Latinoamérica y acciones más pequeñas pero igual de importantes –como la inclusión de este tema en la planificación territorial, el desarrollo rural y la coordinación de la respuesta ante emergencias-- constituyen esfuerzos que colaboran en resiliencia y es necesario profundizar.
Por otra parte, en un país agrícola ganadero, el cambio climático puede ser la mayor amenaza para el desarrollo agrícola, como claramente advirtió en estos días Manuel Otero, veterinario argentino candidato a dirigir el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) al reclamar también que la agricultura “sea parte de la solución para tener procesos productivos más limpios”. Por donde se lo mire, el cambio climático presenta una serie de desafíos para Uruguay, que debe enfrentar esta situación mejorando sus sistemas de monitoreo y alerta, planificando el desarrollo territorial sin perder de vista este problema y trabajando mucho en la prevención para que la sociedad pueda tomar decisiones informadas que contribuyan a reducir el impacto y las consecuencias adversas.