Opinion | 09 Ene En los últimos meses el presidente Tabaré Vázquez brindó su respaldo absoluto a dos figuras con alta exposición mediática: el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, y el ministro del interior, Eduardo Bonomi.
En ambos casos dejaba en claro –además de su respaldo político-- el apoyo al accionar profundamente criticado por la oposición e incluso desde la interna de la fuerza política.
En el caso del secretario de Estado, el mandatario llamó a Bonomi para expresarle su apoyo a los “cambios estructurales de largo aliento en la Policía Nacional” y su “confianza en las políticas en seguridad que presentan sus primeros indicadores positivos en décadas”. En este caso, la defensa a su gestión apareció tras las declaraciones de la senadora del MPP, Lucía Topolansky, quien manifestó en una entrevista con El País que prefiere a Bonomi en el Senado. Y no es la primera vez que lo hace si se toma en cuenta la moción de censura al ministro del Interior, que no prosperó a nivel parlamentario.
Allegados a Bonomi aseguran que no tiene intenciones de renunciar, aunque reconoció que el MPP aguarda su dimisión e ingreso al Senado. Paralelamente, su sector se ha encargado de difundir la gestión del “mejor ministro” del Interior desde el retorno a la democracia, en opinión de Topolansky, quien apuntó a “la derecha y otros medios” para que abandone el cargo.
La senadora nacionalista Verónica Alonso propuso un candidato de consenso para ese puesto que fue rechazado por el senador Jorge Larrañaga, al igual que el Partido Colorado. El presidente nombra a un ministro, en acuerdo con los diversos sectores partidarios, y a su vez es responsable de gobernar sin el consentimiento de esa oposición que reclama su salida, en tanto así lo dispone la Constitución.
Como sea, más allá de las valoraciones positivas de la fuerza política, es clave el reconocimiento de que ningún ministro, desde el retorno a la democracia en 1985, ha logrado detener el proceso de deterioro de la seguridad ciudadana y en todos los casos, de acuerdo con las cifras oficiales, las rapiñas han aumentado. Tampoco han logrado instalar la confianza ciudadana en el proceso de gestión ministerial, más allá de los cambios realizados a la estructura policial que presentaba un profundo deterioro ni llegaron con ese mensaje a aquellos que aún perciben el temor de salir a las calles sin que “pase algo”.
Después vino el apoyo a Sendic, cuando el vicepresidente trataba de explicar la inexistencia de su título de licenciado en Genética Humana que --según se indicaba por esos días-- obtuvo en una universidad de La Habana, en Cuba, y así se presentaba en su currículo y documentos públicos.
Cuando lo consultaron sobre el impacto de la noticia en una figura de importancia en el gobierno nacional, solo respondió con una velada sensación de impotencia: “Bingo. Me esperaron toda la tarde para preguntarme sobre esto. Yo no voy a hablar de cómo impacta o deja de impactar. El vicepresidente de la República merece toda mi confianza y tiene todo mi respaldo. Punto y aparte. No me pregunten más de este tema porque no voy a decir una sola palabra más”.
Tras los dichos de Vázquez, se divulgó un comunicado del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio que acusaba a la prensa de minar la institucionalidad, en tanto “rechaza la campaña desplegada por la oposición y diferentes medios de comunicación, destinada a menoscabar la imagen y credibilidad, tanto de integrantes de nuestro gobierno como así también debilitar la institucionalidad democrática del país”. Ante menudas acusaciones, algunos sectores se desmarcaron y eligieron las palabras para enfrentar dicha circunstancia.
El diputado de Asamblea Uruguay José Mahía estimó que parte de la declaración “es una exageración” y que “confía en algunos periodistas”, aunque criticó que otros hechos similares a lo que atravesó Sendic, vinculados con dirigentes “de la derecha”, “pasan a segundo plano”. En todo caso, la implicancia institucional que realizó la fuerza política con un asunto personal –que estuvo sostenido por el propio acusado-- no resultó apropiado. Incluso no fue aprobado por el sector que lidera Danilo Astori.
En medio de estas cuestiones, aparece la defensa a la libertad de expresión y el razonamiento –que en ningún momento se destacó como tal-- de que la información basada en el supuesto título de Sendic no era un invento “de la derecha” que ataca “la institucionalidad” del país, sino lisa y llanamente un hecho de la realidad. Tal como ocurrió en otros casos, con la única diferencia de la investidura que ostenta el vicepresidente de la República, que representa con su figura no solamente a la Asamblea General, sino al pueblo uruguayo.
Sobre eso --particularmente-- no pudo contestar Vázquez, sino que prefirió un argumento confrontativo y el respaldo basado en un consejo brindado en privado: “Ni se te pase por la cabeza renunciar”.
Tampoco en el medio hubo aclaración alguna, no solo para salir de la duda, sino para reafirmar ese respaldo institucional y evitar que se entendiera que era licenciado. Eso, en realidad, era mucho más sencillo que las argumentaciones básicas y utilizadas posteriormente bajo una situación vivida por el senador nacionalista Javier García. En este caso, se le exigió la presentación de su especialidad en Pediatría a su título de médico, cuando los usuarios de los diversos sistemas de salud a nivel nacional saben que sus niños son atendidos –en gran medida-- por profesionales que no cuentan con dicha especialidad certificada. Ocurre que nos estamos acostumbrando a esos cruces y confusiones, con un trasfondo mediocre y escaso de argumentaciones.
Por eso Vázquez siente la necesidad de respaldar acciones y personas, ante los cuestionamientos de los últimos meses, y personifica dichas acusaciones en algunos medios de comunicación, cuando el Poder Ejecutivo cuenta con las armas necesarias para difundir sus realizaciones.
Además, no es la primera vez que el mandatario respalda el accionar de otros referentes. Lo hizo cuando aún se encontraba en el llano y durante la presidencia de José Mujica, a quien apoyó en “todas las decisiones” que adoptaba, tras la renuncia del entonces ministro de Economía, Fernando Lorenzo, por el cierre de Pluna y los créditos otorgados por el expresidente del Banco República, Fernando Calloia. Pero como lo dijo Vázquez en ese momento: “No es fácil gobernar” y sobre todo no lo es para quien no gobierna bajo la presión de la “herencia maldita”.