Locales | 12 Ene La “privatización” de más de 800 espacios por la Intendencia Departamental sanducera en la nueva zona azul que se habilitará desde febrero es cuestionada por el edil nacionalista Marcelo Tortorella, si bien señala la necesidad de reordenar el tránsito de la ciudad.
“Nos parece bien que se manejen normas de organización del tránsito para volverlo más ágil y menos caótico sobre un espacio físico de la trama urbana de la ciudad que no puede modificarse”, afirmó a EL TELEGRAFO.
Pero dijo que no le parece justo –“porque a la postre es un atropello a los derechos adquiridos-- que la Intendencia decida privatizar a favor de una empresa más de 800 espacios de estacionamiento en la vía pública de la zona céntrica de la ciudad, que recaudará, de acuerdo con las estimaciones técnicas, alrededor de 5 millones de pesos mensuales, que saldrán de los esquilmados bolsillos de los sanduceros”.
Tortorella puntualizó que desde la Junta Departamental ha reclamado una reorganización de la zona azul y su ampliación, sobre la base de determinadas alternativas, entre las que mencionó suprimir el estacionamiento, incluso durante los fines de semana, a lo largo de la actual zona azul por 18 de Julio desde Zorrilla hasta 33 Orientales, para favorecer el mayor espacio de circulación para peatones y fluidez en el tránsito de los automovilistas y motociclistas que usan la parte transitable de la calzada, generando mayor espacio y visibilidad del entorno. Asimismo, “para mejorar el mantenimiento integral de todos los elementos que sirven de límites divisorios entre la vereda y la calzada, y así evitar los pequeños siniestros que es común ver al estacionar los vehículos y que terminan generando daños innecesarios en el ornato y también en los vehículos por sus maniobras”.
Paralelamente, “ampliar la zona azul en el tramo de 18 de Julio desde calle Cerrito a calle Montecaseros y desde calle 33 Orientales a Independencia, así como en calle Florida y Leandro Gómez en el tramo comprendido entre Montecaseros a Setembrino Pereda y en el perímetro de las calles transversales en esa última área”. A su juicio, es “obvio que a la Intendencia se le fue bastante la mano a la hora de ampliar la zona azul. Pero nuestro planteo en tal sentido no llevaba consigo cambiar la base de la organización social de quienes debían ser justamente los beneficiarios del servicio de estacionamiento, pues nos basamos en un criterio de solidaridad social, para favorecer a quienes menos oportunidades laborales tienen. Por eso no estamos de acuerdo en que se beneficien a empresas privadas con fines lucrativos en la explotación de los estacionamientos en lugares públicos. Los estacionamientos deben ser administrados por la Intendencia y no por entidades privadas”.
Pero además de afectar a las personas que tienen ingresos por esta actividad, “no nos podemos olvidar del castigo que significa esta medida para los contribuyentes residentes en la zona donde la Intendencia pretende implementar la zona azul. Porque esos vecinos pagan contribución, si tienen vehículos, pagan patente y ahora además van a tener que pagar, aunque bonificados, un lugar de estacionamiento frente a sus domicilios, lo que tampoco nos parece adecuado. Por lo menos este es un aspecto que debió valorarse, para no generar un conflicto innecesario con los habitantes y comerciantes de la zona céntrica, a quienes se les terminará afectando solo por vivir allí y provocará una migración comercial de establecimientos comerciales hacia otras zonas de la ciudad donde no se pague estacionamiento, despoblando así de emprendimientos comerciales a la zona céntrica de la ciudad”.
A su juicio, “no es aceptable que en nombre de las mejoras en el tránsito se vuelva a priorizar la recaudación y menos aún que ese incremento de la recaudación que se proyecta termine beneficiando a un privado, que además, para ejercer el control, se servirá de la legión de inspectores de tránsito. Por lo tanto, estos funcionarios públicos encubiertamente trabajarán para una empresa privada en las tareas de control. Todo esto es auspiciado por el gobierno del Frente Amplio en Paysandú, incluyendo intendente, los ediles oficialistas y la mesa política”.
Tortorella propone que el vecino residente “tenga la opción de registrar su matrícula asociada con el número de puerta de su domicilio y colocarle un sticker de 'exonerado' en el parabrisas del vehículo, para que los inspectores de tránsito no se vean tentados de aplicarle una multa cuando se constate que ese vehículo se encuentra aparcado en la zona azul”.
Por otra parte, “esta medida de ampliar la zona azul tampoco ha sido consensuada con los comerciantes del microcentro, ni tampoco con los vecinos afectados, a quienes las autoridades debieron de haber convocado a una audiencia pública consultiva. Tampoco se recabó la opinión de los socios del Centro Comercial, que se verán afectados. Son todas decisiones burocráticas, planificadas desde algún escritorio del Palacio Municipal”.