Nacionales | 12 Ene La jueza especializada en Crimen Organizado María Elena Mainard hizo lugar al pedido de la fiscal María de los Ángeles Camiño y procesó con prisión a cinco de los 13 trabajadores de la empresa capitalina Cutcsa que el pasado martes fueron detenidos, en el marco de la investigación de un caso sobre explotación sexual de menores de edad.
Según informó Montevideo Portal, cuatro fueron procesados por el delito de contribución a la explotación sexual de menores e incapaces, mientras que el restante irá a la cárcel por retribución o promesa de retribución a personas menores para que ejecuten actos sexuales.
De los 13 detenidos, siete de ellos habían sido liberados el martes. Además de los ahora procesados, quedaba un sexto funcionario que fue liberado ayer luego de prestar declaración.
Los choferes y guardas detenidos son acusados de integrar un foco de explotación infantil en la terminal de ómnibus del Cerro, en Montevideo, investigación que la jueza Mainard lleva a cabo tras una denuncia presentada por el INAU.
Los investigados, cuyas edades van entre 40 y 50 años, tenían un grupo de WhatsApp llamado "Los fenómenos" donde intercambiaban fotos de su vida familiar y social. Se sospecha que, a través del grupo, también intercambiaron fotos de tres menores desnudas o simulando tener relaciones sexuales. El Departamento de Investigación de Delitos Especiales comenzó la investigación del caso hace dos meses. La operación policial se denominó "Los Fenómenos".
El INAU aportó datos, nombres de las tres adolescentes y el modus operandi utilizado por los propietarios de los ómnibus. La investigación policial, para identificar a los supuestos abusadores, demoró dos meses.
Según se indicó, las adolescentes recibían desde un boleto ($30) hasta una recarga de celular, entre otros regalos, para participar de encuentros con propietarios de vehículos cuando se encontraban en la terminal del Cerro.

LUZ VERDE A COMPRA DE AVIÓN PRESIDENCIAL
En una resolución del Ministerio de Defensa fechada el 29 de diciembre de 2016, la Fiscalía concluyó que “no asiste razón a la referida observación formulada por el Tribunal de Cuentas (TC)” y habilitó la compra, según indica El País.
La transacción recibió reiteradas objeciones del TC. Sin embargo, tras el análisis del caso, la Fiscalía concluyó: “no ha existido ni en forma real ni en forma potencial un apartamiento de las normas sobre contratación pública en lo que refiere a los criterios adoptados en el Pliego Particular de Condiciones, no verificándose ningún supuesto de vulneración de los principios de igualdad de los oferentes y de concurrencia”.
Ante esto, el presidente Tabaré Vázquez resolvió reiterar el gasto de U$S 1.010.000 para la adquisición de una “aeronave multipropósito Hawker HS 125-700A” usada. La eventual compra del avión estuvo marcada por la polémica. Y una de las voces críticas vino de filas del propio partido de gobierno.
El tema se discutió largamente en una reunión de la comisión de presupuesto integrada con Hacienda del Senado, realizada en agosto del año pasado, donde el expresidente José Mujica se desmarcó de los argumentos a favor de la compra que venía haciendo el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, y otros senadores oficialistas.
"Uruguay no necesita un avión y es bueno que siga siendo así. Históricamente fue siempre así. Yo me las arreglé siempre como pude. No comparto que haya que comprar un avión", dijo Mujica en la reunión de la comisión, según coincidieron varios participantes.

RECLAMOS POR ESTAFA INMOBILIARIA
El abogado de la empresaria inmobiliaria acusada de estafar a varias familias argentinas en Maldonado dijo que recibió más de 50 reclamos de personas que se sienten damnificadas y aseguró que la mujer enfrenta problemas financieros que le hacen imposible, por el momento, restituir el dinero cobrado en los últimos meses.
El abogado Santiago Tejera dijo que el jueves pasado la mujer le dijo "que no conseguía el dinero y que encima le debía a más gente".
"Mi cliente lo que tiene es un grave problema financiero. No creo que esté por el mundo con una valija llena de dinero viajando por ahí. Esto se le fue de las manos. Y se le fue de una manera drástica y dramática porque soy consciente de la situación que están pasando muchas personas", agregó.
"A todo el mundo le digo lo mismo: la intención que ella me manifestó el día jueves pasado, la última vez que tuve contacto con ella, fue la de arreglar. Le dije: vos tenés que solucionar esto. Tenés dos caminos. Si aparece el dinero, es un camino. Si no aparece el dinero, es otro camino. Más con el historial que ella tiene y que es público", enfatizó.
"Le dije: liquidá lo que tengas que liquidar. Que aparezca el dinero o parte del dinero para, de alguna manera, devolver a las personas lo que les corresponde. No hay misterio. No hay dos bibliotecas. Es blanco o negro. Así se lo expresé", señaló el abogado. "Estoy esperando que se contacte conmigo para ver cómo se empieza a solucionar este problema. Soy realista. No creo que aparezca todo el dinero. Pero si aparece algo, es mejor que nada", agregó.
La empresaria fue denunciada por alquilar propiedades a argentinos en Punta del Este que después no pudieron acceder a los inmuebles. La mujer tenía antecedentes penales.
En tanto, la Policía allanó el local de la inmobiliaria ubicado en la galería Scalone de la calle 29 a escasos metros de la avenida Gorlero. Fueron interrogadas personas allegadas a la empresaria.
El pasado viernes por la noche, según vecinos del lugar, se observó cómo la empresaria retiraba papeles de la oficina ahora cerrada.
"En uno de los casos, el propietario de catorce apartamentos de Punta del Este los alquiló con la intermediación de esta empresaria. Cuando vino el propietario, que vive en el exterior, se encontró con que no solo no tenía dinero para cobrar por los alquileres, debía los gastos comunes acumulados en todo este tiempo. La mujer también se quedó con este dinero", explicó Díaz.

OTRA VEZ SIN FUNCIONAR EL REMOLCADOR DE ANCAP
Doce millones de dólares y dos reparaciones después, el remolcador-empujador "Ky Chororo" de Ancap está roto nuevamente y no podrá operar por varios meses, da cuenta El País.
Todo lo relacionado con el proyecto de la nave, su construcción, el costo que demandó y los problemas técnicos que de entrada tuvo forma parte de una de las denuncias presentadas por el Partido Nacional ante Crimen Organizado.
Según pudo saber El País, en Ancap se ordenó una investigación administrativa para determinar responsabilidades en esta sucesión de problemas que le demandarán nuevos e inesperados gastos a la empresa energética, cuya situación financiera es tal que debió ser capitalizada con U$S 800 millones hace justo un año.
Los nuevos problemas se presentaron el jueves 15 de diciembre de 2016. Alrededor de las 17 horas de esa tarde, zarpó el empujador junto con dos barcazas repletas de gasoil para remontar el río Uruguay y abastecer las dos plantas del litoral del país ubicadas en Juan Lacaze y Paysandú. A poco de navegar, se informó que no se podía continuar por la escasa maniobrabilidad del barco debido a una avería en el timón, equipo que ya había presentado algunos síntomas de desgaste antes. Debió ordenarse entonces el traslado de ese embarque de gasoil por tierra para lo que hubo que contratar un flete que le costó a la empresa U$S 150.000, como parte de un largo rosario de gastos adicionales.