Opinion | 20 Ene Recientemente la presidenta del Directorio de Ancap, Marta Jara, anunció, no sin cierto aire triunfal --todo es relativo en este mundo-- que durante 2016 Ancap generó "cierta holgura" en la empresa, lo que permitió que se saldaran deudas por más de cien millones de dólares.
Expuso la jerarca que "nuestros ingresos fueron mayores que los que necesitábamos para cubrir la operativa del día a día. Entonces, esa diferencia se ha utilizado para saldar deuda", y añadió que el aumento de ingresos se debió a que el precio del crudo fue menor al previsto, en tanto el tipo de cambio fue menor a lo esperado.
Consideró que "eso es importante para tener una empresa que pueda reaccionar a variables macroeconómicas a las que Ancap está sujeta" y evaluó que el ocho por ciento promedial de la suba en el precio de los combustibles a partir de la primera semana de enero es suficiente, por lo que descartó que haya otro aumento en el corto y mediano plazo.
“Creemos que es un punto de equilibrio entre las expectativas, lo que puede pagar el mercado y los ingresos que necesita Ancap para fondear sus costos actuales y continuar saldando el pasivo”, dijo, para añadir que “en la medida que el crudo va cambiando de precio y el tipo de cambio va evolucionando, eso se revisa constantemente”.
Lo que es muy relativo y parcialmente cierto, naturalmente, porque esta consideración hasta ahora ha funcionado solo cuando el crudo y el tipo de cambio suben, que se traduce lo antes posible en las tarifas, pero que en cambio no se aplica por regla general cuando la cosa se da al revés en los parámetros de costos del ente.
Claro, la buena noticia para los jerarcas de la empresa --mucho más para el país-- es que el organismo durante 2016 no perdió dinero, como se había dado en años anteriores, sobre todo durante la gestión de Raúl Sendic, cuando se acumuló un pasivo de 900 millones de dólares, y el año anterior el Poder Ejecutivo debió disponer una capitalización del ente por unos 600 millones de dólares. Que es mucho más que una simple “transposición” de datos contables, como pretendió hacer creer el expresidente José Mujica, y se trata claramente de dinero que aportamos todos los uruguayos para tratar de tapar parcialmente el agujero que ha dejado la mala gestión del ente durante varios años.
Y por supuesto que no han sido gratis tampoco estos 100 millones de dólares que Ancap ha volcado a la amortización parcial de su deuda, porque se trata de sobrecostos aplicados a todos los uruguayos durante el año de “recuperación” del ente, al no haber bajado los precios de los combustibles sobre la base de los costos reales, simplemente para facturar y al fin de cuentas ser parte del ajuste fiscal encubierto que era predecible de acuerdo con la magnitud del desfasaje entre ingresos y egresos del Estado, con una participación del ente con sus pérdidas, naturalmente.
Es que a lo largo del 2016, al no disponerse una baja en el precio de los combustibles, considerando que el precio del petróleo y el dólar estaban por debajo de la referencia de Ancap, se instrumentó en los hechos una capitalización encubierta de unos U$S 150 millones, aunque esta medida fue desmentida una y otra vez desde el Poder Ejecutivo y la propia presidencia del organismo.
Pero lo cierto es que los uruguayos hemos pagado nuevamente sobreprecios en combustibles y estos ingresos extra correspondientes al ejercicio de 2016 permitieron que Ancap salde unos U$S 100 millones de deuda.
Indudablemente los consumidores cautivos, que no tienen otra opción que comprar los combustibles al ente monopólico, han pagado esta deuda como también lo hacen con los 600 millones de dólares de capitalización que dispuso el Poder Ejecutivo.
No debe perderse de vista que, en los hechos, a fin de año hubo dos incrementos de tarifas, uno abierto y otro encubierto. Al incremento en los precios de la primera semana de enero se agregó desde mediados de diciembre --siguiendo directivas del Ministerio de Economía-- que Ancap recortó en 10% los márgenes que pagaba a estacioneros y distribuidores, pero mantuvo el precio de venta al público. Eso resultó en un aumento de lo que recibe la empresa pública por los combustibles, lo que se llama el "precio en refinería" (antes de ser distribuido, o vendido al público).
Por supuesto, el carácter monopólico le permite al organismo abusar del “tómelo o déjelo”, porque Ancap tiene el monopolio de importar y refinar naftas, con una posición dominante en el mercado que le permite distorsionar e imponer condiciones. Lo que no ocurre en el caso del cemento, por ejemplo, donde tiene que competir con empresas privadas que por su esencia y por la mala gestión del ente pueden vender más barato y derivar en enormes déficit anuales de la cementera estatal y a costo de todos los ciudadanos, que subsidian pagando mayor precio por los combustibles toda esta estructura ineficiente y burocrática.
No es porque sí, además, que Uruguay tiene la energía eléctrica y los combustibles más caros de la región, y de los más caros del mundo. El Observador recientemente dio cuenta de un estudio de la consultora SEG Ingeniería que señaló que "en el caso del gasoil, la última cotización que fijó Ancap marca un precio de U$S 1,35 por litro, en segundo lugar viene Argentina (U$S 1,05), luego Brasil (U$S 0,90) y Chile (U$S 0,72). Lo mismo ocurre con la nafta súper que en Uruguay cuesta hoy U$S 1,48 por litro al consumidor, frente a los U$S 1,17 de Argentina, U$S 1,13 en Chile y U$S 1,10 en Brasil".
Y precisamente más allá de si corresponde o no el término “tarifazo” a los incrementos que dispuso en combustibles y tarifas el Poder Ejecutivo hace pocos días, en los hechos seguimos pagando la decisión inaudita de gastar alegremente casi mil millones de dólares de más en el caso de Ancap, como así también los costos de la aventura de Pluna-Alas U y de ALUR, entre otros desaguisados, porque los incrementos --por más que se busquen una y mil excusas-- tienen solo fines recaudatorios y poco y nada que ver con los costos reales de los servicios.
Es que varias empresas públicas no tienen balances separados para sus actividades monopólicas (refinación, por ejemplo, en el caso de Ancap) y aquellas que realiza en competencia con el sector privado (en cementos, por ejemplo). Esto impide realizar un análisis del costo de refinar, y de paso impide saber –bueno, en realidad ya todos lo sabemos-- si la empresa utiliza sus ingresos monopólicos para subsidiar su actividad competitiva.
En el caso del ente de los combustibles, es evidente el arrastre negativo de la actividad cementera, con inversiones que serían inadmisibles en una empresa privada, que ya habría cerrado hace rato sus puertas, con incongruencias como la compra de un tercer horno para la planta de Nuevo Paysandú, al que se lo ha dejado tirado porque incluso hay dudas sobre si encaja en el proceso, si es rentable y sobre si al final se terminará gastando más dinero para seguir perdiendo aún más.
Los números en rojo en las cuentas del Estado se enjugan a costo del bolsillo de todos los uruguayos.
Por si alguien podía tener alguna duda, por más que se le adorne con mil y un argumentos y eslóganes para atrapar incautos, el déficit fiscal por gastar de más no es gratis, y lo pagamos los ciudadanos con más impuestos, con sobrecostos en combustibles y tarifas, con inflación, porque por más que se hagan esquives y “bicicletas”, siempre llega la hora de tener que pagar la fiesta.